Un escándalo desata conmoción en la Armada Argentina, luego de que el titular de la fuerza, el Almirante Juan Carlos Romay, dispusiera el pase a disponibilidad y el relevo inmediato de 13 efectivos. La severa decisión disciplinaria es la primera tras la presentación de una denuncia penal por un fraude en la liquidación de haberes por $938.574.300,25 netos (cerca de $600.000.000 de pesos chilenos), que además alcanza a un alto funcionario de la institución y a su esposa.
La causa fue presentada por el jefe de Administración Financiera, Capitán de Navío Carlos Alberto Castro Maggio, ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González.
El desvío, ejecutado de forma sostenida entre julio de 2022 y enero de 2026 mediante cambios manuales en los lotes de transferencia del Sistema de Haberes, compromete en una primera fase a 23 personas.
El eje de la maniobra recayó en cuatro civiles, encabezados por María del Carmen Prieto, esposa del entonces Jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío Ariel Atanasoff. En el ámbito administrativo, el propio oficial admitió haber realizado las operaciones por cuenta propia con el único objetivo de favorecer económicamente a su entorno cercano.
La depuración contable deja al descubierto una profunda contradicción dentro del Edificio Libertad. El estallido del caso judicial se superpone temporalmente con la difusión de datos que exhiben que la morosidad crediticia asfixia el día a día de uno de cada tres militares argentinos.
Al mismo tiempo, el Palacio de Hacienda envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé una inversión naval sin precedentes de USD 3.500 millones mediante operaciones de crédito internacional, junto al reciente refuerzo de $217.954 millones dispuesto por la Casa Rosada para reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia.
La mecánica del fraude en la Armada Argentina y la paradoja del auditor
El andamiaje ilícito se montaba en el subsuelo financiero de la fuerza naval, explotando los márgenes de opacidad de la liquidación mensual de más de 24.000 sueldos.
De acuerdo con la auditoría de una comisión interdisciplinaria, el esquema consistía en alterar de forma manual y deliberada los archivos digitales de pago una vez finalizados los controles de rutina y antes de su remisión definitiva al Banco de la Nación Argentina (BNA).
Así, se agregaban suplementos inexistentes y asignaciones por duplicado. Tras la generación de los lotes bancarios, los registros se restauraban a sus valores originales en el sistema local para que los montos irregulares no quedaran expuestos en los recibos del portal Haberes-Web.
En conjunto, las pericias contables determinaron un perjuicio de $981.148.567,88 ($62.360.000.000 de pesos chilenos), canalizado mediante 645 depósitos irregulares a 23 personas, entre julio de 2022 y enero de 2026. Casi la mitad del total (44%) terminó en manos de cuatro civiles ajenos a la Armada, entre ellos la esposa del jefe del área informática y contable, señalado como el ideólogo de la trama.
La denuncia precisa que “entre las personas beneficiarias se identificó personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada Argentina”. Estos cuatro beneficiarios sin vínculo son María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Ante el Oficial Investigante del Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares (REAAM), Atanasoff aceptó la autoría plena de la operatoria. En sede administrativa manifestó que él definía las operaciones, los destinatarios y los montos.
Al profundizar el interrogatorio sobre el desarrollo operativo, el oficial indicó que las ejecutaba personalmente y que nadie colaboraba con él en la toma de decisiones. Consultado por las razones del desvío de fondos públicos hacia su círculo cercano, reconoció que actuó con el único propósito de “favorecer económicamente a dichas personas”.
El expediente penal también expone una inconsistencia institucional en el arranque de los controles internos. Cuando en febrero de 2026 aparecieron las primeras irregularidades salariales en cinco agentes del Departamento Revista, las autoridades interpretaron que se trataba de un error involuntario de liquidación y los involucrados restituyeron el dinero.
Al no hallarse señales que vincularan al Jefe del Departamento con las anomalías, la Dirección de Administración Financiera instruyó al propio Capitán Atanasoff para que evaluara e implementara nuevos controles independientes destinados a impedir la reiteración de las estafas.
Así, el principal sospechoso quedó a cargo de auditar su propio esquema entre marzo y agosto de 2026, hasta que pericias informáticas más exhaustivas revelaron su vínculo matrimonial con María del Carmen Prieto y se dispuso su apartamiento preventivo.
El multimillonario desvío de fondos en la Armada Argentina
El capítulo más grave es el de María del Carmen Prieto. No solo figura como la mayor beneficiaria individual —percibió más de 152 millones de pesos en 46 transferencias (cerca de 100.000.000 millones de pesos chilenos)—, sino que se acreditó su vínculo matrimonial con el presunto jefe de la operatoria, el Capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, lo que evidencia una connivencia familiar que desarma cualquier alegato de desconocimiento.
Respecto de los otros civiles señalados (Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia), su situación procesal también aparece severamente comprometida. Al no pertenecer a la Armada y carecer de respaldo legal para recibir esos fondos, la justicia podría imputarles figuras como Encubrimiento o participación necesaria.
Aunque la denuncia evita fijar de manera definitiva una calificación penal —dejándola a criterio del fiscal y del juez—, los hechos relatados y la admisión de haber modificado manualmente registros públicos para desviar dinero del Estado hacia su cónyuge y terceros ajenos a la institución encuadran en delitos de peculado y defraudación contra la administración pública.
La pesquisa interna también destapó un circuito de derivaciones y retornos dentro del ámbito contable de la fuerza. El escrito firmado por Castro Maggio identifica al Capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro, a quien se le acreditaron haberes en el país en forma simultánea con los que cobraba legítimamente durante una misión en el exterior.
Dado que el software de la Armada excluye automáticamente del pago local a quienes están destinados fuera del país, para concretar la maniobra fue necesaria la carga manual forzada de sus registros. Además, el peritaje halló depósitos irregulares a favor de la Agente Civil Luana Magalí Piedigrossi, esposa del Capitán Castro, en períodos en que se encontraba con licencia sin goce de haberes.
Tras detectarse la operatoria, en febrero de este año se activaron medidas de contingencia. Desde entonces, varios oficiales alcanzados por la investigación comenzaron a reintegrar fondos por un total de $42.574.267,63 (casi $27.000.000 millones de pesos chilenos).
No obstante, esas devoluciones apenas mitigaron el agujero financiero: el faltante neto que aún soporta el Estado asciende a $938.574.300,25 (600.000.000 de pesos chilenos), un monto millonario cuya trazabilidad final deberá establecer la justicia federal.
La Jefatura de Administración Financiera dejó expresamente señalado en el petitorio judicial que estos pagos de último momento, concretados en su tanda más reciente el viernes 11 de septiembre por los Capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni, bajo ningún concepto modifican el monto histórico del desfalco ni extinguen la responsabilidad penal por el hecho.
La onda expansiva de la causa tomó por sorpresa a la cúpula de la fuerza a miles de kilómetros de Buenos Aires. El Almirante Juan Carlos Romay se enteró del ingreso de la denuncia en los tribunales de Comodoro Py mientras realizaba una visita oficial en Asunción, en el marco del Día de la Armada Paraguaya.
En ese acto protocolar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, le otorgó la Medalla al Mérito Naval “Teniente Primero de Marina José María Fariña”, en grado de Gran Cruz, máxima distinción de la Orden del Mérito Naval de ese país. Desde allí, el jefe naval convalidó las primeras medidas disciplinarias para apartar a trece efectivos de sus funciones.
La asfixia por morosidad en uniforme frente al desvío de haberes en la Armada Argentina
La divulgación de los montos defraudados generó profundo malestar en las bases por el fuerte contraste con la realidad salarial del personal. Según las escalas vigentes a agosto de 2026 para el personal militar, el sueldo del escalón máximo de conducción —Almirante— asciende a $3.371.170 (unos $2.140.000 millones de pesos chilenos).
En tanto, la retribución de un Capitán de Navío, rango que tenía Atanasoff al momento de los hechos, es de $2.399.189 ($1.520.000 pesos chilenos), mientras que grados operativos esenciales como Cabo Primero o Marinero de Primera perciben $938.836 y $791.491 respectivamente ($596.700 – $500.000 de pesos chilenos).
El atraso de los sueldos frente al costo de la canasta básica se traduce en indicadores financieros críticos dentro de las fuerzas del Ministerio de Defensa. Un estudio reciente basado en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró que la morosidad crediticia irregular impacta directamente a uno de cada tres miembros del Ejército Argentino (29,3%).
Para la Armada Argentina, el informe determinó que un marino promedio sostiene una deuda mediana en mora de $1.625.000, y que más del 80% del personal padece problemas financieros catalogados como de alto riesgo o incluso “irrecuperable” por saldos impagos en tarjetas, billeteras virtuales y préstamos del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Al cruzar los datos financieros con el expediente de Comodoro Py, la comparación dimensiona el alcance del desvío familiar. Los más de 152 millones de pesos que el Jefe de Revista transfirió a la cuenta de su esposa equivalen, en términos brutos, a más de 45 sueldos mensuales de un Almirante.
Visto desde la base, ese desvío de dinero público hacia una sola civil habría bastado, en la práctica, para cubrir la deuda mediana total de más de 93 marinos hoy en situación de quebranto financiero.
Presupuesto 2027 y la expectativa del rearme
El caso contable golpea el relato oficial en un momento de alta exposición geopolítica para Defensa. Este martes, el Poder Ejecutivo ingresó formalmente en Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. En el texto, la Casa Rosada contempló una partida total de $9.533.386.123.600 ($6.059.176.165.475 de pesos chilenos) para los Servicios de Defensa y Seguridad, asignando de forma específica un crédito de $1.305.942 millones ($829.000 millones de pesos chilenos) para el funcionamiento y haberes de la Armada Argentina.
El corazón del proyecto está en el Artículo 42, que autoriza explícitamente al Ministerio de Economía a celebrar operaciones de crédito público y tomar endeudamiento internacional plurianual por hasta 3.500 millones de dólares para la mayor inversión de reequipamiento naval en décadas.
El programa prevé hasta 2.300 millones de dólares para adquirir tres submarinos convencionales con asiento en la Base Naval Mar del Plata, y hasta 1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión basadas en la Base Naval Puerto Belgrano. La norma también permite prorrogar jurisdicción a favor de tribunales judiciales y arbitrales extranjeros para el 18% de las emisiones.
Este ambicioso plan de equipamiento es el correlato económico del giro discursivo que el presidente Javier Milei marcó en la cadena nacional del 3 de septiembre, al relanzar la doctrina soberana sobre el Atlántico Sur ante el avance del proyecto petrolero británico en las Islas Malvinas. En línea con ese anuncio, el Poder Ejecutivo firmó el DNU 867/2026, que inyecta un refuerzo de emergencia de $217.954 millones (unos $138.000 millones de pesos chilenos) para las fuerzas armadas.
Además, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno viajaron a Tierra del Fuego para sellar una alianza con el gobernador Gustavo Melella y confirmar la reasignación de USD 142 millones de ese DNU para retomar las obras civiles de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un polo logístico de largo plazo con un costo final estimado entre USD 400 y USD 500 millones.
En ese contexto, la separación de los trece efectivos dispuesta por el Almirante Romay es apenas el primer paso: la denuncia del Capitán Castro Maggio detalla con precisión que las transferencias irregulares favorecieron a 23 personas, por lo que restan 10 implicados bajo investigación judicial.
