La Ley Ricarte Soto está bajo una presión creciente debido al alza de personas que necesitan terapias de alto precio, mientras se debate el Presupuesto de Salud 2027.
¿En qué consiste esta ley? Promulgada en 2015, fija un sistema de resguardo financiero para que quienes padecen ciertas patologías de alto costo accedan sin copago a medicamentos, dispositivos médicos o alimentos incorporados a la cobertura. Hoy considera 27 condiciones de salud.
La ministra de Salud, May Chomali, señaló que el financiamiento de la Ley Ricarte Soto ha quedado por debajo de lo previsto en los últimos años.
No obstante, una de las principales críticas es que desde 2021 no se han agregado nuevas patologías a la ley, aunque sí se han extendido tratamientos para enfermedades ya contempladas.
La ausencia de cobertura también ha llevado a pacientes a acudir a los tribunales para acceder a terapias de alto costo; mediante la judicialización se pide que el Estado financie tratamientos fuera de las coberturas vigentes.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), criticó este escenario y advirtió sobre las consecuencias para quienes requieren terapias que hoy no están incluidas.
Agregó que la fórmula de financiamiento habría perdido sustento, por lo que el Gobierno debe proponer una alternativa para que el acceso a tratamientos no dependa de la capacidad de pago.
Un ejemplo de esta situación fue difundido por La Tercera. Mateo, un niño de ocho años con enfermedad de Alexander, requiere un fármaco cuyo precio en Estados Unidos bordea los 285 mil dólares por dosis.
Su familia estima que necesitará alrededor de un millón de dólares para costearlo. El medicamento no está inscrito en el ISP y carece de cobertura pública.
Consultada por el presupuesto de la cartera, la ministra Chomalí evitó referirse a posibles recortes, dado que la propuesta para 2027 aún no se presenta. Afirmó que las conversaciones con Hacienda siguen abiertas y que esperan buenas noticias.
