El 9 de septiembre, el Gobierno presentó el proyecto de ley de reforma al mercado de capitales (MK4) y financiamiento de la casa propia, una iniciativa que busca ampliar las vías de financiamiento para la vivienda, las empresas y nuevos desarrollos, además de modernizar regulaciones del sistema financiero.
La propuesta del Ejecutivo incluye medidas que van desde nuevas fórmulas para reunir el pie de la primera vivienda hasta estímulos para que empresas más pequeñas ingresen al mercado de capitales.
En líneas generales, la reforma pretende actuar sobre distintas fases del circuito de financiamiento: desde el ahorro para adquirir una primera vivienda, pasando por la disponibilidad de crédito hipotecario, hasta las opciones para que empresas y proyectos consigan levantar recursos. La sigla “MK4” refleja que sería la cuarta gran reforma al mercado de capitales impulsada en Chile.
Vivienda: fondo por hasta US$2.000 millones y un nuevo esquema de ahorro
Uno de los focos centrales del proyecto es el mercado de hipotecas.
La iniciativa plantea la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), administrado por BancoEstado, al que el Estado podría inyectar hasta US$2.000 millones, con un desembolso inicial de US$500 millones.
Este fondo compraría créditos hipotecarios a través de mecanismos competitivos, con prioridad para primeras viviendas y propiedades de hasta 6.000 UF. Con ello se busca aportar liquidez al segmento hipotecario y propiciar mejores condiciones de financiamiento.
Las entidades que originen los préstamos, no obstante, deberán absorber primero una fracción de las pérdidas potenciales asociadas a esos créditos, manteniendo parte del riesgo en quienes otorgan las hipotecas.
La reforma también introduce el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), una cuenta destinada exclusivamente a acumular el pie de una primera vivienda, ya sea nueva o usada, de hasta 6.000 UF.
El esquema exigiría ahorrar durante al menos 30 meses y reunir el 7% del valor de la propiedad; el Estado aportaría un 3% adicional, completando así el pie necesario para el crédito hipotecario.
A esto se suma un cambio al Ahorro Previsional Voluntario (APV): el proyecto eleva de 6 a 8 UTM anuales el tope de la bonificación fiscal del Régimen A, umbral que no se actualiza desde 2008.
Más alternativas para que las empresas obtengan recursos
El segundo gran pilar apunta a abrir más canales de acceso al capital para compañías de distintos tamaños.
Entre las medidas, se propone ajustar las reglas de los bonos empresariales del artículo 104, eliminando la retención de 4% sobre sus intereses. De acuerdo con una minuta del Gobierno, la meta es facilitar nuevas colocaciones y ampliar el financiamiento vía deuda.
El proyecto también pretende simplificar la llegada de firmas de menor tamaño al mercado.
Para ello modifica el beneficio tributario vinculado a la enajenación de ciertas acciones: en vez de exigir un alto nivel de transacciones bursátiles, se requerirá que al menos el 15% de la propiedad esté en manos de inversionistas no relacionados con el controlador.
Otra disposición permitirá traspasar inversiones entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin generar inmediatamente el impuesto correspondiente, siempre que los recursos se mantengan reinvertidos.
Asimismo, se crea un segmento Junior de la Bolsa, enfocado en empresas innovadoras y en crecimiento, además de proyectos de exploración minera. Operaría con exigencias proporcionales al grado de desarrollo de las compañías y con el apoyo de un agente patrocinador.
Para fomentar la inversión en este segmento, se considera, entre otros incentivos, un crédito tributario equivalente al 35% de lo invertido, con un tope de 50 UTA.
Menos trámites y mayor digitalización
El denominado MK4 también considera una actualización de procedimientos en el mercado de capitales.
Entre las propuestas, se plantea ajustar el sistema de registro automático de valores para permitir, cuando aplique, la inscripción de acciones, cuotas de fondos y otros instrumentos en un día hábil.
Además, se crea un registro especial para los llamados “mini-bonos”, orientado a emisiones de empresas medianas y con información centrada en los elementos esenciales para evaluar riesgo y retorno.
El proyecto incorpora la digitalización de trámites vinculados a acciones e hipotecas. Se sustituirían procesos físicos por registros electrónicos para acreditar y transferir acciones, y se habilitaría el endoso electrónico de mutuos hipotecarios.
En materia de fondos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) obtendría nuevas facultades para ajustar ciertas exigencias regulatorias de acuerdo con el riesgo efectivo de administradoras y fondos.
La iniciativa también modifica la llamada Ley de Fraudes, conservando aspectos como la carga de la prueba en el emisor y la restitución previa a la discusión, a la vez que simplifica trámites y fortalece los deberes de seguridad de los participantes de la cadena de pagos.
La apuesta por posicionar a Chile como centro financiero regional
Un cuarto componente busca facilitar la llegada de capital externo y desarrollar desde Chile servicios financieros para clientes internacionales.
El proyecto dispone que ciertos servicios de gestión, asesoría y consultoría financiera, así como de administración patrimonial prestados desde Chile a clientes extranjeros, puedan acogerse a la exención de IVA, incluso si los recursos administrados permanecen en el país.
Asimismo, se elimina, bajo condiciones específicas, la exigencia de obtener RUT para inversionistas no residentes que participen únicamente en determinados instrumentos financieros.
De forma paralela, se amplía una exención del Impuesto de Timbres y Estampillas para ciertos créditos obtenidos por bancos e instituciones financieras en el exterior y destinados al mercado chileno.
La reforma también incorpora cambios en el tratamiento del requerimiento adicional de capital para bancos de importancia sistémica y habilita operaciones REPO de liquidez transitoria para fondos de pensiones, bajo condiciones prudenciales y con restricciones determinadas.
