Junaeb presentó una serie de iniciativas para actualizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y aumentar la fiscalización sobre las empresas proveedoras, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos y pagos por servicios que no se habrían entregado.
Dentro de las modificaciones principales para la licitación 2026 se incorpora un nuevo esquema de sanciones, diseñado para acelerar el cobro por incumplimientos y conseguir que las empresas corrijan sus deficiencias y cumplan cabalmente sus contratos.
La decisión surge luego de que el director de Junaeb, Fernando Peña, reconociera fallos en este ámbito, incluyendo incumplimientos que no han sido notificados desde 2015. “Tenemos como institución el deber de mejorar y resarcir la relación entre la industria y la institución”, enfatizó.
Medidas del plan de fiscalización
El plan contempla además restituir las bandas de precios mínimos y máximos y devolver a los equipos técnicos de Junaeb la elaboración de las bases de licitación. Esto último toma relevancia porque las bases del proceso cuestionado fueron encargadas en 2019 a una consultora externa mediante un trato directo por $120 millones.
En materia de fiscalización, se implementará el sistema PAE Online para contrastar las raciones entregadas con la matrícula de cada establecimiento.
Los cambios se anuncian mientras el Ministerio Público investiga antecedentes relacionados con la licitación del PAE 2021-2023. Según expuso Peña, durante ese período se pagaron $14.363 millones por productos que no habrían sido servidos a estudiantes, situación detectada tras una auditoría interna de Junaeb y que fue denunciada ante Fiscalía en mayo.
El presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Ricardo Neumann, sostuvo que desde el Congreso se realizará un trabajo legislativo complementario para reforzar los mecanismos de control y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La comisión continuará indagando el funcionamiento de los contratos del Programa de Alimentación Escolar y solicitó revisar si las irregularidades detectadas en O’Higgins pudieron repetirse en otras regiones, además de eventuales sobreprecios y la participación en nuevas licitaciones de empresas que mantienen multas por incumplimientos.
