El Gobierno argentino informó este viernes sobre un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros tramitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público de 800.000 dólares, y que empezará a aceptar solicitudes en el cuarto trimestre de 2026.
El plan fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week celebrada en París; según el Gobierno, forma parte de un proceso de “apertura e integración internacional que impulsa la Argentina” y viene acompañado de reformas para mejorar el clima de inversión y atraer capitales.
El proyecto plantea dos opciones para el solicitante principal: aportar de forma directa y no reembolsable 350.000 dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público de 800.000 dólares diseñado específicamente para este programa.
El esquema incluye también al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos solteros, sin hijos y con edades entre 18 y 25 años podrán acceder a la ciudadanía mediante un aporte de 100.000 dólares, mientras que para los menores de 18 años se fija un aporte de 25.000 dólares.
Un comunicado del Ministerio de Economía indicó que las solicitudes serán sometidas a “un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”.
PROGRAMA CIUDADANÍA POR INVERSIÓN
Junto a @diegosantilli anunciamos la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía… pic.twitter.com/n7qU7p4FPE
— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 2, 2026
El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y la licitud del origen de los fondos, así como análisis patrimoniales y financieros, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales y del historial migratorio.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. La agencia remitirá su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la facultad de aprobar o rechazar cada solicitud.
El Gobierno puntualizó que los recursos deberán canalizarse por el sistema financiero formal y respetar los estándares de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de transparencia financiera, en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Según el Ejecutivo, los fondos recaudados se destinarán a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”.
