La salida de Luis Maldonado del Conservador de Santiago se ha visto envuelta en un conflicto relacionado con la traspaso del puesto. El exconservador sostiene que comunicó su fin de funciones y solicitó la entrega formal, mientras que su reemplazo, Carlos Miranda, asegura no haber recibido los antecedentes y baraja la posibilidad de iniciar una auditoría interna.
Cabe recordar que desde hoy entra en vigencia una de las modificaciones centrales de la reforma al sistema notarial y registral: el cese de funciones de notarios, conservadores y archiveros que hayan cumplido 75 años.
La norma pone fin a cargos que hasta ahora podían mantenerse por largos periodos y obliga a iniciar un proceso de recambio en un sistema que ya acumulaba más de un centenar de vacantes sin cubrir.
En total, 35 titulares deben dejar sus puestos este mes por el nuevo tope de edad. Entre ellos figura Maldonado, quien estuvo 29 años al frente del Conservador de los registros de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago, y cuya salida ha sido objeto de disputas judiciales y cuestionamientos sobre la forma en que se ha ejecutado la transición.
Maldonado afirma haber notificado su cese
El exconservador publicó este viernes una declaración pública en la que sostiene que hasta ahora había preferido el silencio por el interés de la institución, pero que decidió pronunciarse para corregir lo que califica como “mentiras e imprecisiones” sobre su caso.
Maldonado comienza despejando una de las versiones que circulaban sobre su entorno familiar: aclara que su exesposa jamás fue funcionaria del Conservador, que no era empleada ni podía serlo y que falleció el 17 de septiembre pasado.
También se refiere de forma directa al traspaso de los oficios. Indica que ayer remitió por correo electrónico un informe a la fiscal judicial notificando su cese en el cargo de conservador de los registros de Propiedad, Comercio y Aguas, y que pidió que se designe al funcionario correspondiente para efectuar la entrega formal, conforme a lo dispuesto por el Código Orgánico de Tribunales.
Pese a que Maldonado asegura haber notificado su cese y solicitado la designación del funcionario pertinente, la persona que asumió la administración del Conservador de Santiago asegura que la entrega formal no se materializó.
Carlos Miranda, actual conservador de Santiago, explica que hoy la oficina opera como una unidad única y que quedó responsable de los tres registros. No obstante, afirma que no recibió por parte de Maldonado la documentación correspondiente a la entrega del cargo, por lo que considera la posibilidad de efectuar una auditoría interna para levantar el estado de los registros y los documentos.
“No se me hizo entrega, por parte del señor Maldonado, ni formal ni informalmente, de su cargo, como establece la ley. Eso me obliga a tomar algunas medidas, entre otras, quizás una auditoría interna para los efectos de poder hacer los levantamientos de registros, documentos y otros que debió habérseme hecho entrega en conformidad a lo que establece la ley”, señaló.
Miranda añadió que durante la jornada se reunió con los sindicatos y con los fiscales judiciales que fueron hasta el Conservador a recabar antecedentes sobre el personal y el funcionamiento de los registros. Y aunque admitió que el cambio provoca inquietud entre los trabajadores, sostuvo que el servicio estuvo operativo con normalidad.
El nuevo tope de edad en el sistema notarial
La nueva administración también pretende imprimir un sello distinto, alineado con las metas de la reforma notarial: modernización, mayores estándares de atención y una orientación hacia la función pública.
La situación observada en Santiago forma parte de una transformación que abarca a todo el sistema. Desde hoy se aplica el límite de edad para quienes han cumplido 75 años, y el Gobierno defiende que hubo tiempo suficiente para preparar la transición.
La reforma se promulgó como ley en octubre del año pasado, entró en vigor seis meses después e incluyó un plazo adicional para que quienes ya habían cumplido 75 años dejaran sus cargos. El exministro de Justicia y actual académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, afirma que, por esa razón, no sería correcto decir que faltó una etapa de transición.
“Por eso, personas como el conservador de Santiago se han opuesto a la entrada en vigencia, no por los intereses públicos (…) sino por sus propios intereses, por la cantidad de cientos de millones de pesos que perciben mensualmente”, sostuvo.
Gajardo remarcó que notarios, conservadores y archiveros son ministros de fe pública y auxiliares de la Administración de Justicia, y defendió que tengan un tope de edad similar al de los jueces. En su opinión, la reforma además pretende cambiar el sistema de nombramientos, introduciendo concursos públicos para elegir a los nuevos titulares.
Más de 100 vacantes y cargos adicionales por cubrir
No obstante, surge uno de los principales retos prácticos: las vacantes. A las plazas que ya estaban sin provisión se suman ahora los 35 titulares que deben retirarse, aumentando la cantidad de puestos pendientes de cobertura.
El académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, advierte que este escenario podría poner presión sobre el Servicio Civil y obligar a recurrir a designaciones interinas mientras se llevan a cabo los concursos públicos.
“El problema es que ya había más de 100 vacantes pendientes y con la salida forzosa de 35 titulares más este octubre, se disparan a más de 130 vacantes, saturando al Servicio Civil y obligando a cubrir estos cargos con oficios de designación interina mientras se hacen los concursos públicos”, indicó.
Pimentel añade que, para algunos notarios y conservadores, dejar el puesto no solo implica perder ingresos, sino también abandonar una posición institucional forjada durante décadas, lo que ayuda a explicar la resistencia que ha generado la reforma y las acciones judiciales interpuestas para intentar frenar algunas salidas.
De ese modo, el cambio que comienza a regir hoy abre múltiples frentes a la vez: la salida efectiva de quienes superaron los 75 años, la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios, la designación de interinos y la realización de los concursos que deberán elegir a los nuevos titulares.
