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Chile
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Oxygen Forensic Detective, un software utilizado para espiar dispositivos electrónicos, desató un escándalo en Estados Unidos luego que se descubriera su verdadero origen: Rusia. Se trata de un programa que tanto la Fiscalía, como distintas unidades especializadas de Carabineros de Chile han estado utilizando desde hace varios años en nuestro país.
Hoy los principales ejecutivos de la herramienta que sirve para extraer, procesar y analizar información contenida en teléfonos, computadores y otros dispositivos electrónicos están siendo investigados por el Departamento de Justicia norteamericano, dejando hasta ahora un saldo de dos detenidos. Uno de ellos, un ciudadano ruso que fue capturado cuando se disponía a volar desde Londres a Estambul. Él es señalado como quien dirigía el desarrollo de la herramienta.
La investigación sostiene que entre ambos ocultaron a agencias gubernamentales estadounidenses que la firma era, en realidad, propiedad de ciudadanos rusos, estaba controlada por ellos y desarrollaba su software en Rusia.
En Chile, la huella del programa aparece en distintos registros públicos. Una búsqueda permite rastrear desde capacitaciones a funcionarios de la Fiscalía de Arica hasta adquisiciones realizadas por Carabineros para labores especializadas. Entre ellas figura una compra destinada a suministrar insumos a Alex “El Profesor” Schmidt, uno de los condenados por falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y obstrucción a la investigación calificada en el marco de la denominada Operación Huracán.
El impacto comercial de la investigación, de todos modos, ya llegó a Chile. La Unidad de Investigación de Bío Bío comprobó que las operaciones y plataformas de soporte de Oxygen no están funcionando con normalidad y que, en efecto, actualmente el distribuidor autorizado en nuestro país no está realizando nuevas ventas ni renovaciones de licencias ya instaladas.
El caso estalló a fines de septiembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Oxygen Forensics de ocultar que, pese a tener su sede oficial en Virginia, en realidad era propiedad de ciudadanos rusos y estaba operada desde ese país. Según recogió el medio POLITICO, la compañía desarrollaba un potente software forense capaz de extraer y analizar información desde teléfonos y computadores.
La investigación estadounidense sostiene que el desarrollo de la herramienta estaba a cargo de un equipo radicado en Rusia bajo la dirección de Oleg Sergeyevich Davydov. Pese a ello, la compañía se presentaba como liderada por Lee Reiber, un ciudadano estadounidense de 55 años. Mediante esa fórmula logró establecer vínculos con distintas agencias de seguridad de ese país.
La penetración de Oxygen Forensics, sin embargo, fue bastante más amplia. El citado medio de origen norteamericano reveló que la empresa participó en al menos dos proyectos financiados por la Unión Europea destinados a mejorar la recolección, procesamiento e intercambio de evidencia electrónica en investigaciones penales. Su tecnología también terminó incorporada a sistemas utilizados por policías de Alemania, España, Italia, Polonia y otros países (entre ellos Chile).
La investigación de POLITICO constató además que el software fue adquirido por organismos públicos de Hungría, Rumania y Letonia, y que incluso fue entregado a autoridades marroquíes mediante un programa financiado por la Unión Europea. Tras conocerse la investigación estadounidense, la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania anunció que dejaría de utilizar los productos de la compañía.
La acusación sostiene que, tras las sanciones impuestas a Rusia en 2022, los propietarios rusos de Oxygen ocultaron tanto su participación en la firma como el hecho de que el software continuaba siendo desarrollado en ese país. Los mismos cinco ciudadanos rusos detrás de Oxygen Forensics controlaban además MKO Systems, una empresa hermana que vendía la misma tecnología al Servicio Federal de Seguridad ruso (el FSB) y al Ministerio del Interior de ese país.
Como sea, la denuncia del Departamento de Justicia no sostiene que el software de Oxygen contuviera código malicioso ni que la empresa lo hubiera usado para acceder ilegalmente a los sistemas o datos de sus clientes. Aun así, se incautaron cuentas bancarias, 57 dominios y otra infraestructura digital que, según las autoridades, habría sido utilizada para facilitar los hechos investigados.
Hoy incluso el dominio de Oxygen Forensics figura incautado por la justicia estadounidense, por lo que al ingresar al sitio web se despliega una imagen dando cuenta de la situación.
La huella en Chile de este programa se comenzó a escribir hace varios años. La primera vez que el nombre resonó fue en medio de la investigación que inició el Ministerio Público por la implantación de pruebas en el marco de la Operación Huracán.
Según dio a conocer La Tercera, la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía adquirió en 2017 el Oxygen Forensic a cambio de $21 millones pagados en efectivo por el entonces mayor de Carabineros Patricio Marín.
En la oportunidad, la fiscal a cargo de la indagatoria María José Aguayo buscaba dilucidar en primer lugar la razón por la que el pago se realizó en efectivo y por qué la licencia del producto fue autorizada para el uso a discrecional del “Profesor Smith”, pese a que por esos días el ingeniero agrícola y forestal sólo prestaba servicios a honorarios a la institución policial verde oliva.
El detalle de adquisición del software por parte de Carabineros quedó posteriormente expuesta en una declaración recogida por el citado medio. En efecto, uno de los propietarios de la empresa Xmartlab, Gonzalo Iván Paredes Quezada, relató que en agosto de 2017 fue informado de una oportunidad de negocio: el entonces mayor Patricio Marín Lazo, quien se desempeñaba en labores de inteligencia en la zona sur del país, estaba interesado en comprar un programa espía.
De acuerdo con ese testimonio, el 29 de agosto de ese mismo año Marín contactó directamente a la empresa y solicitó una cotización por un Oxygen Forensics Rugged Kit, que incluía una tablet forense equipada con Oxygen Forensic Extractor y una licencia adicional de Oxygen Forensic Detective. La operación también contemplaba una capacitación para tres usuarios en el manejo de la herramienta, gestión de evidencia y su presentación ante tribunales.
La forma de pago fue uno de los aspectos que más llamó la atención del proveedor. El 1 de septiembre el entonces mayor llegó con dinero en efectivo para concretar la compra. Paredes, siempre de acuerdo con lo publicado por La Tercera, declaró que Marín extrajo desde una maleta “un sobre plástico sellado con el nombre del ‘Banco Central’”, que contenía $20 millones en billetes de $20 mil, y luego completó la diferencia con un fajo de billetes de $10 mil.
Ese mismo día, Xmartlab emitió la factura electrónica N°13 a nombre de “Carabineros de Chile”. El empresario aseguró que advirtió al uniformado que no era habitual que un cliente pagara una compra de ese tipo en efectivo. Según su versión, Marín respondió que trabajaba en una unidad de Inteligencia y que, precisamente por esa razón, “el procedimiento debía efectuarse de esa forma”.
Tres días después, el 4 de septiembre, Paredes escribió al mayor para consultar a nombre de quién debía emitirse la licencia y qué correo electrónico debía asociarse al producto. Según la declaración publicada por La Tercera PM, Marín respondió telefónicamente que la licencia debía quedar registrada a nombre de Carabineros de Chile y vinculada al correo alex.smith@mayor.cl.
Pero el uso de Oxygen Forensic Detective también llegó directamente al Ministerio Público. En 2023, la propia Fiscalía informó que cinco funcionarios de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota fueron certificados para operar este software forense en dispositivos móviles, con especial énfasis en investigaciones vinculadas al crimen organizado.
Según detalló entonces la institución, los funcionarios —pertenecientes a la Unidad de Gestión e Informática— participaron en una capacitación intensiva que los habilitó para actuar como peritos y realizar “extracción de datos, análisis y elaboración de informes periciales” a partir de teléfonos y otros dispositivos incautados durante investigaciones penales.
La Fiscalía explicó además que fue la propia sede regional la que gestionó la preparación de sus funcionarios en trabajos forenses utilizando Oxygen Forensic Detective. El objetivo, según sostuvo, era fortalecer su capacidad interna y evitar que determinadas diligencias tuvieran que ser derivadas a otras regiones del país.
El entonces fiscal regional Mario Carrera destacó públicamente que la certificación había sido otorgada por una “reconocida empresa internacional de software forense” y aseguró que permitiría contar con “mayor autonomía en nuestras investigaciones”, al disponer de funcionarios propios capaces de ejecutar ese tipo de peritajes.
La institución vinculó expresamente el uso de la herramienta con causas de alta complejidad y crimen organizado. En su publicación señaló que la certificación permitiría acelerar “el proceso investigativo pericial” en procedimientos donde fueran incautados dispositivos electrónicos susceptibles de ser examinados mediante el software.
Así, al menos desde 2023 existe constancia pública de que el Ministerio Público no solo utilizaba Oxygen Forensic Detective, sino que además había formado y certificado personal propio para operar la herramienta y producir evidencia destinada a investigaciones penales.
En Chile, uno de los principales nexos comerciales de Oxygen Forensics ha sido Digitoforense, empresa que figura como distribuidor autorizado de la marca y que presta servicios tanto a compañías privadas —entre ellas bancos y auditoras— como a distintas reparticiones del Estado. Su cartera también incluye contratos con instituciones de las Fuerzas Armadas, Gendarmería de Chile, la Fiscalía Nacional Económica y organismos dependientes del Poder Ejecutivo.
Consultado por Bío Bío Investiga respecto de cuánto conocían sobre la verdadera propiedad, control y lugar de desarrollo del software, el dueño de Digitoforense, Cristóbal Couyoumdjian, hizo una precisión relevante: aseguró que el vínculo ruso de la herramienta nunca fue un secreto dentro del rubro.
“Conocemos Oxygen desde aproximadamente el año 2010, incluso antes de la creación de Digitoforense, y siempre fue conocido en la industria como un producto originalmente de origen ruso”, sostuvo.
Según explicó, posteriormente la compañía estableció su operación comercial en Estados Unidos y, durante el período en que Digitoforense actuó como distribuidor, las cotizaciones, operaciones comerciales y pagos se realizaron a través de esa estructura.
Couyoumdjian distinguió, sin embargo, ese conocimiento general de los antecedentes que hoy forman parte de la investigación estadounidense. En esa línea, afirmó, Digitoforense no conocía “en los términos que actualmente han sido expuestos públicamente” los detalles relacionados con la propiedad, control y lugar efectivo de desarrollo que el Departamento de Justicia atribuye a las personas vinculadas con Oxygen.
Respecto de la información entregada a sus clientes chilenos, el empresario tecnológico señaló que éstos normalmente evaluaban el producto en función de sus capacidades técnicas, su uso internacional y las pruebas realizadas antes de incorporarlo a sus procesos.
“No recibimos consultas específicas de clientes respecto de la estructura societaria o del lugar donde se desarrollaba el software”, explicó.
Con todo, Couyoumdjian remarcó además que —hasta ahora— la causa estadounidense no cuestiona las capacidades técnicas de Oxygen Forensic Detective. En ese sentido, recordó que el propio Departamento de Justicia ha precisado que la denuncia no acusa que el programa contuviera código malicioso ni que hubiese sido utilizado para acceder sin autorización a sistemas o información de sus clientes.
A juicio del distribuidor, los antecedentes conocidos hasta ahora apuntan principalmente a la conducta y declaraciones de determinadas personas relacionadas con la compañía.
El impacto comercial de la investigación, de todos modos, ya llegó a Chile. Digitoforense informó que las operaciones y plataformas de soporte de Oxygen no están funcionando con normalidad y que, por ese motivo, actualmente no está realizando nuevas ventas ni renovaciones. Las licencias instaladas, agregó Couyoumdjian, continúan funcionando y la empresa está ofreciendo alternativas a sus clientes para asegurar la continuidad de sus operaciones en caso de que el servicio se vea afectado.
Sobre si Digitoforense seguirá representando a Oxygen en Chile, el empresario evitó adelantar una decisión. “Preferimos esperar mayores antecedentes y el resultado de la investigación antes de adoptar una decisión definitiva”, respondió.