La adhesión del Perú al Escudo de las Américas ha suscitado dudas sobre la claridad del proceso de decisión y los posibles efectos para el país, especialmente en lo relativo a la defensa de su soberanía y la relación con China, su mayor socio comercial.
El ingreso, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori, se presentó en primera instancia como parte de la lucha contra la criminalidad, pero el texto de la declaración conjunta de los países participantes revela un alcance más amplio, por lo que las críticas surgieron con rapidez tanto en Perú como en Chile.
En una columna publicada en BioBioChile por el exministro de Justicia Jaime Gajardo se cuestionó que muchos de esos puntos no se hubieran comunicado desde el inicio: «Eso no se informó al país y eso ya constituye un problema respecto de la transparencia democrática necesaria en asuntos tan sensibles».
Incluso, parlamentarios de la oposición acudieron a la Contraloría chilena argumentando que el mecanismo incorpora compromisos sobre soberanía, minerales críticos, inteligencia y seguridad que, a su juicio, debieron ser debatidos por el Congreso. “Es un tratado internacional encubierto”, afirmaron.
Si bien en Perú el asunto no alcanzó la misma resonancia que en Chile —en parte porque la oposición en el Congreso está centrada en debatir la entrega de facultades al Ejecutivo en materias como la seguridad interna— sí se han escuchado voces críticas en el ámbito político.
«Al principio hubo bastante oscurantismo. Debió primar la máxima transparencia. No se entendía de qué se trataba y solo se hablaba de estrategias militares; ahora conocemos que abarca otros temas», indicó Víctor Piñan, diputado del partido Obras, al diario La República.
En ese marco, BioBioChile entrevistó a tres especialistas peruanos en asuntos internacionales que plantean interrogantes sobre cómo se llevó a cabo la incorporación del Perú y, en particular, sobre lo que podría venir después.
«Debe someterse a control político»
Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), criticó sin rodeos el procedimiento de adhesión peruana. «Aunque el Escudo de las Américas no constituya formalmente un tratado, considero que debe ser sometido a control político. En particular, tanto en Perú como en Chile debería revisarlo el Congreso», sostiene.
El debate es relevante porque, según la declaración conjunta, las competencias del mecanismo exceden la mera cooperación policial. «El Escudo de las Américas no es únicamente una coalición para enfrentar la delincuencia y la inmigración ilegal, como se ha dicho, sino también una alianza de carácter político», afirma Escobar.
Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico del Perú, también cuestionó la falta de discusión previa y la rapidez con que se tomó la decisión. «Se trata de que el canciller asumió funciones el 31 de julio y, en menos de 60 días, se firmó un acuerdo. Por eso considero que cabe preguntarse si esto debió pasar por algún filtro», señala.
Su observación apunta sobre todo a la ausencia de debate político en diversas instancias. «En las comisiones de Seguridad y en la de Defensa no hubo un debate previo. Pienso que esa discusión debería retomarse de algún modo, porque si no quedará la impresión de que no se discute nada y simplemente se acepta», advierte.
Añade que «lo que corresponde al Ejecutivo es mostrar cierta disposición a explicar, en favor de la transparencia, cómo se actuó y cuáles son los intereses en juego».
Susana Mosquera Monelos, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), ofrece una interpretación jurídica distinta. Señala que, al no configurarse como un tratado, la declaración preliminar no exigía obligatoriamente la aprobación del Congreso. No obstante, afirma que las obligaciones específicas que se deriven en adelante sí requieren ser analizadas.
«Es fundamental que desde este punto podamos conocer de manera cristalina y transparente el contenido de lo acordado y las obligaciones que se deriven», asegura.
Autonomía y probables injerencias
Una de las primeras preocupaciones señaladas por los expertos está relacionada con el espacio de maniobra que le quedaría al Perú frente a una potencia como Estados Unidos.
Ramiro Escobar pone como ejemplo la reciente revocación de visados estadounidenses a ciudadanos latinoamericanos, incluido un juez peruano vinculado a una sentencia que benefició a intereses chinos. En ese caso, sostiene que correspondía a las instituciones nacionales evaluar la situación.
«Hay oficinas de control de la magistratura y otros tribunales que pueden impugnar ese fallo, de hecho ya ha sido objetado. Pero de repente surge Estados Unidos y determina que esa persona es culpable. Eso acarrea un costo político. Claramente, en el caso peruano, se trata de una decisión con implicaciones geopolíticas», opina.
Al ser consultado sobre si este tipo de actuaciones afectan la autonomía peruana, Escobar responde de forma categórica: «Sí, por supuesto, es una intromisión, una injerencia. Me sorprende que el sistema político peruano, así como el boliviano, ecuatoriano y colombiano, no reaccione».
Según él, «la Cancillería y los congresos deberían responder con mayor institucionalidad frente a algo que evidentemente es una intromisión norteamericana en asuntos internos». «Estados Unidos ha actuado así a lo largo de su historia, pero ahora ha perdido la sutileza», agrega.
Juan Carlos Ladines no sostiene de forma directa que la soberanía se vea afectada, aunque sí advierte sobre una probable merma en la capacidad de decisión. «No creo que la soberanía per se… pero sí habrá un problema, digamos, de autonomía de decisión», afirma.
Al referirse a la protección de la soberanía, Susana Mosquera recordó que en su momento criticó el TLC con EEUU por la asimetría entre ambos países. «Un David y un Goliat nunca se vinculan de la misma forma (…) la equivalencia de fuerzas no existe plenamente entre una potencia económica y un país emergente como el Perú y, por ello, en esos asuntos hay que ser muy cauteloso», advierte.
Perú ante la tensión entre Estados Unidos y China
Otra repercusión está vinculada a la competencia entre Washington y Pekín, sobre todo teniendo en cuenta que China es el principal socio comercial del Perú.
Mosquera lanza una advertencia: «Sería un error elegir a uno de los dos cuando, en realidad, son actores con los que el Perú debe saber relacionarse. Esto exigirá una estrategia diplomática muy sofisticada», afirma. Asimismo, considera que «es claro que sufriremos una intensa presión política para inclinarnos y alinearnos de un lado u otro».
Escobar también estima factible que Pekín reaccione ante lo que interprete como un incremento de la influencia estadounidense.
«Eso podría llevar al gobierno chino —no sé si a adoptar ciertas medidas, pero sí a reaccionar en términos estratégicos y geopolíticos para neutralizar (…) aquello que seguramente percibirá como una mayor influencia de Estados Unidos en el Perú», dijo.
¿Cuál podría ser el alcance de la cooperación?
Por último, Escobar expresa dudas acerca de los posibles vínculos militares del mecanismo. Al preguntársele si una presencia de fuerzas estadounidenses en el Perú es factible, contestó: «Sí, claro, es una posibilidad real».
«En el contexto del Escudo de las Américas, que militares estadounidenses no solo se encuentren en un país, sino que actúen de forma directa (…) me parece complicado porque podría generar problemas de seguridad», añadió.
