“El suboficial Alex Vega Torres declaraba en repetidas ocasiones que poseía poder en el CDP Santiago Uno por su condición de dirigente sindical, llegando incluso a afirmar que en una oportunidad habría agredido a un imputado causándole la muerte y sin haber sufrido consecuencias, lo que se vincula con los hechos que se indagan”.
Así lo consigna parte de la declaración de B., un funcionario de Gendarmería, quien el 18 de marzo pasado compareció ante la Fiscalía Metropolitana Occidente, la unidad persecutora encargada del denominado Foco Penitenciario. Esa agrupación investigadora especializada ha dejado a más de un centenar de personas con medidas cautelares desde su creación en 2023.
El testimonio es central para que la unidad dirigida por el fiscal regional Marcos Pastén dispusiera la reapertura de una de las investigaciones más delicadas que afecta a Alex Vega Torres, exdirigente gremial conocido en la institución verde boldo como el Chancho Seis. Se le vincula con una paliza que acabó con la vida de un recluso del penal donde trabajaba como guardia y cuya indagatoria previa, a cargo de la Fiscalía Centro Norte cuando la dirigía Xavier Armendáriz, no arrojó resultados tras dos años de investigación.
La decisión se adoptó pese a que había indicios claros sobre la participación de terceros en el homicidio y a que Vega habría mentido en su declaración ante los investigadores.
Fallecimiento en el módulo 19
Los hechos se relatan así. A comienzos de 2018, Rodolfo Valentín Muñoz Morales estaba en prisión preventiva en Santiago Uno. Según documentos judiciales obtenidos por la Unidad de Investigación de Bío Bío, se trataba de un delincuente común con antecedentes por robos en inmuebles deshabitados. Su trayectoria delictual y su vida terminaron abruptamente en la madrugada del 18 de enero de ese año: falleció por hemorragias internas derivadas de un traumatismo encéfalo craneano, tras un altercado dentro del Módulo 19.
La familia, plasmada en una querella posterior, sostiene una tesis nítida: Muñoz fue víctima de una golpiza. La acción presentada por sus hijos resume la acusación de esta manera: “Fue, sin mediar provocación alguna, sometido a torturas al menos por dos funcionarios de Gendarmería, quienes lo golpearon en distintas partes de su cuerpo, especialmente en la cabeza, con puños y con objetos contundentes”.
La demanda agrega que los golpes fueron de tal severidad que le provocaron un TEC cerrado y otras lesiones que exigieron su traslado a la Posta Central, donde tras dos días de agonía falleció.
La muerte de Muñoz y la querella presentada dieron lugar a una investigación a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las principales fiscalías del Ministerio Público con competencia en la capital. Tras dos años de diligencias, ese organismo comunicó que no perseveraría en la causa.
En su resolución, el fiscal adjunto de Santiago, Marcelo Leiva, señaló que “habiendo realizado las diligencias para esclarecer los hechos investigados”, no se habían reunido antecedentes suficientes para fundamentar una acusación.
De ese modo, en una audiencia que duró apenas un minuto, entre las 10:28 y las 10:29 del 7 de enero de 2020, el tribunal confirmó la decisión del Ministerio Público. Esto ocurrió pese a que ya existían pruebas concretas sobre la participación de terceros en el hecho.
Los peritos
“Corresponde a una muerte de carácter violento”, dice parte del informe de la autopsia de Muñoz. Ese documento —que estaba en poder de la fiscalía cuando se informó la decisión de no perseverar— resulta ilustrativo: el recluso murió por una hemorragia subdural de origen traumático, es decir, por acumulación de sangre en el encéfalo causada por uno o más impactos. El peritaje señala que el agente causante fue “la acción de un elemento contundente, de superficie amplia y alargada”. Los golpes incluso deformaron la estructura ósea del cráneo. “Se trata de lesiones necesariamente mortales”, indica el examen forense.
En su versión ante el Ministerio Público, Vega negó los hechos y afirmó que Muñoz se había caído y golpeado la cabeza tras un forcejeo con él y otro imputado.
El inconveniente para esa versión es que la PDI ya había documentado la participación directa de Vega. Las conclusiones aparecen en un informe que describe la secuencia así:
“En horas de la tarde y luego de insistir al personal de Gendarmería su intención de cambiarse al Módulo 20, se generó una discusión y posterior riña al interior del pasillo de distribución entre ambos módulos, donde (…) Rodolfo Muñoz es abordado por el teniente Andrés Farías Pumero y el cabo segundo Alex Vega Torres, donde este último empuja a la víctima, cayendo al suelo y golpeando su cabeza contra el pavimento”.
El mismo informe da cuenta de que el interno permaneció inconsciente en el lugar por más de 15 segundos, momento en que fue puesto de pie por otros reos y gendarmes. Acto seguido fue trasladado inconsciente en brazos al hospital interno y luego derivado a la Posta Central.
Quienes conocen el caso comentan que, con base en esos antecedentes, la PDI incluso solicitó al Ministerio Público que gestionara órdenes de detención contra los implicados. Esa diligencia, empero, nunca llegó a realizarse.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, consultada sobre las razones por las que no profundizaron las pesquisas, explicó que la decisión fue autorizada por la Fiscalía Regional entonces presidida por Armendáriz y que la resolución fue ratificada en audiencia ante el Juzgado de Garantía correspondiente. “Hasta ese momento objetivamente no existía forma de sostener una acusación seria”, indicaron.
Registros borrados
Quienes siguieron de cerca la causa aseguran que la participación de Vega en la muerte de Muñoz quedó registrada por las cámaras de seguridad del penal. A partir de ese punto la historia vuelve a enmarañarse.
Esas mismas fuentes sostienen que las grabaciones de esa tarde fueron borradas por los involucrados. O al menos eso intentaron: un gendarme anónimo alcanzó a rescatar parte del material audiovisual, lo copió en un pendrive y se lo entregó a los familiares de Muñoz para que presentaran la querella.
Según uno de los interrogados, Vega se enteró de la filtración y gestionó el traslado del funcionario lejos de Santiago Uno como represalia.
“Sin haber enfrentado consecuencias”
Pasaron ocho años hasta que la investigación por la muerte de Muñoz volvió a cobrar impulso. Eso ocurrió después de que la Fiscalía Metropolitana Occidente, responsable ahora del Foco Penitenciario, reuniera nuevos antecedentes en el marco de la Operación Apocalipsis.
La reactivación se formalizó a partir de un escrito presentado por el fiscal Sergio Soto Yáñez, quien en abril de este año ingresó una solicitud ante el Séptimo Juzgado de Garantía para notificar la reapertura de la investigación.
En parte del escrito de Soto se señala que, si bien los informes médico-legales descartaron que el traumatismo cráneo encefálico fuera producto de una caída accidental, y determinaron en cambio que la muerte se produjo por un golpe con un objeto contundente de alta energía, en su momento el Ministerio Público resolvió no perseverar porque con los antecedentes disponibles no se había podido identificar al autor de esas lesiones, lo que impidió formalizar a cualquier persona por estos hechos.
Seguidamente el fiscal listó otras dos piezas que motivaron la reapertura. Primero, la declaración de B., funcionario de Gendarmería, quien afirmó que “el suboficial Alex Vega Torres manifestaba reiteradamente tener poder en CDP Santiago uno, debido a su calidad de dirigente sindical”. Según ese testigo, Vega incluso llegó a jactarse en una ocasión de que había “agredido a un imputado causándole la muerte, sin haber enfrentado consecuencias”.
En segundo lugar, Soto consignó la declaración de R., otro gendarme, quien el 8 de abril de 2026 declaró ante el Ministerio Público y aseguró que Vega participó “en un incidente con un interno del CDP Santiago 1, a quien golpeó con un objeto contundente en la cabeza y quien falleció posteriormente”.
La reapertura quedó formalizada el 14 de abril de este año, cuando el tribunal dejó sin efecto la decisión de no perseverar. Tres días después, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se incorporó a la investigación presentando una querella contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de homicidio.
El proceso se encuentra actualmente en tramitación y con diligencias en curso.
El apodo “Chancho Seis”
Dentro de Gendarmería se le conocía como el Chancho Seis y llegó a acumular una notable influencia en la institución. Esa capacidad de alcance estaba vinculada, entre otras cosas, a su liderazgo en la ANFUP, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile, gremio hoy disuelto que agrupaba a trabajadores y exempleados, y que llegó a tener alrededor de 7.500 afiliados. En su papel de dirigente participó en negociaciones con el Ejecutivo y se reunió con altos mandos del Gobierno.
“Tenía mucha labia y así conseguía cosas, siempre se jactaba del poder que tenía y se sentía intocable”, comenta un funcionario que lo conoció de cerca, añadiendo que Vega cobraba favores a colegas para facilitar traslados.
“Si alguien necesitaba irse a otra ciudad, debía obtener la bendición de Vega”, señala otro efectivo que coincidió con él en distintas ocasiones.
Según fuentes consultadas por este medio, la ANFUP también habría sido utilizada como herramienta de presión para dilatar sumarios o desviar investigaciones hacia funcionarios no afiliados. Información difundida por Bío Bío indica que Vega acumulaba al menos 11 procesos disciplinarios a lo largo de su carrera. Uno de los episodios más sonados ocurrió en agosto de 2022, cuando fue detectado junto a otros 10 funcionarios en un asado no autorizado en dependencias anexas a Santiago 1, donde se registró consumo de alcohol y se hallaron restos de ketamina en envoltorios.
Vega denunció irregularidades en el sumario administrativo que se abrió en su contra e incluso inició una huelga de hambre. El proceso propuso la destitución de los implicados, aunque la Contraloría objetó posteriormente esa sanción por estimarla desajustada al mérito del expediente.
El imputado también tiene una condena de 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II; en esa causa fue condenado a 541 días de prisión y a la suspensión de cargos u oficios públicos por igual período, pena que posteriormente fue reemplazada por un régimen alternativo.
Álex Vega será formalizado este lunes por delitos vinculados a corrupción. ¿Por qué lo apodaban Chancho Seis? Porque “servía en todos lados”, dice un gendarme que lo trató en múltiples ocasiones.
