El homicidio del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrido mientras intervenía en un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, reavivó el debate político sobre las obligaciones de las autoridades frente a los ataques contra miembros de las fuerzas policiales.
En ese escenario, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, pidió que no se politice la muerte del funcionario y sostuvo no recordar que anteriormente se hubiese exigido la salida de una autoridad por la muerte de un carabinero.
«No hay que politizar la muerte de un funcionario policial. No recuerdo que antes alguien pidiera la cabeza de una autoridad por la muerte de un carabinero», afirmó Squella en diálogo con Radio ADN. No obstante, tanto autoridades como usuarios de X (antes Twitter) le recordaron que desde su colectividad sí se habían realizado esas exigencias.
El parlamentario señaló que el deceso de Urrea debe servir para abrir un debate sobre las herramientas estatales para enfrentar la delincuencia, al tiempo que se distanció de quienes buscan atribuir responsabilidades políticas por estos hechos.
Registros de declaraciones y solicitudes efectuadas por dirigentes del propio Partido Republicano durante la administración de Gabriel Boric muestran que efectivamente hubo llamados a la salida de autoridades en el contexto de ataques y asesinatos de carabineros.
Antecedentes durante el gobierno de Boric
Uno de esos episodios tuvo lugar en noviembre de 2023, luego de que una carabinera resultara gravemente herida tras ser atacada con una granada en Pedro Aguirre Cerda.
En esa ocasión, el entonces diputado republicano José Carlos Meza exigió de manera directa la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentando que el hecho evidenciaba una crisis de seguridad.
“Le pedimos la renuncia de la ministra Carolina Tohá”, declaró Meza, mientras que el también diputado republicano Luis Fernando Sánchez afirmó que “sí o sí” debían irse las autoridades del Ministerio del Interior.
Meses después, en abril de 2024, tras el asesinato de tres carabineros en Cañete —Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna—, el entonces líder de Republicanos, José Antonio Kast, apuntó directamente al equipo de seguridad de Boric.
Kast afirmó que el presidente debía “destituir a su equipo de seguridad” y mencionó de manera explícita a Carolina Tohá, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara.
En síntesis, aunque esas demandas se expresaron señalando problemas de gestión y seguridad y no necesariamente para imputar a las autoridades la responsabilidad directa por las muertes, sí se produjeron en el marco de hechos que involucraron el asesinato o ataques graves contra funcionarios policiales.
Esa diferencia fue planteada ahora a Squella, quien luego respondió a través de X.
La reacción de Squella
El senador defendió que las solicitudes formuladas durante la administración anterior obedecían, según su versión, a cuestionamientos políticos y de gestión hacia las autoridades de entonces, y no a la intención de achacarles responsabilidad directa por las muertes de los funcionarios.
«Se pedía la destitución por la incompetencia de la ministra y su equipo. Se pedía la destitución, porque las autoridades de ese entonces, poco antes de asumir sus cargos, fomentaban el odio contra nuestras policías, los perseguían judicialmente por hacer su trabajo… y lo siguen haciendo», afirmó.
Agregó además que hoy los efectivos policiales contarían con un respaldo distinto por parte del Ejecutivo.
«Hoy los carabineros saben que cuentan con el máximo respaldo del gobierno y lo valoran profundamente», aseguró.
Para finalizar, Squella cuestionó a la oposición y garantizó que Republicanos seguirá impulsando iniciativas destinadas a ampliar las atribuciones de las policías. «Seguiremos avanzando en proteger a nuestras policías pese a que la izquierda que usted representa hace todo lo posible por restarle atribuciones y debilitar a la institución», concluyó.
