La Universidad de Cornell designó el martes a una exfuncionaria del Departamento de Justicia, Sally Yates, para revisar cómo la institución manejó la presunta violación grupal de una estudiante en 2024, un caso que ha generado consternación en todo el país.
La institución ha sido criticada por no haber aplicado sanciones más duras a los presuntos responsables de la agresión, hechos que se detallan en una demanda presentada el mes pasado.
Cornell informó que Yates, quien se desempeñó como vicefiscal general de Estados Unidos de 2015 a 2017 y dirigió brevemente el Departamento de Justicia, llevará a cabo una “revisión minuciosa” de la respuesta de la reconocida casa de estudios a las denuncias de violación.
La presunta víctima, identificada bajo el seudónimo Jane Doe, sostiene que fue “coaccionada (…) para esnifar” ketamina antes de ser atacada y violada por siete miembros masculinos de la fraternidad estudiantil Chi Phi.
Tras las denuncias iniciales en 2024, Cornell clausuró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados. Posteriormente, dos de ellos fueron expulsados.
No obstante, críticos han sostenido que la reacción de la universidad fue demasiado indulgente, lo que motivó a Cornell a encargar una revisión independiente.
“Es esencial que Cornell se someta a un escrutinio interno con el mismo rigor que demandamos a los demás”, afirmó Anne Meinig Smalling, presidenta del consejo de administración de la universidad, en un comunicado.
Cornell University said Tuesday it is bringing on a former Justice Department official to review its handling of sexual misconduct claims, including the alleged 2024 sexual assault of a former student at a fraternity house.
Former Deputy U.S. Attorney General Sally Yates will lead what the university is calling a "comprehensive independent review," the university said in its announcement. The review is separate from Letitia James’ criminal investigation as special prosecutor. https://t.co/AO2Rh1Soqp
— CBS News (@CBSNews) October 6, 2026
Añadió que buscan comprender no solo lo sucedido en 2024, sino también de qué manera Cornell puede transformarse en un modelo para la prevención de la violencia sexual, en el apoyo a quienes presentan denuncias y en ofrecer respuestas que sean rigurosas, justas y empáticas.
El lunes, miles de estudiantes y docentes se congregaron en Cornell para pedir justicia para la denunciante. Portaban carteles con lemas como “Que rindan cuentas” y “Protejan a las sobrevivientes”.
La investigación penal sobre la supuesta violación en grupo fue reabierta la semana pasada, luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal estatal principal, Letitia James, para dirigir el caso.
En 2024, las autoridades locales optaron por no presentar cargos al considerar que el testimonio de la denunciante no acreditaba la falta de consentimiento.
Según un estudio de 2020 realizado por la Asociación de Universidades Americanas en 33 instituciones, una de cada cuatro estudiantes universitarias de pregrado en Estados Unidos reportó haber sufrido contacto sexual forzado o contacto sexual sin su consentimiento.
