El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que van bastante más allá de la asignación de recursos por cartera. En sus 51 artículos, la iniciativa introduce normas que afectan de forma directa a las regiones, a funcionarios públicos y a los municipios, además de influir en el cronograma de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Entre los cambios más destacados, los gobiernos regionales verán reducida su participación en los ingresos por la venta de inmuebles fiscales, mientras que los cupos para pasar trabajadores desde honorarios a contrata se desploman de 6.500 a apenas 1.500.
No es lo único. El Ejecutivo plantea paralizar el traspaso de cinco SLEP durante 2027, aumentar en 44% el techo principal de endeudamiento y facultarse para descontar recursos a municipios que mantengan saldos SEP sin ejecutar. A esto se suman medidas destinadas a acelerar inversiones y a hacer más transparentes los sumarios por un uso indebido de licencias médicas.
Menor participación regional en ventas de inmuebles fiscales
Una de las disposiciones que probablemente generará mayor debate político se recoge en el artículo 13.
Hoy, cuando se comercializa un inmueble fiscal, el 65% de lo recaudado se asigna al gobierno regional correspondiente, un 10% va a Bienes Nacionales y el 25% restante queda en el Fisco.
La propuesta del Ejecutivo modifica de forma sustancial esa distribución: a partir de 2027, solo el 35% quedaría para los gobiernos regionales y el 65% iría directamente al Fisco. Bienes Nacionales, además, perdería el 10% que recibe actualmente.
En términos prácticos, las regiones dejarían de percibir 30 puntos porcentuales de estos ingresos. El efecto variará según las ventas fiscales realizadas en cada zona y será más notorio en territorios donde estas operaciones tienen mayor relevancia, como Antofagasta.
Reducción drástica de cupos para pasar de honorarios a contrata
La propuesta también impacta el empleo público. Aunque en 2026 se contemplaron 6.500 cupos para regularizar trabajadores desde honorarios mediante su traspaso a contrata, el Presupuesto 2027 recorta esa previsión a solo 1.500 personas.
Se trata de 5.000 cupos menos, una caída cercana al 77%, en un ajuste que busca controlar las dotaciones del Estado.
El texto mantiene, además, la regla de reposición de vacantes por retiro en una incorporación por cada tres salidas.
Paralización del traspaso de cinco SLEP
En materia de educación pública, el artículo 40 dispone la suspensión durante 2027 del traspaso de establecimientos a cinco Servicios Locales de Educación Pública: Litoral, Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco y Los Viñedos.
Eso significa que esos establecimientos permanecerán temporalmente bajo la administración actual en lugar de integrarse a los SLEP durante el año siguiente.
Por ejemplo, Litoral contará con $2.643 millones para financiar su puesta en marcha, pero no asumirá la gestión de los colegios en 2027, por lo que las comunas implicadas seguirán un año más bajo administración municipal.
La medida se cruza con la discusión de un proyecto de ley que propone postergar hasta 2030 el funcionamiento de 12 SLEP y que llegó a la Sala del Senado con un informe desfavorable de Hacienda.
Aumento de 44% en el techo de endeudamiento
Al mismo tiempo, el Gobierno amplía de forma notable el límite autorizado para contratar deuda.
El tope principal fijado para 2026 es de US$17.400 millones, mientras que para 2027 se sugiere elevarlo a US$25.000 millones. En ambos ejercicios existe además una autorización suplementaria de US$600 millones.
El incremento del techo principal representa aproximadamente un 44%.
Ese aumento contrasta con la señal de disciplina fiscal incluida en el mensaje presidencial: el Ejecutivo proyecta un déficit estructural de 1,8% del PIB para 2027, frente a la meta de 2,8% vigente este año.
No obstante, ese monto constituye una autorización máxima de endeudamiento y no implica necesariamente que se vaya a emplear en su totalidad.
Municipios podrían enfrentar descuentos por saldos SEP sin gastar
El Presupuesto también endurece las condiciones para los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que queden sin ejecutar.
Los sostenedores con convenios vencidos desde enero de 2026 deberán presentar, a más tardar el 30 de abril de 2027, un plan para utilizar esos fondos.
Si no lo hacen —o si luego incumplen ese plan— tendrán que devolver los recursos. En el caso de las municipalidades, el mecanismo puede impactar directamente sus ingresos: los montos podrán descontarse del Fondo Común Municipal o del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
La disposición abre así otro posible foco de tensión con los municipios que acumulen recursos SEP pendientes de ejecución.
Vía rápida para acelerar obras de inversión
Un conjunto de modificaciones apunta a agilizar la ejecución de inversiones públicas.
Los artículos 48 al 50 permiten que proyectos en marcha conserven su recomendación y contemplan una evaluación simplificada para determinadas inversiones rurales menores, concretamente en localidades de menos de 5.000 habitantes y para iniciativas inferiores a 30.000 UTM.
Sin embargo, uno de los cambios más relevantes afecta el inicio de las obras: proyectos de hasta 30.000 UTM mediante trato directo y hasta 75.000 UTM por licitación pública podrán iniciarse desde su adjudicación, sin esperar el pronunciamiento de Contraloría.
La intención del Ejecutivo es acortar los plazos para poner en marcha las inversiones, sobre todo las de menor tamaño.
Licencias médicas: se exige transparencia sobre sumarios
La última modificación se relaciona con la polémica por el uso irregular de licencias médicas dentro del sector público.
El artículo 46 obliga a cada servicio público a informar, a más tardar el 15 de enero de 2027, los sumarios administrativos por uso indebido de licencias médicas iniciados desde mayo de 2025.
La fiscalización continuará después: deberán elaborarse informes trimestrales que se remitirán a la Dirección de Presupuestos, Contraloría y a las comisiones de Salud del Congreso.
De este modo, mientras buena parte del debate presupuestario se centrará en los recortes y aumentos de partidas por ministerio, el articulado anticipa otro frente de pelea en el Congreso.
Se trata de normas que afectan intereses concretos: menor participación regional en determinadas ventas fiscales, una reducción de cupos para regularizar honorarios, municipios expuestos a descuentos y cinco SLEP cuyo traspaso quedará congelado. Un segundo frente del Presupuesto 2027 que asoma detrás de sus cifras.
