Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, acumula 26 años de trayectoria en el Ministerio Público y se ha destacado como uno de los principales persecutores en materia de crimen organizado. Ha liderado indagatorias de gran repercusión, entre ellas la Operación Tokio contra el Tren de Aragua y el expediente que llevó a la formalización de cerca de veinte miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil en Chile. Asimismo, forma parte del proceso por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
En conversación con Tomás Mosciatti, Barros repasó el avance del Estado frente a estas bandas, detalló los métodos que utilizan para movilizar y ocultar recursos y expuso lo que se conoce sobre sus lazos con el gobierno venezolano. También comparó al Tren de Aragua con el PCC y abordó asuntos internos de la Fiscalía, como los mecanismos anticorrupción, la evaluación de los fiscales y su vínculo con el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Retraso aproximado de tres años y un sistema financiero vulnerable
—Usted ha dicho que la persecución del crimen organizado va atrasada respecto de las propias organizaciones. ¿Cuánto es ese atraso?
Calculamos que la investigación penal está rezagada en torno a tres años respecto de la evolución de estas organizaciones, según lo observado en diversas causas. El retraso no fue solo operativo: también hubo una demora legislativa. Durante dos décadas se aplicaron normas concebidas para delincuentes de otra época, mientras que en otros países ya existían marcos adecuados desde hacía más de 30 años. Cuando advertíamos que el fenómeno era distinto, en muchas ocasiones se nos acusaba de exagerar. No obstante, la normativa vigente fue enriquecida por la jurisprudencia que se consolidó desde 2006.
—¿Cuándo advirtieron que el Tren de Aragua estaba instalado en Chile?
Fue después de la pandemia. Al volver del confinamiento observamos un cambio en la conducta delictual: las policías relataban que antes, al intervenir bandas locales, los implicados solían tirar las armas y rendirse cuando gritaban “alto, policía”; luego empezaron a resistir y a enfrentarlos. Fue entonces cuando comprendimos que la criminalidad se había sofisticado y se había vuelto mucho más peligrosa.
—¿Está ganando o perdiendo el Estado?
En cierta medida hemos comenzado a recuperar terreno, pues los delitos más graves se han estabilizado. Sin embargo, la situación es oscilante: sube y baja, y si bajamos la guardia ellos se rearman. La caída en homicidios y secuestros puede deberse también a que comprendieron que la violencia perjudica sus negocios, como ocurrió con los traficantes en La Legua. Al mismo tiempo aparecen fenómenos más complejos, como la confluencia entre crimen nacional y transnacional. En materia patrimonial, claramente llevan la delantera.
—¿Cómo logran mover tanto dinero sin que el sistema financiero lo detecte?
Han sabido explotar herramientas diseñadas para dinamizar la economía, por ejemplo la posibilidad de constituir sociedades por acciones en un día, que tienen características que se pueden aprovechar. Nuestro sistema de alertas demora alrededor de un año y medio en generar una denuncia al Ministerio Público; durante ese lapso usan una sociedad y, cuando les piden justificar ingresos, la abandonan y crean otra. Además existe corrupción en personas concretas, como en cualquier institución. En el caso de dos sociedades, Vex Group y Vex Digital, estamos hablando de casi 76 mil mil millones de pesos. Uno de los propietarios era ingeniero comercial y el ejecutivo bancario que lo asesoraba también. Son inmigrantes profesionales que se ponen al servicio de las organizaciones para blanquear fondos.
—¿Cuánto dinero habría en total, y hacia dónde sale?
Calcular un patrimonio es complejo porque los recursos se exteriorizan. En la operación Tokio establecimos que sacan fondos en criptoactivos hacia Colombia, allá los convierten en dólares y los trasladan físicamente a Venezuela. Existen muchas más empresas implicadas, al menos unas 20 veces las que hemos identificado. Nos costó dimensionar la magnitud: se mueven miles de millones de pesos entre sociedades con suma facilidad. Las policías trabajan en ello, pero enfrentamos carencias en capacitación y tecnología; sin big data ni inteligencia artificial es arduo procesar esa información, y en ese terreno nos llevan ventaja.
—¿Qué control ejerce el Tren de Aragua sobre la explotación sexual y la extorsión?
En materia de explotación sexual ejercen un control casi absoluto. Antes había prostitución más dispersa; hoy quien quiera ejercerla debe estar “alineado” con el Tren de Aragua y abonar cerca del 45% de lo que gana. En teléfonos hemos hallado sistemas de reclutamiento internacionales que prometen alojamiento, sueldo y seguridad a cambio de ese alineamiento. Eso no implica que cualquier persona que camine por el centro de Santiago esté bajo el control del Tren de Aragua en todos los sentidos; me refiero al comercio sexual. Respecto de la extorsión, las víctimas principales son pequeños comerciantes de La Vega, Santiago Centro y Estación Central: hasta quien vende mote con huesillo debe pagar, y en algunos casos hemos presenciado disparos contra domicilios de comerciantes que se negaron a hacerlo.
El caso Ojeda y la posible dimensión política del Tren de Aragua
—¿Mató el Tren de Aragua a Ronald Ojeda?
Sí, pero la investigación apunta a que fue por encargo del gobierno venezolano. La indagatoria sugiere que Diosdado Cabello habría negociado esa operación con el Tren de Aragua. El veredicto del primer juicio oral indicó que se agotaron diversas líneas investigativas, salvo la política, y que era razonable investigarla; pero ese primer juicio no trató esa arista. En ese momento se juzgó a tres involucrados por un secuestro con homicidio, no por asociación criminal; la extradición respondió a esos delitos y coincido con ese veredicto. En cuanto a los eslabones superiores, algunos en proceso de extradición o ya en Chile, será necesario acreditar el encargo. Este habría sido, según los antecedentes, el secuestro más insensato del Tren de Aragua, porque no actúan como ONG: operan por lucro, y la evidencia apunta a que aquí hubo un pago.
—Estados Unidos mató al Niño Guerrero y mantiene detenido a Nicolás Maduro. ¿Ha cambiado la cooperación de Venezuela?
No ha variado; Venezuela no ha mostrado cooperación alguna. Aunque el Niño Guerrero era un líder muy conocido, existen al menos otros dos con igual o mayor capacidad que lograron escapar. Siempre hemos solicitado colaboración internacional y no hemos obtenido respuestas efectivas. Incluso a Estados Unidos le hemos pedido la posibilidad de interrogar a Nicolás Maduro.
-Ya no está el Niño Guerrero…
Es posible que Diosdado Cabello haya hablado con el Niño Guerrero, y al morir éste se perdió la oportunidad de interrogarlo y comprobar determinados hechos. Además, no es esperable que Cabello reconozca haber ordenado nada, por lo que se rompió una línea central de la investigación. Las autoridades venezolanas indicaron a los norteamericanos el paradero del Niño Guerrero para que lo abatieran. Tal vez tenían interés en que no hablara de Cabello. En todo caso, existe una conspiración del silencio en la que, a mi juicio, también participan actores estadounidenses, porque si la intención fuera capturarlo pudieron haberlo intentado en lugar de matarlo.
—¿Es un problema de seguridad nacional?
Lo planteamos durante el juicio. Creo que no se ha dimensionado del todo la gravedad: hay un Estado operando dentro de otro, pero mediante una organización criminal que disfraza una invasión territorial. Es la misma tesis que sustenta el proceso contra Maduro en Estados Unidos, que califica al Tren de Aragua como una organización criminal o terrorista al servicio de un Estado. Consultamos a la ANI, a algunas embajadas y a cuerpos policiales extranjeros; no puedo detallar su contenido por estar bajo secreto, pero ninguna de esas informaciones desvirtuó lo reunido con el trabajo policial.
El PCC, las cárceles y los desafíos internos del Ministerio Público
—¿En qué se diferencia el PCC, el Primer Comando de la Capital brasileño, del Tren de Aragua?
El PCC presenta una estructura mucho más organizada, piramidal y clásica: tiene reglamentos, requiere ser presentado por un miembro, estudiar normas y pasar por una ceremonia de iniciación en la que se asigna un número. Prohíbe el consumo de drogas entre sus filas y exige que parte de los ingresos provengan de delitos. Sus integrantes en Chile son chilenos, a diferencia del Tren de Aragua, cuyos miembros son en su mayoría extranjeros, sobre todo venezolanos. No hemos detectado vínculos entre ambas organizaciones; además, el PCC evita operar en territorios donde entraría en conflicto con otras bandas.
—¿Qué dimensión tiene hoy el PCC en Chile y qué busca?
Se encuentra en una etapa incipiente: el primer miembro bautizado que detectamos data de 2019. Está invirtiendo en capital humano de cara a la apertura, dentro de un par de años, del corredor bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico hasta Antofagasta. Actualmente la droga de Perú, Bolivia y Colombia se envía por puertos brasileños hacia Europa del Este; el PCC pretende capturar ese mercado, además de dedicarse a robos a entidades financieras, al control de armas y, en el futuro, al control portuario. A escala internacional se le atribuyen entre 20.000 y 30.000 integrantes y aspiran a funcionar como un Estado paralelo. Es urgente fortalecer la vigilancia en puertos y aumentar fiscalizaciones: en una causa por corrupción condenamos a un funcionario policial a 20 años y a un funcionario de Aduanas en Arica, porque el escáner no revisaba bajo los neumáticos y por allí pasaba la droga.
—¿Cómo operan desde las cárceles?
Tanto el Tren de Aragua como el PCC se originan en centros penales, donde consolidan su funcionamiento. Llevaban registro diario de asistencia por WhatsApp, mañana y tarde, y mantenían contacto con personas en cerca de 20 países. Gracias a esa investigación se incautaron seis fusiles de guerra en la comuna de La Florida. Mientras persista la corrupción, no habrá control efectivo del sistema carcelario. Además, los internos piden traslados en audiencias y los jueces los conceden; creo que debe ser un organismo técnico, Gendarmería, el que determine el lugar de cumplimiento de la condena según el perfil del recluso, y el juez únicamente verificaría el respeto a sus derechos.
—¿Cómo se controla la corrupción dentro de la Fiscalía? ¿Hay politización?
Es necesaria una unidad interna contundente, con amplias facultades para llevar a cabo investigaciones administrativas y penales. Esa planificación desde la Fiscalía Nacional está en desarrollo, pero aún no está implementada. No puedo referirme a causas que no son de mi competencia, como la de la fiscal Lorena Parra. Sobre el fiscal Manuel Guerra, no es posible intervenir el teléfono de un fiscal sin una denuncia previa; esos hechos salieron a la luz al incautarse aparatos en otra investigación. En cuanto a la politización, solo puedo hablar por mi fiscalía, donde no observo esa realidad. Con el mundo político mantenemos una relación cordial porque necesitamos cambios legales.
—¿Cómo es su relación con el fiscal nacional Ángel Valencia?
Es mi superior y mi compromiso es con la institución. Renuncié a la subrogancia por decisión personal, porque me queda poco tiempo en el Ministerio Público y prefiero concentrarme en mi equipo y en cerrar causas. Quise seguir en la Fiscalía Centro Norte, donde obtuve 21 votos en la terna frente a los 15 de Francisco Jacir; no me comunicaron las razones y no he conversado el tema con el fiscal nacional. Jacir tiene una trayectoria destacada.
-¿Le pareció adecuado que Ángel Valencia se reuniera con Luis Hermosilla con Andrés Chadwick una vez asumido?
A ese asunto no me corresponde referirme, Tomás.
-¿Usted se habría reunido con ellos?
No, yo no lo habría hecho.
-¿Hay mucho fiscal reuniéndose con políticos?
No lo sé.
—De los cuatro fiscales nacionales con los que ha trabajado, ¿cuál recuerda más?
Recuerdo especialmente a Guillermo Piedrabuena, el primero. Tenía 30 años cuando él ejercía y era un jurista de amplia trayectoria y buen docente; sus instructivos eran excelentes desde el punto de vista jurídico. Además, no se limitaba a la terna del fiscal regional: citaba a los tres candidatos a la Fiscalía Nacional, los entrevistaba y tomaba una decisión. De los otros tres, Sabas Chahuán, Jorge Abbott y Ángel Valencia, solo puedo decir que son también profesionales.
