El miércoles, el Senado dio luz verde al informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias entre las dos Cámaras sobre el proyecto que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).
La iniciativa obtuvo 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, lo que completa su recorrido en el Congreso y la deja apta para transformarse en ley.
El proyecto pretende fijar un marco legal único para el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, aplicable tanto al desarrollo de sus funciones como a las situaciones en que estas últimas participen en tareas de seguridad y protección del orden público.
La iniciativa incorpora principios como la legalidad, la necesidad, la racionalidad, la proporcionalidad y la responsabilidad, y define obligaciones para quienes empleen la fuerza.
Entre sus puntos clave figura un esquema de escalada para el uso de la fuerza, que va desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal, hasta el uso de medios menos letales y el control físico, llegando incluso al empleo de munición de salva.
Asimismo, establece normas sobre el uso de escopetas con munición antidisturbios, autorizándolo cuando exista un peligro grave e inminente para la vida o la integridad física de terceros o del personal policial o militar, y en circunstancias específicas vinculadas a infraestructura crítica y dependencias militares.
Respecto de la fuerza potencialmente letal, la normativa indica que su empleo será procedente solo si las medidas previas resultan insuficientes y dentro de las hipótesis previstas por la ley, como casos relacionados con el cumplimiento del deber y la legítima defensa.
Durante las deliberaciones en la comisión mixta se resolvió además excluir a Gendarmería de esta ley, de modo que el empleo de la fuerza por sus funcionarios seguirá rigiéndose por las normas legales y reglamentarias vigentes.
El envío de la iniciativa se produce tras más de tres años de debate legislativo y después de que la comisión mixta tuviera que zanjar las discrepancias entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.
Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto queda habilitado para avanzar con los trámites necesarios hacia su promulgación y publicación como ley.
