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Argentina cumple plazo y denunciará al Reino Unido ante el Tribunal del Mar por las Malvinas

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César Vega Martínez, PerfilPeriodista del área Internacional en BioBioChile

La cuenta atrás concluyó hoy. Caducó el plazo de dos semanas que Javier Milei había dado al Reino Unido para que impidiera las actividades vinculadas con la explotación de petróleo en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, un reclamo de soberanía que Argentina mantiene desde 1833 y que ha atravesado a diversos gobiernos.

Como Londres no cambió su postura, el país avanza con el siguiente paso anunciado, que consiste en solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), dentro del proceso arbitral iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El epicentro de la disputa por los hidrocarburos es Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. El proyecto está liderado por la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.

Las empresas mantienen su calendario para iniciar la producción petrolera en 2028, luego de comenzar las perforaciones de desarrollo previstas para principios de 2027. La fase inicial apunta a producir hasta 55.000 barriles diarios, mientras que etapas posteriores podrían elevar la capacidad hasta 125.000 barriles por día.

Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, ratificó que la meta es lograr la primera producción durante 2028 y enfatizó que están atravesando «un período decisivo» para el proyecto.

Desde el Gobierno argentino cuestionaron el avance del plan y advirtieron que las empresas deberán optar entre “operar ilegalmente en un territorio disputado o hacerlo de manera rentable y segura en Argentina”.

En tanto, Rockhopper sostiene que Navitas actúa con licencias petroleras que considera válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, y calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.

La Consejería Legal de la Cancillería está al frente del procedimiento, con la intervención del embajador Mario Oyarzábal, especialista argentino en Derecho Internacional.

Hace apenas unas semanas, el canciller Pablo Quirno señaló que se trata del inicio de un proceso arbitral previsto por la CONVEMAR y destacó en A24 que “es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido sobre la explotación de hidrocarburos”.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, no resolverá la soberanía sobre las Islas Malvinas. Su competencia se limita a cuestiones vinculadas con el Derecho del Mar, según las reglas establecidas por la CONVEMAR.

Se podrá evaluar si un Estado puede avanzar de forma unilateral en la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo, en una zona marítima cuya soberanía se encuentra en controversia entre dos países.

Argentina pretende que el tribunal adopte medidas provisionales mientras se tramita el arbitraje. Si el tribunal las concede, esas decisiones tendrán carácter obligatorio para los Estados involucrados.

El TIDM está integrado por 21 jueces y actualmente cuenta entre sus miembros con la argentina Frida María Armas Pfirter, quien desde octubre también ocupa la vicepresidencia del organismo. El Reino Unido no dispone de un magistrado propio en el tribunal, aunque podría nombrar un juez ad hoc para intervenir en el caso.