Legisladores del Partido Socialista (PS) ingresaron el proyecto de ley “No son objetos. Son familia”, una iniciativa destinada a reformar el Código Penal para fijar penas específicas cuando delitos como el hurto, la receptación o la apropiación indebida que se cometan contra mascotas o animales de compañía.
El diputado Juan Santana, acompañado por César Valenzuela, Carolina Cucumides, Francisco Crisóstomo y Andrea Macías, fue quien ingresó la iniciativa. El objetivo es modificar el enfoque penal vigente en estos hechos, que hoy suele basarse principalmente en el valor económico del animal para fijar las sanciones.
Los legisladores señalaron que la iniciativa pretende reconocer que llevarse una mascota no es solo la pérdida de un objeto, sino que también daña el lazo afectivo entre el animal y su familia. “Al robar una mascota, no está en juego su precio comercial”, afirmó Valenzuela.
En esa misma línea, Santana expuso que la normativa actual trata a los animales desde un punto de vista patrimonial, por lo que la propuesta pretende introducir penas concretas para delitos contra mascotas que tengan en cuenta el vínculo que estas mantienen con las personas.
Según los datos que acompañan la iniciativa, en Chile hay más de 12,4 millones de perros y gatos con propietario, presentes en el 75,9% de los hogares. Asimismo, una encuesta de 2025 indicó que el 74,4% de las personas percibe a su mascota como miembro de la familia.
La iniciativa también incorpora una excepción para quienes retiren una mascota con la finalidad de socorrerla o evitar que sufra maltrato.
Con ello, la propuesta pretende distinguir los supuestos en los que una mascota es sustraída con fines delictivos de aquellos en los que alguien actúa para proteger o rescatar a un animal en peligro.
En la actualidad, la ley trata la sustracción de mascotas mayoritariamente desde una óptica patrimonial, de modo que delitos como el hurto, la receptación o la apropiación indebida se califican tomando al animal como un bien. Así, el precio económico de la mascota puede influir en la tipificación y en la pena impuesta, sin existir una figura penal expresa que reconozca el lazo entre el animal de compañía y su familia.
