Los defensores de los imputados en el caso SQM presentaron sus alegatos finales ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de preservar la absolución dictada por el tribunal oral y evitar que el proceso sea repetido. Los abogados de Patricio Contesse, Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami cuestionaron la prolongación del procedimiento, el desgaste de la prueba y diversas falencias en la acusación de la Fiscalía, que junto al SII y el CDE pretende anular el veredicto.
Las defensas respondieron a la ofensiva promovida por la Fiscalía, el SII y el CDE, que buscan declarar nula la sentencia absolutoria y obligar a repetir el juicio.
Fue un proceso que, además, se prolongó por años. El juicio arrancó en febrero de 2023 y acumuló 560 audiencias, más de 200 testigos y cerca de 14 mil documentos, hasta que en octubre de 2025 se dictó el veredicto absolutorio. La propia resolución puso en cuestión la duración del procedimiento y el menoscabo de la prueba por el paso del tiempo.
El Ministerio Público afirma que el tribunal no valoró debidamente parte de la evidencia, que su análisis presenta contradicciones y que, aun reconociendo una vulneración del plazo razonable, eso no justificaría una absolución.
Ante ese panorama, las defensas abordaron diversas aristas. El abogado de Patricio Contesse, Samuel Donoso, puso énfasis en los 11 años y medio transcurridos desde la formalización y en el deterioro que, según su criterio, sufrió la prueba durante ese tiempo.
«Durante 10 años nos defendimos. En un momento se sostuvo que don Patricio había dado la instrucción de calificar el gasto y de presentar una declaración de impuesto a la renta maliciosamente falsa. Luego nos dijeron: ‘Bueno, en realidad no era eso lo que le imputábamos, lo acusamos de otra cosa, así que condénenlo por eso’», detalló.
Donoso afirmó que hubo testigos que olvidaron hechos y otros que fallecieron, lo que perjudicó el derecho a una defensa plena. También criticó que Contesse haya terminado enfrentando una imputación distinta a la que había combatido durante años.
En el caso de Pablo Longueira, su abogado Ignacio Sotomayor rechazó las observaciones sobre el uso de prueba ilícita y planteó que, aun aceptando ese planteamiento, no sería suficiente para alterar el fallo.
«A Longueira se le llevó a juicio no solo por lo de los correos, sino que también se le imputaban otros seis actos. Y en esos cargos lo de la prueba ilícita no tiene ninguna relación y aun así el tribunal absuelve», recordó.
«¿Realmente tiene impacto que parte de las pruebas sea ilícita?» se preguntó.
Y por Marco Enríquez-Ominami, Ciro Colombara cuestionó de forma directa la acusación de la Fiscalía, apuntando a una falta de congruencia que, dijo, no se resolvería simplemente repitiendo el proceso.
«¿Tiene sentido volver a juzgar a una persona que fue formalizada en 2016 y absuelta diez años después por hechos que originalmente se remontan a 2009?», planteó.
En ese punto enfatizó que «el tribunal absolvió al señor Enrique Ominami por cuatro razones y ninguna de esas razones desaparece con la nulidad o con las nulidades que se han planteado».
De este modo, mientras Fiscalía, SII y CDE buscan dejar sin efecto la sentencia y ordenar un nuevo juicio, las defensas sostienen que las impugnaciones carecen de la relevancia necesaria para modificar las absoluciones.
La decisión ahora corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago.
