Relacionar el estallido social de 2019 con un debilitamiento en la actuación policial y, más tarde, con la llegada del crimen organizado transnacional en Chile fue la observación del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, que encendió una nueva polémica a pocos días de que se cumplan siete años del 18 de octubre.
No pasaron desapercibidas sus declaraciones.
La abogada de derechos humanos Karinna Fernández, quien representó a víctimas de violencia policial durante el estallido, presentó una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), poniendo en cuestión los dichos del persecutor y alertando sobre las posibles consecuencias que estos tendrían para la imparcialidad con que se pudieron tratar esas causas, lo que podría minar la confianza de las víctimas en el trabajo del Ministerio Público.
Para la abogada, las expresiones de Barros muestran que las víctimas “nunca contaron con una persecución imparcial.”
Las afirmaciones de Barros: del estallido al crimen organizado
La polémica se inició tras una entrevista en la que el fiscal Héctor Barros —quien está en los últimos meses de su gestión— habló sobre el alza de la criminalidad en Chile y planteó un vínculo entre la expansión del crimen organizado transnacional y las consecuencias del estallido social de 2019.
“Quedó algo del estallido social, provocó muchos cambios, post estallido surgió la criminalidad transnacional. En cada actuación de Carabineros se veía una vulneración de garantías fundamentales. Eso generó cierta cautela en el uso de las garantías que poseen”, dijo.
En términos simples, Barros sostuvo que los reclamos contra Carabineros durante las protestas habrían generado miedo entre los funcionarios para ejercer sus atribuciones, provocando una especie de inhibición policial justo cuando la delincuencia empezaba a transformarse.
Según explicó, los uniformados percibían que cualquier actuación podría terminar siendo cuestionada públicamente, sin importar cómo procedieran.
“Si actuaban los iban a juzgar, si no actuaban también los iban a juzgar públicamente. Todo el foco estaba puesto en ese actuar”, aseguró.
Incluso dijo que algunos carabineros preferían evitar procedimientos antes que exponerse a responsabilidades administrativas que pudieran perjudicar sus carreras. Para el persecutor, esa inquietud habría acabado influyendo en la forma en que la policía enfrenta la delincuencia.
“En algún momento alguien lo va a analizar desde la óptica de la criminalidad, la manera en que se los juzgaba públicamente ha llevado a que Carabineros no actúe tomando todas las precauciones que debería tomar”, afirmó.
Abogada eleva las declaraciones de Barros ante la CIDH
Las manifestaciones del fiscal recibieron una crítica dura de la abogada de derechos humanos Karinna Fernández, quien remitió una comunicación formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La jurista cuestiona que Barros relacione el control sobre la actuación policial con el avance del crimen organizado sin aportar antecedentes que respalden esa conexión. Asimismo, advierte que sus palabras ponen en tela de juicio la imparcialidad de las investigaciones por violencia policial emprendidas bajo su mando en la Fiscalía Metropolitana Sur desde 2019.
“Las insensibles e infundadas expresiones de la autoridad persecutora no solo ponen en riesgo a las víctimas de la violencia policial de ayer y hoy, sino que además facilitan la repetición de dichos crímenes”, cuestionó Fernández.
Añadió que, al dejar en evidencia que las víctimas “nunca contaron con una persecución imparcial”, según su interpretación se habilitan las instancias internacionales “para perseguir a los responsables individualmente”.
La abogada también señaló las causas pendientes y criticó el silencio de la fiscal nacional, Ángela Valencia, frente a estas declaraciones.
“El entramado de impunidad a 7 años de los hechos, los diversos obstáculos a las investigaciones, incluida la del alto mando, la evidencia de una violenta parcialidad de un fiscal regional y el silencio del fiscal nacional, seguido de discursos que apoyan indultos a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, van configurando lo obvio que podemos perseguir a los responsables en sede internacional”, afirmó.
Solicitan al Estado explicaciones y la revisión de las investigaciones
Con esta presentación, Fernández busca que la CIDH requiera explicaciones al Estado chileno y evalúe si las afirmaciones de Barros son compatibles con el deber de objetividad e imparcialidad que debe cumplir el Ministerio Público.
Específicamente, pide que se informe qué estudios sustentan la relación entre el estallido social, la inhibición policial y el crimen organizado, y si esa lectura corresponde a una opinión personal del fiscal o a una postura institucional.
Además, solicita que se transparenten los resultados de las investigaciones sobre violencia policial en la Fiscalía Metropolitana Sur y que se considere revisar las causas archivadas y las decisiones de no perseverar.
