El Ejecutivo llegó a un acuerdo con senadores que encabezan comisiones clave del Congreso para implementar un plan que acelere la tramitación de 24 proyectos de ley sobre seguridad pública y que, además, contemple la presentación de otras seis iniciativas. El pacto incluye destinar, como mínimo, la mitad de las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado a estos asuntos, unir propuestas semejantes y repartir su tramitación entre ambas cámaras para evitar cuellos de botella.
El tema de seguridad volvió a posicionarse entre las prioridades legislativas del Gobierno. Durante la tarde del miércoles, los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, mantuvieron una reunión con parlamentarios y sus asesores para definir el orden de discusión de iniciativas vinculadas al combate del crimen organizado y al terrorismo.
La reunión permitió concretar un acuerdo político que considera 24 proyectos ya ingresados en el Congreso y otros seis que el Gobierno presentará próximamente, según detalla una minuta denominada Acuerdo Político por la Seguridad Pública, a la que tuvo acceso BioBioChile.
El texto organiza las iniciativas según su magnitud y grado de complejidad: hay propuestas que exigen cambios puntuales, proyectos breves que modifican uno o dos artículos y reformas mayores que crean normas nuevas o alteran distintos cuerpos legales.
El propósito es ordenar las discusiones y evitar la acumulación de iniciativas en una sola comisión, sobre todo en Constitución del Senado, que registra una alta carga de trabajo.
Entre los asistentes estuvo el presidente de esa instancia, el senador independiente-PPD Pedro Araya, quien comentó que se acordó alternar la tramitación entre la Cámara de Diputados y el Senado, además de agrupar las propuestas que tengan objetivos similares.
“El encuentro con los ministros tuvo como objetivo planificar la agenda de seguridad pública y definir cuáles serían los proyectos prioritarios a tratar en cada comisión”, afirmó.
El legislador añadió que por lo menos la mitad de las sesiones de Constitución estarán dedicadas a iniciativas relacionadas con la seguridad pública.
“Dado que la Comisión de Constitución del Senado sostiene una alta carga de trabajo, convenimos que al menos la mitad de sus sesiones se orientarán a temas de seguridad pública”, explicó.
También indicó que se acordó agrupar las propuestas por materia, con la intención de optimizar los tiempos de debate.
Los 24 proyectos que el Gobierno busca acelerar
En el acuerdo se incluyen diversas iniciativas que hoy se encuentran en distintos tramos de su tramitación parlamentaria.
Una de ellas es la que establece la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales de franco, la cual está en segundo trámite constitucional en el Senado.
Asimismo, se consideran medidas como el control de identidad por parte de las Fuerzas Armadas en estados de excepción, el endurecimiento de penas por quebrantamiento de condena y sanciones al reclutamiento de menores por bandas criminales.
En el ámbito migratorio, el acuerdo incorpora la reforma que busca extender el plazo de retención de extranjeros, un proyecto que fue rechazado en general en la Cámara de Diputados y cuya insistencia aún está pendiente.
Complementan la lista iniciativas destinadas a ampliar las causales de expulsión como pena sustitutiva, sancionar el ingreso clandestino y perfeccionar los mecanismos de expulsión administrativa.
El catálogo también incluye cambios a la responsabilidad penal adolescente, un aumento de sanciones por delitos cometidos contra comunidades educativas y la prohibición de penas sustitutivas para ciertos ilícitos.
En materia policial, se contemplan propuestas para modernizar y promover la carrera funcionaria de Carabineros, robustecer a la Policía de Investigaciones y ampliar la capacidad de los laboratorios policiales para efectuar análisis de ADN.
Entre los proyectos con mayor avance están las normas sobre el uso de la fuerza y el perfeccionamiento de la expulsión administrativa, ambos aprobados por sus comisiones mixtas y a la espera de votación en las salas de la Cámara y del Senado.
La minuta también incorpora medidas para proteger infraestructura crítica, permitir juicios orales en ausencia y exigir nuevas declaraciones de intereses y patrimonio para funcionarios de Carabineros y la PDI.
Bianchi destaca proyecto para frenar la “puerta giratoria” en delitos graves
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Karim Bianchi, valoró el acuerdo con el Ejecutivo y subrayó un proyecto de su autoría que pretende modificar la Ley 18.216 para que quienes sean condenados por delitos como sicariato, secuestro extorsivo y tráfico de armas cumplan efectivamente sus penas en prisión.
Ese proyecto, al que el Gobierno le dio carácter de urgencia, busca adecuar la normativa frente a las nuevas modalidades delictivas asociadas al crimen organizado.
“Actualizar la Ley 18.216 incluyendo un nuevo catálogo de delitos, de modo que esas personas no puedan acceder a penas sustitutivas y deban cumplir condena en la cárcel”, explicó el senador.
“Por eso queremos detener la puerta giratoria y consideramos que este proyecto es relevante”, subrayó.
Bianchi igualmente destacó que el acuerdo facilita fijar un orden de prioridad en la discusión de las iniciativas de seguridad, en vez de mantener una lista extensa sin criterios claros.
“Nos parece fundamental que, más allá de tener proyectos dispersos en una lista, exista una priorización: qué se verá primero, cuáles tendrán urgencia y cómo avanzaremos de forma ordenada”, indicó.
El senador añadió que desbloquear la discusión sobre la reforma constitucional permitirá concentrar recursos y esfuerzos en las restantes iniciativas de seguridad.
“Liberar la agenda que estaba concentrada en el debate mediático sobre la reforma constitucional nos posibilita avanzar en lo esencial, que es la agenda legislativa”, concluyó.
Las seis nuevas leyes que prepara La Moneda
Aparte de ordenar los proyectos ya presentes en el Congreso, el acuerdo identifica seis nuevas iniciativas que el Ejecutivo planea presentar.
Una de las más relevantes es una ley orgánica constitucional de Gendarmería de Chile, considerada una reforma de gran alcance cuya tramitación se iniciaría en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Otra propuesta contempla la creación de una Agencia de Gestión y Liquidación de Bienes Decomisados, entidad que requerirá una ley nueva y cambios a la normativa sobre drogas y al Código Procesal Penal.
La tercera consiste en una agenda de modernización de la Policía de Investigaciones, que incluye modificaciones estructurales a la institución.
Las tres propuestas restantes se orientan al funcionamiento del sistema penal y del régimen penitenciario.
Una de ellas permitirá regular las audiencias telemáticas para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad, mediante una reforma al Código Procesal Penal.
También se contempla reforzar el carácter cautelar de la prisión preventiva, mediante la modificación de dos artículos del mismo cuerpo legal.
Finalmente, el Ejecutivo prepara un proyecto para ampliar las facultades de Gendarmería en la determinación del centro penitenciario donde debe cumplirse la prisión preventiva.
De acuerdo con la minuta, las seis iniciativas están pendientes de presentación y su discusión se iniciaría en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. El escrito no fija plazos concretos para su ingreso.
La carrera contra el Presupuesto
El calendario del Congreso también condiciona el acuerdo legislativo, en especial por la próxima discusión del Presupuesto 2027, que concentrará buena parte del trabajo parlamentario en las próximas semanas.
Por ello, el senador Pedro Araya espera que la Comisión de Constitución pueda zanjar primero uno de los proyectos pendientes antes de volcarse a la agenda de seguridad.
“Esperamos, al regresar de la semana regional, poder despachar la ley que prorroga la entrada en vigencia de la Ley de Datos Personales y, después de eso, dedicarnos de lleno a la agenda de seguridad antes de que se instale con fuerza la discusión presupuestaria en el Senado”, afirmó.
Así, el Ejecutivo junto a los legisladores buscarán aprovechar las semanas venideras para avanzar en las iniciativas con mayor desarrollo parlamentario mientras preparan la tramitación de las nuevas reformas.
El principal desafío será traducir el acuerdo de prioridades en avances concretos, teniendo en cuenta que los proyectos están repartidos entre varias comisiones, algunos aún deben superar su primer trámite constitucional y otros requieren votaciones pendientes en ambas cámaras.
La coordinación facilitará ordenar el trabajo legislativo, aunque no asegura por sí sola la aprobación de las iniciativas, las cuales deberán completar sus correspondientes etapas de debate y votación en el Congreso.
