Esta semana alcanzó un punto clave el proceso penal que involucra a la abogada Paula Oyarzo Valdés y a su esposo y socio, Sebastián Vergara Véliz, en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. La indagación, a cargo de la fiscal Rossana Folli de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, les atribuye haber utilizado la estructura de su estudio jurídico, Vergara, Oyarzo y Cía. Abogados SpA, para apropiarse de dineros entregados por clientes y ejecutar fraudes mediante supuestos esquemas de inversión que no se concretaron.
Según la causa a la vista de BioBioChile, el monto total defraudado asciende a 118 millones 280 mil 384 pesos, suma que comprende los daños sufridos por diez grupos de afectados.
Entre los hechos imputados se cuentan la retención de montos destinados al pago de cotizaciones previsionales de una sociedad; el cobro de gastos por demandas que no fueron ingresadas a tramitación; la retención de fondos provenientes de remates judiciales y vales vista; y la captación de recursos bajo la promesa de rendimientos mediante supuestas inversiones en una fundación y en financiamiento político.
Frente a esos antecedentes, el Ministerio Público pidió imponer a Paula Oyarzo Valdés una pena de diez años y un día de presidio, estructurada en dos bloques condenatorios de cinco años y un día por delitos reiterados de apropiación indebida y estafa. En tanto, los querellantes particulares presentaron acciones civiles por daño emergente y daño moral por una suma superior a los 95 millones de pesos, mientras los imputados mantienen medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercamiento a los perjudicados.
Conducta profesional de Paula Oyarzo bajo escrutinio
Paralelamente al proceso penal, la conducta profesional de Oyarzo fue objeto de un procedimiento disciplinario ante el Colegio de Abogados de Chile.
El 19 de octubre de 2021, el Tribunal de Ética de la entidad dictó por unanimidad la expulsión del gremio, al estimar acreditadas infracciones graves y reiteradas a los deberes de información, lealtad y correcto servicio profesional en varias causas acumuladas. Dicha sanción fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de julio de 2024. A la fecha, resta la resolución de la Corte Suprema.
Esas resoluciones del colegio se incorporaron además a otros litigios en los que la abogada actuaba como parte contraria.
En la contestación al reclamo disciplinario identificado como ‘NPR 19/23’ ante el Colegio de Abogados, el abogado Felipe Torres respondió a una denuncia presentada por Oyarzo en su contra, la cual se originó por haber acompañado la sentencia de expulsión ética dentro de un juicio de alimentos tramitado en el 1° Juzgado de Familia de Santiago.
En su escrito de descargo, Torres explicó que la presentación de la sentencia ética no perseguía un ánimo injuriante ni buscaba desacreditar sin fundamento, sino acreditar un hecho objetivo respecto de la conducta procesal de la abogada. Señaló que en sus diez años como colegiado no había recibido denuncias, en contraste con los múltiples reclamos acumulados contra Oyarzo, y que la alusión a la expulsión ética y a las investigaciones penales se hizo con la finalidad de informar al tribunal de familia sobre la actuación de la contraparte, sin emitir juicios personales o expresiones denigrantes.
El Colegio de Abogados respaldó la posición del jurista y declaró la inadmisibilidad absoluta del reclamo promovido por Oyarzo, señalando que comunicar a los tribunales de justicia las sanciones éticas de un litigante constituye un ejercicio legítimo del derecho a la información procesal y no configura falta disciplinaria. Posteriormente, la Vicepresidencia de la entidad ratificó esa resolución.
Paula Oyarzo rechaza las imputaciones
En declaraciones a BioBioChile, Paula Oyarzo Valdés negó las acusaciones penales y las sanciones gremiales, esgrimió sus argumentos y aseguró que mantiene presentaciones judiciales en curso.
En el plano ético, en diálogo con este medio impugnó la validez del procedimiento invocando la teoría del ‘fruto envenenado’, argumentando que el abogado instructor fue luego declarado inhabilitado y cuestionando, además, la acumulación de denuncias con hasta cinco años de antigüedad.
Asimismo, la abogada profundizó en sus críticas al funcionamiento institucional. Respecto de la concurrencia de los procesos, sostuvo que la vinculación entre el Colegio de Abogados y la situación judicial —y la verdad de los hechos— no guarda relación entre sí.
Agregó que no considera procedente que el Colegio la juzgue por su condición profesional y, al referirse al contenido de los expedientes y a las observaciones en su contra, remarcó que no tiene nada que ocultar y que confía en que la evidencia determinará la realidad de los hechos.
En ese contexto y sobre el procedimiento disciplinario trasladado a los tribunales ordinarios, la abogada precisó a BBCL la naturaleza de los recursos que mantiene ante la Corte Suprema: indicó que lo que tiene en ese tribunal no es un amparo, sino un recurso de casación contra una resolución de la Corte de Apelaciones que fue decidida sin alegatos.
Críticas al sistema legal y su carácter «díscola»
En su participación en el podcast “Resucitar”, difundido en YouTube el pasado 23 de septiembre, Paula Oyarzo formuló una crítica profunda al funcionamiento del sistema legal chileno, calificándolo de corrupto y denunciando que combina la técnica jurídica con factores subjetivos como el amiguismo, el clasismo y el cabildeo.
En el programa afirmó que la sociedad y la administración de justicia en Chile operan bajo sesgos y prejuicios culturales previos respecto de empleadores, trabajadores, hombres y mujeres, y que esos estereotipos terminan distorsionando la objetividad que debiera imperar en los tribunales.
Además, durante el podcast cuestionó con dureza la labor de los juzgados de familia y la actuación de sus magistrados, denunciando una fuerte saturación del sistema, carencias de rigor técnico y la costumbre de firmar resoluciones sin un examen exhaustivo del fondo de los antecedentes. En ese contexto, Oyarzo se definió a sí misma como una abogada ‘díscola’ y ‘normativista’, sosteniendo que su estilo técnico y confrontacional en el litigio responde a la exigencia del estricto cumplimiento de las normas, lo que, según ella, le ha generado antipatías y resistencias tanto en la esfera judicial como en la gremial.
En el mismo espacio de difusión, la abogada arremetió contra la conducción del Colegio de Abogados de Chile, comparando a la institución con un ‘club de campo’ que actúa impulsado por la presión mediática y el sentir popular en lugar de ejercer un control ético riguroso y homogéneo. También aseguró que en el ámbito del derecho de familia existe una ‘industria del dolor’ que lucraría con el conflicto y con los niños, y reafirmó que continuará su defensa y sus impugnaciones institucionales en las instancias judiciales correspondientes.
De este modo, la trama judicial y gremial continúa sumando episodios. Mientras tanto, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago sigue conociendo del caso que definirá el desenlace penal de la abogada Paula Oyarzo Valdés.
