El Ejecutivo incorporó en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 una cláusula dirigida a expandir el empleo de datos personales para supervisar la entrega de beneficios financiados por el Estado. La disposición aparece en 27 de las 33 partidas presupuestarias y plantea dudas sobre los márgenes del tratamiento de esa información.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast pretende implantar, a través del Presupuesto 2027, una nueva herramienta para controlar el destino de los recursos públicos.
Según los documentos oficiales publicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la medida está incluida en las partidas de ministerios como Salud, Educación, Vivienda, Trabajo y Desarrollo Social, además de Justicia, Seguridad Pública y los gobiernos regionales.
La intención es que las instituciones puedan cotejar antecedentes de quienes solicitan prestaciones estatales para verificar que cumplen los requisitos y detectar posibles irregularidades.
¿Qué dice la cláusula?
El texto indica que, por el hecho de solicitar un beneficio financiado con recursos públicos, se entiende que los postulantes han autorizado el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la Administración del Estado, conforme a la normativa vigente y en el ejercicio de sus competencias.
En pocas palabras, la cláusula entiende que la petición de una ayuda pública autoriza el manejo de información personal con el fin de fiscalizar el uso de los recursos.
Es relevante que la redacción alcanza tanto a quienes finalmente reciben la ayuda como a quienes solo postulan y no son seleccionados.
No obstante, eso no implica que cualquier organismo pueda acceder sin restricciones a todos los datos de una persona, puesto que continúan vigentes los límites que fija la ley.
Cómo planea el Gobierno fiscalizar los beneficios mediante la revisión de datos personales
La medida está ligada a uno de los anuncios que el presidente Kast realizó al presentar el Presupuesto 2027.
En su mensaje nacional del 30 de septiembre, el mandatario señaló que el Estado endurecería los controles sobre la asignación de ayudas sociales.
El presidente afirmó que el Estado verificará cada peso del gasto social, cruzando registros para asegurar que los recursos alcancen a quienes corresponda, dijo.
Con ello, el Ejecutivo pretende aprovechar antecedentes disponibles en diversas instituciones públicas para corroborar la información de los solicitantes, sin alterar los requisitos ni los montos de los beneficios fijados por la ley.
Incertidumbres sobre el uso de datos personales
Aunque la cláusula busca reforzar la fiscalización, su redacción deja varios puntos sin precisar.
Entre ellos, no especifica por cuánto tiempo se conservarían los antecedentes de los postulantes, qué sucederá con la información de quienes no reciban una prestación ni de qué manera se informará a las personas sobre el uso de sus datos.
Tampoco delimita los registros concretos que podrían cruzarse ni excluye de modo expreso datos sensibles, como antecedentes médicos, cuyo tratamiento cuenta con garantías legales especiales.
Además existe una duda jurídica: si el mero acto de solicitar un beneficio constituye una autorización suficiente para ciertos tratamientos de datos o si estos requieren una norma legal más concreta.
El debate se da en paralelo con la puesta en marcha de la Ley 21.719, que fija nuevas obligaciones para la protección de los datos personales.
Una disposición inédita en el Presupuesto
Es relevante señalar que esta formulación no aparecía en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos 2026, según la comparación entre los documentos oficiales de Dipres.
Su inclusión deberá ser analizada durante la tramitación del proyecto en el Congreso, donde los parlamentarios podrán pedir aclaraciones o proponer cambios.
De este modo, la discusión presupuestaria incorpora un nuevo foco: cómo intensificar los controles sobre la entrega de beneficios sociales sin poner en riesgo la protección de los datos personales de quienes acuden al Estado.
