La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, comunicó este miércoles la puesta en marcha de un “comando unificado” para combatir la delincuencia en el país e instó a gobiernos de otras naciones a colaborar en esa tarea porque, remarcó, “la defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera”.
“Invito a los gobiernos extranjeros a que nos aporten su experiencia, su tecnología, su información y sus recursos en la lucha contra el crimen. La defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera”, afirmó la mandataria durante una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, en Lima.
Fujimori precisó que el “comando unificado” estará conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que para ello se instalará un gran centro de control y operaciones para coordinar todas las acciones en la lucha contra la criminalidad.
“El pueblo peruano está desesperado porque sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera”, dijo, y añadió que en una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) se acordó propiciar “un gran cambio en la lucha contra la delincuencia”.
“No vamos a seguir esperando. Somos nosotros quienes enfrentaremos al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, tal como lo establece la Constitución”, subrayó.
En ese marco, Fujimori sostuvo que las autoridades de seguridad aparecerán donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y detenciones inmediatas.
“Expulsaremos en tiempo récord a los extranjeros que vinieron a quebrantar la ley y atacar a los peruanos”, agregó, y señaló que además se recuperará el control de las cárceles y se aislará a los presos que continúan dirigiendo acciones criminales desde los penales.
La mandataria hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para sumarse “a este gran esfuerzo”, pidió que la Judicatura actúe con rapidez y firmeza, y solicitó la colaboración del sector privado para ayudar a recuperar el principio de autoridad y el Estado de derecho.
Al finalizar, reiteró el “respaldo total” a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas “en el estricto cumplimiento de su misión de acuerdo a la ley”, y planteó una “exigencia igualmente firme: profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, responsabilidad, respeto a la democracia y absoluto respeto a los derechos humanos”.
