Familias que continúan la búsqueda de sus detenidos desaparecidos y las organizaciones que mantienen activos los sitios de memoria alertaron sobre una nueva dificultad para esa labor: una disminución de recursos en la propuesta del presupuesto 2027 destinada a Derechos Humanos.
En una declaración conjunta, advirtieron que los recortes afectarían las indagaciones del Plan Nacional de Búsqueda, los análisis forenses del SML y el funcionamiento de los espacios que preservan la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Su inquietud se centra en las consecuencias concretas de esos ajustes: investigaciones que podrían postergarse y recintos con problemas para sostener su apertura.
Alertaron que, de confirmarse el recorte en el presupuesto 2027, sería el mayor retroceso en materia de memoria y derechos humanos desde el retorno a la democracia.
La Subsecretaría de Derechos Humanos admitió una merma en los recursos, pero aseguró que las búsquedas continuarán y atribuyó la reducción a una gestión presupuestaria más eficiente.
Organizaciones denuncian retroceso en Plan Nacional de Búsqueda
Según los cálculos de las organizaciones, el proyecto de Presupuestos 2027 contempla $391 millones menos para diligencias y pericias forenses del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), respecto del presupuesto inicial de 2026. Considerando la inflación, estiman una caída del 27,71% en esos dos componentes.
Los fondos destinados a diligencias del Programa de Derechos Humanos bajarían de $1.037 millones a $844 millones. Ese financiamiento permite realizar investigaciones en terreno, recoger testimonios y explorar posibles lugares donde podrían encontrarse restos.
En forma paralela, el aporte del Servicio Médico Legal para pericias del plan se reduciría de $490 millones a $291 millones. Esos análisis son esenciales para identificar restos y dar respuestas a las familias.
Las organizaciones indican que esta disminución se suma a los ajustes aplicados en 2026, cuando se recortaron $91 millones del presupuesto del Programa de Derechos Humanos destinado al plan.
“Estas decisiones afectan directamente a las familias que siguen esperando respuestas y ponen en riesgo avances que han costado años de lucha”, expresó Claudia Bascuñán Álamos, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Liquiñe.
“La verdad, la memoria y la justicia no pueden depender del presupuesto disponible ni de la voluntad del gobierno de turno. La búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos es una responsabilidad permanente del Estado, no una opción”, añadió.
Sitios de memoria advierten dificultades para seguir abiertos
Las organizaciones también señalan una baja del 36,74% en el financiamiento conjunto del Programa de Sitios de Memoria y de los aportes directos mediante una glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Los recursos pasarían de $2.888 millones a $1.879 millones.
Dentro de ese conjunto, el programa específico sufriría una caída real del 60,69%. Además, su línea de inversión quedaría sin recursos, lo que afectaría proyectos de conservación, rescate arqueológico y reparación de infraestructura.
Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Cerro Chena, advirtió sobre el impacto en la operación diaria: “Con este recorte se pone en riesgo la gestión, los sueldos, las visitas educativas y la mantención de los lugares”.
Indicó que, de los 1.132 centros de detención y tortura que existieron durante la dictadura, solo 72 han sido formalmente declarados sitios de memoria y únicamente 16 reciben financiamiento estatal.
“Exigimos continuidad y financiamiento permanente, no concursable. Sin memoria, no hay democracia”, afirmó.
En Casa Memoria José Domingo Cañas la preocupación principal es garantizar la apertura sostenida del recinto.
Marta Cisternas explicó que la asignación anual proyectada de $30.469.000 sería insuficiente para contratar al personal necesario, en un contexto en que la Fundación 1367 ya fue excluida del mecanismo de financiamiento durante 2026.
“Está en riesgo no solo la continuidad de sus programas de educación en derechos humanos, investigación, archivo y memorialización, sino la apertura operativa del Sitio”, manifestó.
“No se puede sostener un Sitio de Memoria sin trabajadores y trabajadoras, ni garantizar el derecho a la memoria sin recursos suficientes”, añadió.
Qué piden a las autoridades
Las organizaciones piden al Congreso que exhorte al Ejecutivo a reponer los recursos destinados a las pericias forenses y a la inversión en sitios de memoria, ajustándolos por inflación.
También solicitan que se precise de qué manera se financiarán las conmemoraciones y los encuentros de familiares, tras la eliminación de la categoría presupuestaria que permitía esas transferencias dentro del Programa de Derechos Humanos.
Otra inquietud es la desaparición de una glosa del Poder Judicial que protegía recursos para buscar y digitalizar causas de derechos humanos y exigía informes trimestrales al Congreso. Si bien reconocen que eso no equivale necesariamente a una reducción exacta del monto, advierten incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y su supervisión.
Finalmente, reclaman que se agilice la resolución de 63 solicitudes pendientes de protección o ampliación de protección de sitios de memoria, ya que, según explican, esas demoras dificultan también el acceso a fondos públicos.
El llamado busca que estos puntos se aborden durante la discusión del Presupuesto 2027, antes de que los ajustes propuestos deriven en nuevas trabas para las familias y para los espacios de memoria.
Subsecretaría de DDHH explica recortes
Consultada por BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos admitió la reducción de fondos para el Plan Nacional de Búsqueda en la propuesta presupuestaria para 2027, pero aseguró que las diligencias se mantendrán.
Indicaron que el ajuste responde a una “mejor planificación” y a la optimización de gastos como los viáticos, mientras que se incrementarían los recursos destinados a personal.
La entidad cuantificó la disminución en un 4,47% nominal. Esa comparación incorpora gastos de personal y no considera la inflación, por lo que difiere del cálculo de las organizaciones, que se centró en los recursos para diligencias y pericias forenses.
En relación con el Servicio Médico Legal, informaron un monto global para el plan y atribuyeron el ajuste a recursos que no se ejecutaron en 2026, sin detallar cuánto se destinará en forma exclusiva a pericias.
1. Las organizaciones denuncian una reducción real del 27,71% en los recursos para diligencias y pericias forenses del Plan Nacional de Búsqueda en 2027. ¿El Ministerio confirma ese cálculo?
Según las cifras del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, los fondos asignados al Plan Nacional de Búsqueda alcanzan los $1.187 millones, en comparación con los $1.242 millones previstos en la Ley de Presupuestos de 2026. Esto equivale a un ajuste nominal del 4,47%.
Es relevante considerar que estos recursos incluyen un incremento en la dotación de personal, que pasa de $205 millones a $343 millones, mientras que los destinados a bienes y servicios de consumo disminuyen de $1.036 millones a $843 millones, debido a una optimización del uso de viáticos y a una planificación más eficiente, manteniendo la totalidad de los recursos para la realización de las diligencias de búsqueda.
2. ¿Por qué se propone reducir estos recursos y qué criterio se utilizó para definir el ajuste?
El ajuste propuesto responde a una estrategia orientada a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para determinarlo se aplicaron criterios de eficiencia y priorización del gasto, buscando optimizar los recursos disponibles y resguardar la continuidad de las funciones esenciales del Plan Nacional de Búsqueda, especialmente las vinculadas a las diligencias de búsqueda y la atención a familiares.
3. Los recursos del Servicio Médico Legal para pericias del plan disminuyen. ¿Qué impacto tendría esa disminución en la cantidad de pericias, las identificaciones y los tiempos de respuesta a las familias?
En el caso del Servicio Médico Legal, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 considera $777,3 millones destinados al Plan Nacional de Búsqueda, manteniendo la dotación de 14 profesionales asociados a estas labores.
El ajuste señalado refleja la subejecución en esta partida por parte del Servicio respecto al monto asignado en 2026. Por ello, estamos colaborando con el Servicio Médico Legal en diversas estrategias para facilitar la ejecución presupuestaria de las pericias forenses, con el objetivo de acelerar los tiempos de respuesta a las solicitudes de los tribunales.
4. ¿Se postergarán o reducirán búsquedas en terreno, levantamientos de testimonios u otras acciones?
En lo que atañe a las acciones del Plan Nacional de Búsqueda, se contempla la continuidad y el fortalecimiento de las capacidades operativas destinadas a diligencias especializadas y a la atención a familiares. La planificación presupuestaria pretende asegurar la continuidad de estas funciones mediante un uso eficiente de los recursos y la priorización de las actividades directamente vinculadas con los objetivos del Plan.
5. ¿El Gobierno está dispuesto a reponer recursos durante la tramitación del Presupuesto 2027?
El proyecto de Ley de Presupuestos es una propuesta del Ejecutivo responsable, que busca atender tanto las principales urgencias de la población como la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.
Participaremos en la discusión legislativa aportando los antecedentes técnicos necesarios y explicando los criterios que sustentan la asignación de recursos, asegurando que se utilicen de la manera más eficiente posible dentro del marco de responsabilidad fiscal.
7. Las familias de detenidos desaparecidos llevan décadas esperando saber qué ocurrió con sus seres queridos. ¿Cómo se compatibiliza la reducción de recursos para buscarlos con el compromiso del Gobierno en materia de derechos humanos? ¿Qué garantía concreta pueden darles de que esa espera no se prolongará aún más?
El ajuste presupuestario mencionado responde a un esfuerzo transversal por mejorar la eficiencia del gasto público, protegiendo la continuidad de las funciones esenciales y la ejecución de las diligencias de búsqueda. En este marco, el criterio aplicado ha sido priorizar las actividades con impacto directo en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, fortaleciendo la capacidad operativa necesaria para su ejecución.
En cuanto a garantías, es importante señalar que la tramitación de las causas de búsqueda depende de los tribunales de justicia, con los cuales mantenemos una colaboración interinstitucional fluida y eficaz, junto a otras instituciones y servicios que participan en este desafío compartido.
