La Fundación Yarur Bascuñán y Duna Viva comunicaron que están evaluando medidas legales tras la publicación de un reportaje de Reportea que reveló supuestas transferencias por $27 millones desde dos inmobiliarias, en un periodo en que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco resolvía causas vinculadas a esas sociedades.
La indagación, difundida el jueves 15 de octubre, se enfoca en pagos que presuntamente habrían estado relacionados con Gonzalo Migueles, entonces pareja de la ministra, y que coincidirían en el tiempo con la tramitación de asuntos judiciales ante el máximo tribunal.
Entre los episodios citados aparece la disputa alrededor del proyecto inmobiliario Barrio Foresta, en Reñaca, que fue objetada por su impacto en el Bosque de Reñaca.
Ante estos antecedentes, la Fundación Yarur Bascuñán —que participó en la defensa ambiental de la zona— expresó su inquietud y planteó la necesidad de aclarar si hubo alguna relación entre los pagos mencionados y las actuaciones judiciales.
Fundación analiza posibles acciones legales
El conflicto por Barrio Foresta llegó a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que en abril de 2021 resolvió la causa contando, entre otros integrantes, con la participación de la entonces ministra Ángela Vivanco.
Según la información entregada por las organizaciones, el tribunal confirmó el rechazo del recurso asociado al proyecto.
En un comunicado difundido este viernes, la Fundación Yarur Bascuñán afirmó que los antecedentes publicados por Reportea son lo bastante graves como para exigir una investigación que permita establecer si existió alguna vinculación entre las transferencias y la tramitación de causas judiciales.
“Sería extremadamente preocupante que una investigación llegara a acreditar que, paralelamente, existieron gestiones indebidas destinadas a influir en una decisión judicial”, afirmó Gabriel Muñoz, abogado de la organización.
Incertidumbres sobre la tramitación
No obstante, el profesional señaló que, por sí sola, la información periodística no permite concluir que la sentencia relativa al Bosque de Reñaca se obtuvo de manera irregular ni atribuir responsabilidades penales a las personas mencionadas.
En ese marco, la fundación indicó que revisará los antecedentes disponibles y analizará las acciones legales pertinentes, incluida la posibilidad de intervenir en la investigación penal, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Además, evaluará si existen fundamentos jurídicos para cuestionar o revisar las consecuencias derivadas de eventuales irregularidades que pudieran acreditarse en la tramitación del expediente.
Muñoz también subrayó la necesidad de aclarar los hechos para evitar incertidumbres en otros procesos ambientales relevantes. No obstante, puntualizó que la organización no dispone de antecedentes que permitan afirmar que se hayan producido situaciones similares en otros casos.
Duna Viva exige aclarar posibles responsabilidades
En un sentido similar, Duna Viva calificó los antecedentes del reportaje como de “gravedad excepcional” y anunció que estudiará las acciones jurídicas disponibles frente a los hechos expuestos.
La organización sostuvo que, de confirmarse los pagos que habrían llegado a manos de Gonzalo Migueles y las comunicaciones atribuidas a representantes vinculados a Inmobiliaria Argenta, la situación excedería una controversia estrictamente ambiental.
En su comunicado, Duna Viva planteó la posibilidad de hacerse parte en la investigación penal para que se esclarezcan las eventuales responsabilidades de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y otras personas que pudieran aparecer involucradas.
Asimismo, indicó que evaluará las vías jurídicas pertinentes respecto de las resoluciones judiciales relacionadas con el caso y de la actuación de los representantes y abogados de la inmobiliaria mencionados en la investigación periodística.
La organización advirtió que la defensa ambiental enfrenta ya marcadas desigualdades económicas, institucionales y jurídicas, por lo que consideró esencial determinar si existieron maniobras destinadas a influir indebidamente en una decisión judicial.
