Un pedido de unidad, respaldo a las fuerzas uniformadas y fuertes críticas contra quienes señalan que “respaldaron la violencia” en el 18-O marcan el tono de la declaración conjunta difundida por dirigentes de los partidos oficialistas y grupos afines a la centroderecha y la derecha, en la antesala del séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019.
El texto, llamado “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, agrupa a Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile y Demócratas.
La carta de la derecha en la antesala de un nuevo 18-O
Los organizadores afirmaron que la finalidad de la declaración es fomentar la unidad en defensa de la democracia, repudiar la violencia de forma transversal y comprometerse a impedir que se repitan los sucesos de octubre de 2019 en Chile.
No obstante, el documento incorpora una acusación política severa dirigida a sectores a los que atribuye haber “justificado la violencia”, sin especificar nombres de partidos o líderes.
El escrito comienza describiendo el estallido como “uno de los peores episodios que recuerde la historia reciente de Chile” y afirma que el 18 de octubre “no fue únicamente una crisis social, sino el comienzo de un proceso de violencia, deterioro económico e inseguridad cuyas secuelas todavía paga Chile”.
Añade además que algunos intentaron sacar provecho de lo sucedido, convencidos de que “promoviendo el odio y la violencia social lograrían un rédito político”.
Las críticas políticas desde el oficialismo
El fragmento más combativo surge bajo la consigna “No retroceder”. En ese punto, los partidos acusan a ciertos sectores políticos de “haber justificado, avalado y aplaudido la violencia de octubre de 2019”.
Los responsabilizan también de promover la evasión y de idealizar a la primera línea. El texto sostiene que esos grupos “transformaron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y del patrimonio urbano en una supuesta justicia malentendida para después indultar a delincuentes y compensarlos con pensiones de gracia”.
De ese modo, el llamado a la paz se combina con una censura a medidas adoptadas tras el estallido; la declaración incluye los indultos y las pensiones de gracia dentro de una misma crítica política.
Al mismo tiempo, los firmantes sostienen que “no hay causa que justifique la violencia” y rechazan las agresiones como herramienta de acción política, “venga de donde venga”.
En ese tenor, enumeran la destrucción del Metro, los saqueos, los atentados incendiarios, las funas, las barricadas y las tomas, y afirman que “no son formas legítimas de expresión”.
Apoyo a las instituciones policiales
Otro punto central del texto es el respaldo a las instituciones responsables del orden público. Señalan que “el Estado de Derecho no se negocia. No avalaremos que se relativice el orden público”.
Los partidos sostienen además que Carabineros, la PDI, Gendarmería y las Fuerzas Armadas deben recibir “respaldo político, jurídico y social para cumplir su mandato constitucional”.
Si bien el cierre manifiesta un compromiso “con las víctimas”, el escrito omite mencionar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido y no aborda responsabilidades de funcionarios del Estado, ni diferencia de manera explícita entre protestas pacíficas y actos violentos.
Las reivindicaciones sociales que impulsaron las movilizaciones tampoco se profundizan: la alusión a una “crisis social” cede terreno a un relato enfocado en la destrucción, la inseguridad y las responsabilidades políticas que los firmantes adjudican a otros actores.
“No permitiremos que Chile regrese a la lógica de octubre de 2019, ni a la normalización de la violencia o la impunidad”, concluye la declaración.
