A siete años del 18 de octubre de 2019, continúa la discusión sobre las enseñanzas que dejaron aquellas movilizaciones.
Aunque varios dirigentes mantienen la reivindicación de las demandas sociales que originaron las protestas, también surgen opiniones que admiten errores y cuestionan la dirección que tomó el proceso en los años siguientes.
Después del pacto político alcanzado tras las movilizaciones, se llevaron a cabo dos procesos constituyentes que pretendían reemplazar la Constitución vigente.
No obstante, tanto la propuesta de la Convención Constitucional como la del Consejo Constitucional fueron rechazadas en las urnas, lo que cerró sin éxito la principal vía institucional impulsada después del estallido.
Frente a ese escenario, el diputado independiente de la bancada del Partido Por la Democracia, Jaime Araya, sostuvo que las causas del descontento social continúan vigentes y planteó que el desafío principal del progresismo es reconstruir una mayoría política y social capaz de promover cambios desde las instituciones democráticas.
En la misma línea, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, defendió el sentido de las movilizaciones de 2019 y afirmó que fueron una expresión masiva contra la desigualdad.
Asimismo, dijo que muchas de las demandas planteadas permanecen sin resolver y advirtió que el malestar ciudadano se mantiene vigente.
Una postura más crítica la expresó la diputada radical Marcela Hernando, quien reconoció que el estallido nació de demandas legítimas compartidas por la ciudadanía, pero afirmó que el proceso se terminó desvirtuando debido a la irrupción de agendas particulares y a episodios de violencia en las movilizaciones.
En su opinión, la principal oportunidad perdida fue la falta de acuerdos que hubieran permitido avanzar en reformas sociales importantes.
El debate coincide además con la reaparición pública del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, una de las caras más conocidas del estallido social.
El exconvencional reconoció que llegó a la Convención mediante engaños, aunque responsabilizó a “la élite” por su caída. Además, sostuvo que la propia Convención terminó debilitándose a sí misma y negó que su caso explique por sí solo el fracaso del proceso constitucional.
