Prisión de hasta 15 años, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente propone la indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al proyecto que regula las apuestas por internet.
La iniciativa pretende endurecer las sanciones contra operadores no autorizados y evitar que sigan funcionando mediante simples cambios de dominio.
Además, incorpora un mecanismo de bloqueo judicial indefinido y penalidades para quienes administren, financien o promocionen estas actividades de forma ilegal.
A diferencia del modelo que plantea otorgar licencias a operadores privados, Núñez propone que la explotación digital de los juegos autorizados permanezca exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades establecidas por sus respectivas normas.
“No podemos reducir este debate a cuánto podría recaudar el Estado; debemos cuestionar quién controla estas plataformas, a dónde van los recursos y qué sucede con las familias que quedan atrapadas en la adicción y en la deuda”, afirmó.
“Ante una actividad ilegal, la respuesta inicial no puede ser otorgarle una licencia”, agregó.
Núñez solicita prisión y bloqueo indefinido para casas de apuestas ilegales
Las sanciones más severas se aplicarían en circunstancias agravadas, como la captación deliberada de menores o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a eludir una orden judicial.
También se considerarán agravantes los vínculos con organizaciones criminales o el uso de identidades falsas y sociedades de fachada para ocultar a los responsables.
Otro eje de la propuesta es establecer un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras subsistan las condiciones que motivaron la medida.
Las restricciones podrían extenderse a dominios adicionales, previa comprobación judicial de que pertenecen a la misma operación ilícita. Los proveedores contarían con un plazo máximo de 48 horas para acatar las órdenes.
“Cambiar de nombre, de aplicación o de dirección de internet no puede convertirse en una forma de evadir a la justicia”, sostuvo Núñez.
Contexto y tramitación
La iniciativa surge tras las dificultades observadas en septiembre, cuando el Gobierno ordenó bloquear 42 sitios de apuestas ilegales y otorgó 48 horas a las empresas de telecomunicaciones para hacerlo.
Sin embargo, según informó BioBioChile, algunas plataformas continuaron operando cambiando sus direcciones electrónicas y eludiendo las restricciones iniciales.
Paralelamente, el proyecto avanza en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado, luego de que, a petición del Ejecutivo, se extendiera hasta el 26 de octubre el plazo para presentar indicaciones.
Finalmente, la iniciativa de Núñez incluye medidas de protección para los usuarios, como la prohibición de la participación de menores, sistemas de autoexclusión y la posibilidad de establecer límites voluntarios de apuesta.
“La protección de las familias no puede depender de quién administra la plataforma: las exigencias deben cumplirse también en el juego autorizado”, concluyó la parlamentaria.
