La Comisión de Seguridad Pública del Senado dio luz verde en general al proyecto de ley que agrava las sanciones por los delitos de atentado contra la autoridad cuando son cometidos contra integrantes de las fuerzas de orden y seguridad. Esto abarca a Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
La iniciativa establece sanciones por las ofensas, autoriza de forma excepcional la detención en caso de flagrancia y eleva la pena privativa de libertad cuando el atentado afecta a la autoridad policial.
El texto obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, lo que permitió su avance a segundo trámite constitucional en el Senado.
En la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la iniciativa fue respaldada por unanimidad por los senadores Karim Bianchi (IND), Cristián Vial (IND-Republicanos) y Andrés Longton (RN). En esa instancia se fijó que las indicaciones podrán ser presentadas hasta las 12:00 horas del 26 de octubre.
Asimismo, se acordó que la incorporación de indicaciones tendrá como plazo máximo el lunes 26 de octubre a las 12:00 horas.
¿Qué dispone la iniciativa?
El proyecto introduce criterios para graduar las sanciones, por ejemplo si el autor actuó en forma individual o como parte de un grupo. En el supuesto de que el atentado contra la autoridad recaiga sobre funcionarios de Carabineros, de la PDI o de Gendarmería, se impondrá únicamente una pena privativa de libertad.
Se aplicará presidio en su grado máximo, es decir, hasta 60 días, y una multa de 1 a 4 UTM (hasta $286.884) en los casos de insultos y ofensas graves dirigidos a un policía o a un funcionario de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, ya se conozca o no la calidad del afectado.
