El Ejecutivo italiano autorizó este martes el envío de otros 500 soldados para reforzar el dispositivo de seguridad en Milán (norte), informó la primera ministra, Giorgia Meloni, en un vídeo publicado en sus redes sociales.
«A Milán se enviarán 500 militares adicionales, que permanecerán allí junto a la policía y a los carabinieri hasta finales de año. Además reforzamos la justicia de menores con más magistrados y plazas en los centros, para que la certeza de la pena alcance también a quienes tienen 16 años», anunció la mandataria en el mensaje difundido tras el Consejo de Ministros que aprobó la medida.
Los efectivos militares quedarán desplegados hasta el 31 de diciembre y estarán a disposición de las autoridades para colaborar en el control del territorio y en el mantenimiento de la seguridad pública.
Meloni describió como «inaceptables» las imágenes que se vivieron tras una serie de altercados que provocaron cerca de 200 agentes heridos y daños materiales que solo en la capital lombarda rondan el millón de euros.
Según cifras oficiales, las fuerzas del orden detuvieron o identificaron a 330 personas, de las cuales la mitad son de origen extranjero.
El refuerzo se integrará en la operación Calles Seguras, una iniciativa lanzada en 2008 que mantiene a unos 5.000 militares desplegados en varios ‘puntos calientes’ del país para garantizar el orden público.
La medida, tramitada como decreto-ley, entra en vigor de forma inmediata y tendrá un plazo de 60 días para su ratificación por parte del Parlamento italiano.
El paquete incluye la creación del delito de participación violenta en una manifestación, que prevé penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes actúen violentamente en grupo.
«Si durante una marcha o una manifestación te unes a un grupo de 5 o más personas, te pones a tirar piedras, petardos, palos, pones en peligro la seguridad de todos, te arriesgas a hasta 5 años de cárcel y hasta 20.000 euros de multa», precisó Meloni.
Además, el decreto incorpora el principio de que «quien rompe paga, y si quien rompe es un menor, pagan sus padres», añadió.
En materia penal, se establece con efecto inmediato la presunción de imputabilidad para menores de entre 14 y 18 años y se autoriza al jefe de policía a aplicar apercibimientos orales y vetos de reunión en espacios públicos a jóvenes con antecedentes por actos violentos.
El borrador del decreto también preveía, de forma excepcional, atribuir a los militares funciones policiales durante tres meses, lo que les habría permitido efectuar detenciones, pero esa disposición fue finalmente retirada del texto aprobado.
Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. https://t.co/kqk51X8YZa
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026
Al referirse a las protestas del pasado fin de semana, Meloni señaló que, además de las «franjas antagónicas de siempre», participaron cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad.
«No hay nada de revolucionario en devastar y robar. Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme», afirmó.
La primera ministra añadió que las fuerzas del orden habían detenido o identificado a 330 personas, la mitad de ellas de origen extranjero, entre las que se cuentan tanto nacidos fuera de Italia como personas nacidas en el país en familias extranjeras.
«Espero que los delitos cometidos sean perseguidos con rapidez y que todas las normas a disposición, incluidas las de los recientes decretos de seguridad, se apliquen con rigor», sostuvo.
Meloni subrayó que el menor de los identificados tenía 11 años, una circunstancia que, según dijo, «duele y da miedo, y nos interpela a todos».
La decisión del Gobierno se adopta en un clima de tensión por las convocatorias de protesta previstas para este sábado en Roma, Milán y otras zonas del país por el ‘Movimiento 17 de octubre’, un grupo juvenil surgido tras los recientes altercados en el centro de Milán que ha anunciado movilizaciones permanentes «hasta la caída del gobierno ladrón».
