El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos que redujeron condenas por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, informó un reportaje de Interferencia. De ese total, 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación.
Los datos aparecen consignados en el oficio ORD. 7067, mediante el cual la Subsecretaría de Justicia respondió a una solicitud de acceso a la información presentada por el medio. En ese lapso, únicamente se rechazó una petición, relacionada con un caso de abuso sexual contra un menor.
Según el citado medio, ninguna de las 56 rebajas se tramitó por medio de un recurso de amparo u otra vía judicial: las solicitudes ingresaron al ministerio y este las acogió.
Conceden reducción de pena a condenados por delitos sexuales
Los antecedentes motivaron reparos del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien calificó la situación de “extremadamente grave”.
«Aún no lo puedo creer. Me parece gravísimo; es, en cierto modo, un indulto parcial», declaró. El parlamentario condicionó sus críticas a la comprobación de la información y cuestionó la coherencia de estas decisiones frente a las señales públicas del Ejecutivo.
Agregó que se trata de una medida que contradice toda lógica y los discursos que han expresado públicamente el propio Gobierno, el ministro de Justicia y el Congreso.
Mulet también criticó que las reducciones se hubieran otorgado sin la intervención de instancias judiciales.
«Reducir penas equivale a indultar cuando lo decide el Ministerio de Justicia y no ha intervenido ningún juez», afirmó.
La diputada Lorena Fries (FA) cuestionó la paradoja de endurecer las condiciones para salir de prisión mientras, al mismo tiempo, se conceden rebajas de condena.
«Y ahora comprobamos que mientras se elevan las penas para enviar un mensaje a la ciudadanía, por otra parte lo que hacen es permitir que salgan», sostuvo.
Se preguntó entonces cuál es el concepto de seguridad del gobierno si, según ella, violadores y abusadores sexuales circulan por la calle mientras se publican titulares que aseguran que no serán liberados.
«Yo habría esperado que pasaran por la corte»
En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) señaló que el ministro de Justicia les explicó que la cartera se ha basado en fallos previos para otorgar las rebajas sin que los solicitantes deban recurrir previamente a los tribunales.
«Lo que nos ha explicado el ministro es que hoy día, por economía procesal, en definitiva, han evitado el paso por la Corte de Apelaciones y han citado estos fallos para poder aplicar la rebaja de condena», manifestó el legislador.
Según relató, anteriormente las peticiones eran rechazadas y luego los interesados apelaban a las cortes, que ordenaban al ministerio aplicar la reducción. Guzmán, sin embargo, expresó su desacuerdo con simplificar ese trámite en casos de delitos sexuales.
«Yo habría esperado que pasaran por la corte y que fuera la corte la que, en virtud de principios jurídicos, ordenara aplicar la sanción o la rebaja sin evitar ese paso», indicó.
Al ser consultado sobre si era necesario legislar, el diputado afirmó que «lo legislativo ya está resuelto» y reiteró sus reparos a la decisión de acelerar las solicitudes.
«Entendemos que por una cuestión de eficiencia se busque agilizar los procesos, pero hay situaciones —como las de personas condenadas por violación o abuso sexual— en que esa rapidez puede terminar perjudicando a las víctimas», concluyó.
