Diputados del Partido Comunista (PC) informaron que intentarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se diera a conocer que el Gobierno de José Antonio Kast otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La información fue publicada por Interferencia, medio que detalló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos que concedieron esos beneficios: 27 corresponden a condenados por abuso sexual de menores y 29 a casos por violación.
Frente a esos antecedentes, el diputado comunista Marcos Barraza cuestionó la medida del Ejecutivo y afirmó que el Gobierno debe entregar explicaciones sobre las medidas adoptadas.
Reducción de penas
“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación”, declaró el parlamentario.
En ese sentido, acusó al Ejecutivo de ponerse del lado de los agresores en lugar de las víctimas, y anunció que buscarán el apoyo de otras fuerzas de la oposición para llevar adelante la interpelación.
Barraza también cuestionó los fundamentos expuestos por Rabat, quien ha defendido las rebajas de condena al sostener que obedecen a criterios establecidos por la Corte Suprema en fallos anteriores.
El titular de Justicia afirmó que las medidas se vinculan con la jurisprudencia del máximo tribunal y con recursos de amparo acogidos antes de la entrada en vigor de una modificación legal que dejó fuera a los condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
La versión del ministro de Justicia
Según Rabat, el ministerio aplicó la doctrina fijada por la Corte Suprema y actuó conforme a los criterios establecidos en sus resoluciones.
No obstante, los antecedentes publicados por Interferencia señalan que las 56 rebajas fueron concedidas directamente por la cartera y que ninguna habría surgido de un recurso judicial presentado por los favorecidos.
Por su parte, el diputado comunista Bernardo Salinas calificó la decisión como “la peor señal que puede dar el país” y puso en duda si estas medidas podrían anticipar futuras determinaciones sobre indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
La polémica se suma al debate por la posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios por razones humanitarias y a los cuestionamientos de distintos sectores políticos sobre la manera en que el Gobierno ha aplicado las reducciones de pena.
