La primera vocería de Gonzalo Arenas se caracterizó por su presentación, la atención a las contingencias y la agenda legislativa.
Dentro de los temas tratados mencionó la controversia por las 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores otorgadas durante el Gobierno de José Antonio Kast, un hecho que tildó de “malintencionado”, al sostener que, en su opinión, “el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”.
Es importante señalar que esta medida, dada a conocer hoy y que ha provocado diversas críticas, fue ratificada por el Ministerio de Justicia, que aseguró que todos esos procesos se realizaron conforme a la normativa vigente.
Arenas reafirmó la línea del Gobierno y calificó la difusión como “bastante malintencionada”, criticando la lectura de la prensa que sugiere que esas resoluciones obedecerían a un afán del Ejecutivo por beneficiar a los condenados.
El nuevo vocero sostuvo que la publicación en los medios “implica una supuesta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales”, y subrayó que esa interpretación no se ajusta a la realidad.
En ese sentido, explicó que las rebajas de pena responden a un trámite respaldado por la ley y afirmó que su aplicación no depende de una decisión arbitraria de la autoridad.
Se trata de un procedimiento previsto en la normativa y no de una actuación discrecional de la autoridad, dijo, insistiendo en que si las personas reúnen los requisitos legales y las comisiones encargadas lo aprueban, el Ejecutivo está limitado a tramitar esas solicitudes.
“No estamos ante una cuestión de gustos, sino ante algo que ya está establecido por la ley. Es un derecho y no actuamos como un gobierno arbitrario, añadió.
Arenas manifestó que esas solicitudes corresponden a casos anteriores a la reforma legal de 2022, la cual prohíbe las rebajas de penas para condenados por delitos sexuales, por lo que insistió en que no se trata de una actuación arbitraria porque la ley no es retroactiva y no puede invalidar esas peticiones.
Recordó que en 2022 se modificó la ley para prohibir de forma específica las rebajas en delitos sexuales y puntualizó que ninguno de esos decretos se refiere a hechos cometidos con posterioridad a esa reforma.
Para terminar, entregó su respaldo al ministro Fernando Rabat frente al anuncio del PC sobre una posible interpelación por este caso.
Aseguró que el ministro de Justicia cuenta con los antecedentes de cada caso, con nombres, delitos y detalles, y ante la posibilidad de ser citado o interpelado en la Cámara de Diputados afirmó que el Ministerio no tiene nada que ocultar y que, por el contrario, el proceso fue intachable, sentenció.
