El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió las 56 reducciones de pena por delitos sexuales contra menores que se otorgaron durante la administración de José Antonio Kast y afirmó que obedecen a la “doctrina de la Corte Suprema”, además de admitir que en estos expedientes quienes resultaron beneficiados no acudieron a tribunales para solicitarlas.
La explicación dejó una incógnita: ¿el ministerio estaba acatando mandatos judiciales emitidos para esos casos o decidió, mediante un acto administrativo, aplicar el criterio fijado en sentencias previas?
Por su parte, la presidenta del máximo tribunal, Ana Gloria Chevesich, manifestó no tener datos sobre lo ocurrido y evitó entregar una valoración al respecto.
Rebajas de condena por delitos sexuales: Rabat afirma que siguieron doctrina de la Suprema
Los antecedentes revelados por Interferencia dan cuenta de que el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos de reducción de pena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. Fuentes consultadas por ese medio sostienen que ninguna de esas rebajas se otorgó a partir de un recurso de amparo u otro trámite judicial.
Ante las consultas sobre esas resoluciones, el ministro Fernando Rabat las relacionó con la “doctrina de la Suprema” y recordó la reforma legal de 2022 que dejó fuera del beneficio a quienes cometen estos delitos, además de referirse a los recursos presentados contra la negativa a concederlas:
“La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio —incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, afirmó.
Al preguntársele si el Gobierno coincidía con esa interpretación, respondió: “El gobierno no comenta los fallos judiciales”.
Frente a la observación de que se trataba de decisiones administrativas, el titular de Justicia reiteró que eran consecuencia de pronunciamientos judiciales.
“No, señor, es un fallo judicial pronunciado por recursos de amparo de la Corte Suprema”, dijo. Añadió que “usted tiene que cumplir las sentencias judiciales a través de un acto administrativo”.
Rabat afirma que siguieron “doctrina de la Suprema” en rebaja de condena por delitos sexuales
La cuestión volvió a ponerse sobre la mesa: según lo publicado, las 56 reducciones de pena no provinieron de recursos presentados por los beneficiarios, sino que fueron aprobadas de manera directa por el ministerio.
“Claro, y lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, respondió Rabat.
Al ser consultado sobre la corrección del procedimiento, afirmó: “Pero evidentemente usted tiene que acatar la doctrina que establece la Corte Suprema”.
También le preguntaron si no sería más adecuado que los abogados de los favorecidos recurrieran a los tribunales. El ministro sostuvo de nuevo su postura: “Pero ya lo estableció la Corte Suprema por la vía de recursos de amparo”.
Sobre por qué esas decisiones no se habían dado a conocer públicamente, respondió: “Pero cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos”.
Chevesich: “No he tenido información”
Interpelada acerca de las rebajas, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, indicó que no disponía de información sobre los antecedentes que se dieron a conocer.
“¿Ah, rebajas de condenas? Pero ¿en virtud de qué?”, preguntó.
Chevesich contestó de forma cautelosa, sin ratificar los hechos ni avalar la metodología que describió el ministro.
“Bueno, pero en todo caso, es una facultad… si es efectivo lo que tú me estás diciendo, el ministerio tendrá facultades y está ejerciendo la facultad a su respecto, no sé, en realidad”, señaló.
Las reducciones provocaron críticas de varios legisladores. Jaime Mulet las definió como un “indulto parcial”, Lorena Fries puso en duda su coherencia con el mensaje de seguridad del Gobierno, y Jorge Guzmán reprochó que se otorgaran sin pasar por los tribunales, afirmando que “eso no debió haber ocurrido”.
