El Ejecutivo argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró este jueves como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa de México y a las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada hoy en el Boletín Oficial, incorpora además a otras dos agrupaciones: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones.
Asimismo, el Gobierno ordenó la inscripción de las cinco organizaciones en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el propósito de mejorar la detección temprana y facilitar el intercambio de información entre las autoridades argentinas y las de otros Estados.
La norma sostiene que la dimensión transnacional de estos grupos, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas constituyen riesgos para “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”.
La rúbrica de Milei en el comunicado oficial
En ese marco, la Oficina del Presidente difundió este miércoles un comunicado rubricado por Milei en el que adelantó la medida.
El texto califica al Cártel de Sinaloa como una “organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, al contrabando, a los secuestros extorsivos y a otras actividades delictivas”.
Asimismo, indicó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo habían catalogado como organización terrorista.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, el comunicado señaló que se dedica al “tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal”, mientras que describió a Los Tiguerones como una agrupación dedicada al “narcotráfico y el sicariato” y la calificó como una de las organizaciones “más violentas de la región”.
Con respecto a las FARC-EP y el ELN, las calificó como “organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda”.
La medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana.
