El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por supuesto fraude al fisco en el caso Junaeb, sin identificar de forma individual a los políticos investigados. Abogados advierten que la Fiscalía puede atribuir nuevas responsabilidades y que la acción judicial podría ampliarse conforme avance la investigación.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por presunto fraude al fisco en el marco del caso Junaeb, que indaga supuestas irregularidades en contratos del servicio de alimentación escolar. Sin embargo, la presentación no identifica a los políticos vinculados a la pesquisa y, según conoció La Radio, fue formulada en términos generales contra quienes resulten responsables.
En la indagación aparecen los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el abogado y lobista Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro” y patrocinado por Samuel Donoso. No obstante, sus nombres no figuran como querellados, lo que plantea interrogantes sobre las consecuencias judiciales.
El académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, explicó que esa omisión no impide que la Fiscalía avance con la investigación ni que impute a personas concretas, dado que es el Ministerio Público quien dirige la persecución penal.
“El Consejo de Defensa del Estado actúa únicamente como un querellante cuyo papel es, por decirlo de alguna manera, colaborar con el fiscal. Por eso, más allá de lo que el Consejo formule o no formule, el fiscal puede adoptar las medidas pertinentes e imputar a quien estime conveniente”, sostuvo.
La querella también faculta al CDE para intervenir activamente en la investigación y pedir diligencias destinadas a determinar el posible perjuicio al erario. Asimismo, el escrito plantea indagar eventuales delitos de soborno y cohecho.
El abogado y académico de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, señaló que el Consejo podría ampliar su acción contra otras personas si surgen nuevos antecedentes en el transcurso de la investigación.
“A medida que avance la investigación por parte del órgano persecutor, esto podría variar en el futuro. De hecho, el propio Consejo de Defensa del Estado podría, más adelante, ampliar la querella presentada”, explicó.
Entre las diligencias del caso figura el examen de dispositivos electrónicos incautados a algunos investigados. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó límites para revisar comunicaciones privadas no vinculadas con los hechos, sin obstruir el análisis de información pertinente.
Por su parte, el docente de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, subrayó que la acción busca también precisar los montos involucrados y podría facilitar la recuperación de fondos públicos. Además, advirtió que una eventual condena por fraude al fisco implicaría penas de cárcel.
“Estamos hablando de alrededor de 14.000 millones de pesos que, según los informes de Contraloría, no se habrían incorporado. Eso podría configurar un fraude al fisco agravado. En tal caso, las sanciones considerarían penas que van, en principio, desde 5 años y un día hasta 10 años”, afirmó.
Por ahora no hay responsabilidades penales establecidas. La investigación deberá determinar el destino de los recursos, las posibles gestiones irregulares y si aparecen nuevos antecedentes que involucren a otros participantes en esta trama.
