La Contraloría General de la República (CGR) determinó la responsabilidad administrativa del alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, al concluir un sumario que indagó apuestas realizadas en el casino de juegos de Viña del Mar.
Esos antecedentes constan en una resolución exenta fechada el 25 de agosto de 2026, mediante la cual el organismo fiscalizador aprobó el sumario administrativo instruido.
La pesquisa del órgano contralor se inició tras revisar información remitida por la Suerintendencia de Casinos de Juego en el marco de la fiscalización a funcionarios públicos, relacionada con transacciones asociadas a juegos de azar efectuadas entre enero de 2024 y junio de 2025.
Esa resolución fue enviada al Concejo Municipal de Los Ángeles para que los ediles conozcan la información y adopten las medidas que correspondan según las atribuciones legales que les competen, explicó la concejala Oriana Offerman.
“Es el artículo 10, letra B, de la Ley 19.995, Ley de Casinos, el más determinante, porque establece de manera explícita que los alcaldes no podrán, ni por sí mismos ni por otra persona, realizar apuestas en los juegos de azar desarrollados en casinos de juego”, aseveró.
“Ante el Concejo Municipal, los concejales hemos conocido los resultados de esta indagación de la Contraloría. Sin embargo, el ente fiscalizador rechazó todos y cada uno de los argumentos presentados por la defensa del alcalde”, subrayó.
La concejala Offermann señaló que los concejales deberán ahora evaluar las medidas posibles conforme a lo dictaminado por la Contraloría.
“La instrucción que la Contraloría nos entregó ayer a los concejales de Los Ángeles, mediante esta correspondencia, es precisa: en un plazo no superior a 20 días hábiles debemos informar a ese organismo cuál fue la decisión de este cuerpo colegiado, es decir del Concejo Municipal de Los Ángeles, si presentar o no un requerimiento al Tribunal Electoral Regional (TER) y, en caso afirmativo, qué sanción solicitar”, detalló.
Sobre esto, el Municipio de Los Ángeles informó desde su departamento de comunicaciones que presentó una impugnación a lo revelado por la CGR, la cual, según su respuesta, aún no ha sido resuelta y, por tanto, la resolución comunicada a los concejales no tendría carácter firme ni ejecutoriado.
