Un torrente de propuestas legislativas provocó en el Congreso un intenso debate por las reducciones de pena concedidas a violadores y abusadores sexuales de menores. En cuestión de días, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición comunicaron cinco iniciativas para acotar esos beneficios, aunque algunas fórmulas podrían chocar con obstáculos legales. Es una ofensiva de corte transversal que también plantea dudas sobre la eficacia de las medidas y el riesgo de que compitan entre sí.
La controversia por las rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores desencadenó una auténtica carrera legislativa en el Parlamento. En pocas horas, diputados y senadores de diversos sectores comenzaron a dar a conocer propuestas para impedir que los responsables de esos delitos accedan a beneficios penitenciarios.
Hasta ahora son cinco las iniciativas conocidas. Unos proyectos pretenden cambiar las reglas de aplicación temporal de la norma, otros eliminar exenciones y reforzar mecanismos de control. Todas buscan limitar las rebajas de pena, pero no necesariamente ofrecen respuestas directas para los 56 casos que encendieron la polémica.
La ofensiva llega mientras el Ministerio de Justicia es cuestionado por haber otorgado estos beneficios a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, respaldándose en la interpretación que la Corte Suprema ha hecho de la normativa vigente.
El nudo del problema para los legisladores es que varias propuestas apuntan justamente a alterar las reglas que permitieron esas decisiones, lo que abre un debate sobre los límites constitucionales de imponer nuevas restricciones a hechos cometidos antes de 2022.
La carrera por presentar proyectos
Una de las primeras iniciativas partió desde la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón, que propuso una reforma constitucional para cambiar las normas de aplicación temporal de los beneficios penitenciarios.
El texto plantea que las reducciones de condena se rijan por la ley vigente al momento de decidir su otorgamiento. Además, incluye la posibilidad de dejar sin efecto ciertos beneficios concedidos administrativamente en los seis meses previos a la entrada en vigencia de la reforma.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider también dio a conocer un proyecto para impedir que quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores puedan obtener estas rebajas amparándose en interpretaciones de la normativa anterior a 2022.
En el Senado, por su parte, Arturo Squella comunicó una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, destinada a garantizar la efectiva aplicación de la exclusión de estos beneficios. Los senadores buscan sumar apoyos de otros sectores y pidieron al Ejecutivo que le entregue la máxima urgencia legislativa.
Junto a los senadores Longton, Flores, Bianchi y Squella, hemos decidido presentar un proyecto de ley para asegurar la efectiva aplicación de la exclusión del beneficio de reducción de la pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
La seguridad de los chilenos y la imperiosa necesidad de poner por delante a las víctimas, nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia política y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar mayor protección a las personas. Esperamos se puedan sumar a esta iniciativa más parlamentarios representantes de todos los sectores políticos, para darle una rápida tramitación y el gobierno respalde la iniciativa con la máxima urgencia legislativa.
— Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) October 22, 2026
A la lista se sumó la diputada Marlene Pérez, quien anunció un proyecto para aplicar la prohibición también a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022.
La legisladora tiene programado reunirse este jueves con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para evaluar la factibilidad jurídica de su iniciativa.
La quinta propuesta llegó de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que propone suprimir una excepción incluida en la Ley 19.856 vinculada a la aplicación del artículo 73 del Código Penal.
A diferencia de otras iniciativas, el cambio sustantivo propuesto por Núñez tendría efecto únicamente para delitos cometidos después de la publicación de la nueva ley. Su proyecto también exige mayor fundamentación y controles al momento de conceder reducciones de pena.
El obstáculo de la retroactividad
La multiplicación de proyectos responde, en buena medida, a las 56 rebajas de condena otorgadas entre marzo y septiembre a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El Ministerio de Justicia ha defendido esas resoluciones sosteniendo que se ajustan a la interpretación de la Corte Suprema sobre la Ley 19.856, que permite reducciones por conducta destacada.
Aunque en febrero de 2022 la ley fue reformada para excluir de este beneficio a condenados por ciertos delitos sexuales contra menores, la Corte Suprema ha concluido en fallos distintos que esa prohibición no puede aplicarse de forma retroactiva a hechos previos a su vigencia.
Ese criterio sustenta la postura del ministerio encabezado por Fernando Rabat, pero no ha logrado acallar las críticas en el plano político.
De hecho, uno de los antecedentes que alimenta la controversia es que las 56 solicitudes fueron acogidas administrativamente, sin necesidad de que los condenados recurrieran previamente a los tribunales.
En ese contexto, las iniciativas que buscan extender la prohibición a delitos anteriores a 2022 podrían hallar reparos constitucionales, especialmente por las normas que impiden la aplicación retroactiva de disposiciones penales más gravosas.
La complicación es significativa porque un cambio legal eventual no asegura la reversión de los beneficios ya otorgados, ni impide de forma automática que se aprueben nuevas solicitudes por hechos anteriores a la reforma.
La iniciativa de Núñez, por ejemplo, esquiva ese escollo al limitar sus efectos al futuro, aunque tampoco daría una solución inmediata a los casos que motivaron la polémica.
De ese modo, aunque existe un consenso político en la intención de restringir las rebajas, las discrepancias surgen al definir el mecanismo y los efectos concretos de las reformas propuestas.
La presión sobre Rabat y el riesgo de dispersión
El aluvión de iniciativas ha venido acompañado además por una batería de acciones de fiscalización contra el Ministerio de Justicia.
El Partido Comunista anunció en primera instancia una interpelación al ministro Fernando Rabat, aunque luego decidió priorizar una sesión especial de la Cámara para tratar las rebajas de condena, sin descartar avanzar posteriormente con la interpelación.
Por su parte, la presidenta del Senado solicitó al secretario de Estado antecedentes sobre los criterios empleados para conceder los beneficios, las normas aplicadas y los procedimientos de verificación de requisitos.
Esas diligencias aumentan la presión sobre el Ejecutivo, que debe explicar las decisiones adoptadas y decidir si respalda alguna de las iniciativas presentadas.
En el Parlamento, además, la multiplicidad de propuestas plantea otro reto: evitar que proyectos con objetivos parecidos terminen dispersando el debate o impidan alcanzar un acuerdo transversal.
Por ahora no está confirmado que las cinco iniciativas hayan sido formalmente ingresadas a tramitación, a pesar de los anuncios de sus promotores.
El escenario tiene una particularidad política: legisladores de distintas bancadas compiten por ofrecer respuestas a una controversia que generó rechazo generalizado, pero varias de esas soluciones aún deben superar el filtro de su viabilidad jurídica.
El peligro es que la rapidez con que se han anunciado medidas contraste con las dificultades para transformarlas en normas efectivas.
Mientras el Congreso suma iniciativas para impedir nuevas rebajas de condena, permanece la duda sobre si los 56 beneficios que desataron la polémica fueron resultado inevitable de la ley vigente o si existía margen para manejarlos de otra manera.
Una pregunta que, por ahora, no queda resuelta con la presentación de nuevos proyectos.
