El Gobierno reiteró su defensa de las 56 reducciones de pena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales, incluidos abusos y violaciones a menores, asegurando que las decisiones se ajustan a la normativa vigente.
En esta ocasión fue la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien respaldó la actuación del Ejecutivo en medio de las críticas por la firma de los decretos sin que mediara una orden judicial previa en esos casos.
«Quiero ser muy clara: este Gobierno trabaja por la protección de la infancia, como lo ha hecho desde el primer día. El ministro de Justicia ya señaló que el Gobierno está cumpliendo con la ley, pero siempre estaremos disponibles para evaluar mejoras legislativas», sostuvo.
La secretaria de Estado fue consultada en varias ocasiones sobre la decisión de la administración del presidente José Antonio Kast de otorgar las rebajas de forma directa, en lugar de rechazar las solicitudes y esperar eventuales pronunciamientos de los tribunales.
No obstante, Wulf evitó explicar concretamente por qué el Ejecutivo optó por firmar los decretos, limitándose a reiterar que el Ministerio de Justicia actuó conforme a la normativa.
Gobierno respalda rebajas y apunta a la administración anterior
En el intercambio con la prensa, la ministra también hizo alusión a las reducciones de penas registradas durante el gobierno anterior.
«Insisto: el ministro de Justicia en esto ha sido muy claro. Se está cumpliendo con la ley. Y entiendo que en la administración anterior hubo 276 casos en los cuales se aplicó una rebaja de condena», afirmó.
En ese sentido, añadió que «lo que debe cumplir un gobierno es justamente la institucionalidad, la Constitución, y estar abierto a las mejoras legislativas».
La controversia surgió al conocerse que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, dictó 56 decretos de reducción de penas entre marzo y septiembre de este año, correspondientes a 27 casos de abuso sexual de menores y 29 de violación.
La cartera ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte Suprema impide aplicar con efecto retroactivo la restricción incorporada en 2022, que excluyó de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, los 56 decretos no respondieron a órdenes específicas del máximo tribunal, sino a una decisión administrativa del Ministerio de Justicia basada en criterios establecidos en fallos anteriores.
Precisamente, ese cambio de criterio ha sido cuestionado por el exministro Jaime Gajardo, quien aseguró que durante la administración previa se rechazaban las solicitudes y solo se concedían las rebajas cuando existía una resolución judicial que así lo ordenara.
Ministra evita comprometer respaldo a proyecto que busca impedir beneficios
También consultaron a Wulf sobre un proyecto de ley que busca impedir que condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores puedan acceder a estos beneficios.
Frente a la pregunta de si el Gobierno patrocinará la iniciativa, la ministra tampoco ofreció un compromiso de respaldo.
«El Gobierno siempre tendrá la disposición a mejorar la ley, y en esto es algo que involucra al presidente de la República», respondió.
En cambio, subrayó que este viernes el Ejecutivo presentará un proyecto de ley orientado a enfrentar la explotación sexual infantil, especialmente en residencias de protección.
«Estamos viendo que hay niñas en las residencias, adolescentes, que están siendo abordadas por mafias. Los equipos de las residencias tienen que enfrentarse a estas mafias. Necesitamos coordinación», advirtió.
La iniciativa forma parte del Plan Chile Cuida a los Niños y, según explicó la secretaria de Estado, busca entregar nuevas herramientas para prevenir y enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
A pesar de los cuestionamientos por las rebajas de condenas, Wulf insistió en que «este Gobierno trabaja por y para los niños de nuestro país, siempre bajo el marco legal».
