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El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó las reducciones de pena por delitos sexuales contra menores otorgadas por la administración vigente y aseguró que hubo un giro en el criterio respecto del gobierno de Gabriel Boric.
En diálogo con BioBioChile, dijo que mientras estuvo al mando esas peticiones eran denegadas y la cartera las sostenía en los tribunales. Cuando los condenados apelaban y lograban un fallo favorable, el ministerio acataba la resolución. En cambio, la administración actual está aprobando las rebajas de forma directa, basándose en la interpretación de sentencias previas.
“Pero ahora… ahora cambiaron el criterio”, dijo Gajardo. Su crítica fue contundente: “Lo que ellos hacen es facilitarle la vida a los delincuentes”.
La reforma de 2022 sobre las rebajas de pena
La controversia estalló cuando se dio a conocer que el Ministerio de Justicia otorgó 56 reducciones de pena por delitos sexuales contra menores en el período del gobierno actual. La cuestión central es por qué se concedieron estos beneficios si la reforma de 2022 había excluido a quienes fueron condenados por ciertos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La cartera a cargo de Fernando Rabat afirma que la interpretación sostenida y repetida de la Corte Suprema impide que esa exclusión rija para delitos perpetrados con anterioridad al 9 de febrero de 2022. En su visión, cuando se cumplen los demás requisitos legales procede otorgar la reducción.
Ante ese panorama, el exministro Jaime Gajardo dijo que su gestión sostenía otra interpretación: entendía que la reforma normaba beneficios penitenciarios de índole administrativa y procesal, por lo que debía aplicarse desde su vigencia, aun en solicitudes relacionadas con hechos previos.
“Es una discusión jurídica, y además incluso el criterio de la Suprema puede cambiar”, señaló Gajardo, quien remarcó que existieron cortes de apelaciones que coincidieron con la postura del ministerio.
Gajardo critica que Justicia deje de respaldar los rechazos
En la mañana, el actual ministro Fernando Rabat afirmó que la cartera adoptó “la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”. Más tarde, Justicia indicó a este medio que aplicar esa jurisprudencia evita forzar a los solicitantes a volver a acudir a los tribunales y demorar beneficios que, según su lectura, corresponden por ley.
Gajardo desestimó ese razonamiento. A su parecer, la cartera debía sostener las negativas y litigar en tribunales, ya que los fallos pueden modificarse:
“Las sentencias de la Corte cambian. O sea, la jurisprudencia en Chile no es un precedente”, sostuvo. Añadió que “así como un día acogen los amparos, al día siguiente te los pueden rechazar”.
El exministro igualmente criticó la postura de la actual administración: “Ellos están asumiendo el alegato de los defensores de los violadores de niños… Entonces, es como el mundo al revés”.
Las cifras durante el gobierno de Boric: “Nuestro criterio era rechazar”
Gajardo puso en duda asimismo la comparación de Emol, que señaló que en los últimos cinco años se otorgaron 332 reducciones de pena y que 276 ocurrieron durante el mandato de Gabriel Boric. Su crítica es que esos datos no separan las aprobaciones directas de las que se otorgaron tras una orden judicial.
“Así que omiten esa distinción y solo afirman que se concedieron todas esas rebajas de condena”, criticó.
Según el exministro, tanto el gobierno de Sebastián Piñera, en los últimos meses de su mandato, como el de Boric aplicaron la exclusión introducida en 2022: “Nuestro criterio era muy estricto. La ley entró en vigor en 2022 y desde entonces rechazábamos.” Si alguien optaba por apelar, que lo resolviera la Corte, pero nuestra directriz era negar estas solicitudes”, afirmó.
Añadió que no todos los condenados interpuso recursos y que Justicia defendía sus resoluciones ante las cortes. Por ello, estima que comparar las cifras totales sin detallar ese proceso omite una diferencia clave.
“Por eso el Ministerio rechazaba las reducciones, porque ese es el objetivo de la ley: que las personas que hayan cometido estos delitos no tengan reducciones de condena. De ahí la gravedad de que ahora el Ministerio las acepte sin más”, concluyó.
