El Comité de Diputadas y Diputados del Partido Comunista e Independientes pedirá una sesión especial de la Cámara para determinar las responsabilidades del Gobierno por las reducciones de pena aplicadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La iniciativa será el primer paso de una ofensiva fiscalizadora que mantiene la posibilidad de interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Actuar primero y dejar la interpelación como opción posterior. Ese es el planteamiento que adoptó el Partido Comunista para abordar la polémica generada por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual infantil durante la administración del presidente José Antonio Kast.
Si bien en un inicio los parlamentarios comunistas anunciaron su intención de presentar una interpelación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la jornada decidieron dar prioridad a convocar una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sin embargo, la opción de interpelar continúa siendo viable y podría activarse más adelante, según las aclaraciones que entregue el Ejecutivo y si éstas permiten despejar la controversia.
La iniciativa la liderará el diputado Marcos Barraza, miembro de la Comisión de Constitución y subjefe del Comité PC e Independientes.
De acuerdo con documentos difundidos por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre se promulgaron 56 decretos exentos que aplicaron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
Estas reducciones corresponden a beneficios establecidos por un trámite administrativo previsto en la ley, y no constituyen indultos presidenciales, como han sostenido algunos legisladores.
Barraza consideró los hechos de extrema gravedad y puso el acento en la responsabilidad política del Ejecutivo.
“El gobierno ha superado un borde inadmisible. Conceder indultos a personas condenadas por violación o agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes carece de toda justificación. Están del lado de los atacantes y no del lado de las víctimas”, afirmó.
PC mantiene la interpelación a Rabat como posibilidad
Solicitar primero la sesión especial altera la secuencia prevista de las medidas fiscalizadoras del PC, pero no significa renunciar a la posibilidad de interpelar en el futuro.
En ese sentido, el diputado Bernardo Salinas puso en duda la actuación del ministro Rabat y sostuvo que, más allá de las facultades legales, es necesario dar cuenta de las repercusiones de estas determinaciones.
“El ministro debe explicar, por encima de la norma y de la potestad que haya ejercido, que esto representa una de las peores señales que un país puede enviar al respecto”, aseguró.
Salinas además planteó dudas sobre posibles decisiones futuras del Ejecutivo en relación con condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco.
A las críticas se incorporó la diputada Irací Hassler, que señaló una discrepancia entre el discurso gubernamental sobre seguridad y los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales.
“Este Gobierno asumió con promesas de mayor seguridad y penas más severas para los delincuentes, pero ahora, lamentablemente, pretenden abrir un camino para la liberación de los peores delincuentes del país”, sostuvo.
Por su parte, el ministro Rabat ha indicado que las reducciones obedecen a criterios fijados por la Corte Suprema relativos a la aplicación de cambios legales que dejaron fuera de estos beneficios a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, la información divulgada apunta a que ninguna de las 56 disminuciones de pena habría surgido de un recurso judicial presentado directamente por los favorecidos.
De este modo, el PC intentará que el Ejecutivo entregue aclaraciones en la sesión especial, dejando la interpelación como alternativa si las respuestas no resultan satisfactorias.
