La Defensoría de la Niñez declaró su rechazo ante la entrega de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes. El organismo señaló que solicitará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes que se tuvieron a la vista para modificar el criterio histórico de la cartera, que hasta ahora había negado la concesión de beneficios en estos casos.
Según el comunicado de la Defensoría de la Niñez, un punto que exige especial atención es que desde febrero de 2022 la ley establece de manera expresa la exclusión de beneficios para determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Por ello, el organismo considera esencial que el Ministerio de Justicia explique por qué se autorizaron estas rebajas y qué acciones se están tomando para garantizar la protección de las víctimas.
El comunicado indica que hay disputas jurídicas vinculadas a hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.421, las cuales pueden ser resueltas legítimamente por los tribunales. No obstante, añade que la aplicación de un criterio general que concede beneficios supone una vulneración de los derechos de NNA víctimas de delitos de carácter sexual.
Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que «estos antecedentes resultan preocupantes y exigen una explicación clara por parte del Ministerio de Justicia. Desde 2022 existe una ley que excluye a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de recibir este tipo de beneficios».
Protección de los derechos de las víctimas
Quesille añadió que «detrás de estas sentencias hay víctimas que merecen acceso a la justicia, protección y reparación. El Estado tiene la obligación reforzada de garantizar esos derechos y debe actuar con máxima rigurosidad cuando toma decisiones que pueden disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad de personas condenadas por delitos tan graves. La protección de las víctimas debe ser el eje central de las decisiones estatales».
El defensor también sostuvo que «no podemos olvidar que el Estado de Chile, independientemente del gobierno de turno, ha ido avanzando en materia de protección frente a la violencia sexual contra la infancia». En ese sentido, mencionó que se tipificó el delito de explotación sexual, se declaró la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, se implementó la ley de entrevistas videograbadas, se promulgó la Ley de Garantías y el gobierno recientemente aprobó el Marco para la Acción en materia de explotación sexual, entre otras iniciativas.
«Por ello, otorgar beneficios de esta naturaleza supone, en nuestra opinión, un retroceso para la protección efectiva de la niñez», explicó Quesille.
El organismo señaló que mantendrá el seguimiento de esta situación y que, una vez recabados los antecedentes, evaluará las medidas que correspondan dentro de sus facultades legales.
La Defensoría de la Niñez reiteró la exigencia de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregue los antecedentes que se tuvieron en consideración para modificar el criterio histórico de la cartera, que hasta ahora rechazaba conceder beneficios en estos delitos.
