Este viernes, la Policía de Investigaciones anunció un duro golpe contra los servicios IPTV ilegales en el país, al desmantelar una red que transmitía de forma ilícita señales de televisión por internet. El operativo también puso al descubierto las enormes sumas de dinero que obtenían con esa actividad.
La investigación fue encabezada por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (BRILAC) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente.
De acuerdo con los antecedentes presentados hoy, la organización habría comercializado suscripciones que permitían acceder a retransmisiones televisivas ilegales mediante plataformas IPTV.
4 mil millones recaudados por suscripciones
En el marco de las diligencias del caso se revisaron más de 150 cuentas bancarias, lo que permitió establecer ingresos superiores a 4 mil millones de pesos por concepto de suscripciones.
En el operativo se concretaron inicialmente 15 detenciones; posteriormente se sumó un nuevo imputado, por lo que son 16 las personas aprehendidas hasta el momento en la investigación.
Las aprehensiones se realizaron tras allanamientos en distintos inmuebles de la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía, ejecutados por los equipos especializados.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la coordinación entre el Ministerio Público y la PDI, indicando que se pudo establecer la existencia de una estructura criminal integrada por familiares, amigos y conocidos que operó ilícitamente desde 2018, comercializando conexiones de televisión mediante testaferros y acumulando un patrimonio ilegal de gran magnitud.
Incautaciones millonarias
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, señaló que los imputados serán formalizados por diversos delitos, entre ellos infracciones a la ley de propiedad intelectual y a la ley de telecomunicaciones, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios, dado que no habían iniciado actividades. Añadió que el grupo sustraía y decodificaba la señal para venderla a las víctimas a través de empresas fachada inexistentes.
Parra también detalló que se produjo la incautación de cuatro vehículos de alta gama y una avioneta, que existe un patrimonio importante y que el perjuicio supera los 4 mil millones de pesos. Además, indicó que aproximadamente 400.000 personas contrataron estos servicios desde 2018, lo que amplifica el número de afectados, complementó la fiscal.
