El exministro de Justicia José Antonio Gómez criticó la gestión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, tras las 56 rebajas de condena —incluidas las concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores— que provocaron una polémica en el Gobierno. A su juicio, Rabat debió impugnar las solicitudes ante los tribunales y señaló que los beneficios ya concedidos y notificados no pueden dejarse sin efecto.
En diálogo con Radio Bío Bío, Gómez afirmó que el secretario de Estado tenía que acudir a la justicia para debatir la interpretación de la ley, en vez de seguir el criterio aplicado en sentencias anteriores de la Corte Suprema.
“Yo creo que en este caso el ministro debió haber impugnado la libertad, haber ido a los tribunales y convencer a los tribunales a través de la interpretación de la ley, como lo tratamos de hacer nosotros tiempo atrás”, declaró.
El exministro recordó que, al volver al Ministerio de Justicia en 2015, encontró numerosos decretos de rebaja de condena y optó por rechazarlos, pues estimó que no se había demostrado el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley.
De acuerdo con su relato, esa determinación dio lugar a cerca de 500 recursos de amparo contra el ministerio, interpuestos por personas condenadas por delitos graves, como violaciones y homicidios.
Admitió, no obstante, que los tribunales no respaldaron esa estrategia.
“Nos fue mal, pero ha cambiado la Corte y ha cambiado también la visión respecto a las penas”, señaló. Añadió que hoy hay ministros del máximo tribunal que sostienen una interpretación diferente sobre la concesión de estos beneficios.
En ese escenario, consideró equivocada la actuación de Rabat, aunque reconoció lo complejo que resulta tomar decisiones de este tipo desde el Ministerio de Justicia.
“Creo que fue un error, debió haberlo hecho de otra manera, pero como digo, son decisiones políticas que uno toma en ese momento”, expresó.
Gómez sostiene que las rebajas ya concedidas no pueden revocarse
El exministro también se refirió a la opción de anular las rebajas de condena ya aprobadas, después de que el Gobierno comunicara que suspendería los decretos que seguían en trámite.
Al ser consultado por quienes ya obtuvieron su libertad gracias a esos beneficios, Gómez sostuvo que las decisiones notificadas no pueden revertirse.
“No, no hay ninguna posibilidad de retrotraer esto porque eso se notifica y ya eso sí que es un derecho”, afirmó.
Explicó que ese fue uno de los desacuerdos jurídicos durante su gestión: el Ministerio entendía que la rebaja era un beneficio sujeto a la firma del ministro, mientras que los tribunales la consideraban un derecho una vez satisfechos los requisitos legales.
En cuanto a la suspensión de nuevas rebajas, advirtió que la medida podría provocar nuevos litigios, ya que las personas condenadas cuyas solicitudes fueron aprobadas por las comisiones podrían presentar recursos de amparo.
“Probablemente aquellos que tienen el beneficio aprobado en la definición de la comisión van a ir de amparo”, pronosticó.
Por último, Gómez señaló que las reformas legales promovidas en el Congreso podrían enfrentar obstáculos para aplicarse de manera retroactiva. Por ello, propuso revisar el reglamento penitenciario y exigir que las comisiones expliquen explícitamente los motivos para conceder las rebajas.
En su opinión, esa medida haría más transparentes los criterios para otorgar los beneficios y permitiría reforzar la supervisión de decisiones que han situado al Ministerio de Justicia en el centro de la controversia.
