El exministro de Justicia Hernán Larraín se pronunció este viernes sobre la controversia por la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, un asunto que ha afectado al Gobierno del presidente José Antonio Kast.
En una declaración pública, el exsecretario de Estado del segundo mandato del fallecido expresidente Sebastián Piñera se refirió a los cuestionados beneficios concedidos durante administraciones anteriores.
“A raíz del debate surgido por la concesión de rebajas de condena a personas sentenciadas por violación o abuso sexual contra menores, diversos medios me han consultado reiteradamente sobre las decisiones que tomé al respecto como ministro de Justicia y Derechos Humanos del presidente Sebastián Piñera (2018-2022)”, explicó al inicio.
Sobre el tema, afirmó que “poco después de asumir, en 2018, recibí una petición para rebajar la condena de una persona sentenciada por violar a un menor de 14 años“.
Sin embargo, enfatizó: “Consideré que no correspondía conceder el beneficio y lo denegué. La persona afectada llevó el caso a tribunales y, poco después, me llegó un fallo judicial que ordenaba otorgarlo, al establecer que, si una persona condenada reunía las condiciones de la ley N° 19.856, el ministro debía conceder la rebaja“.
Entre 2022 y la actualidad se han otorgado 332 beneficios: 276 durante el gobierno de Gabriel Boric y 56 bajo la administración del actual presidente José Antonio Kast.
“La doctrina, apoyada en sucesivos fallos de la Corte Suprema, nos obligó a emitir los decretos respectivos, incorporando en cada uno los fundamentos de esas resoluciones. Así se dejó establecido que la autoridad no estaba tomando una decisión voluntaria, sino acatando una orden judicial“, recalcó.
“Debido a la gravedad del asunto, el 11 de noviembre de 2019 el Gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto de ley para excluir de la rebaja de condena a quienes cometieran delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, entre ellos violación, estupro y trata de personas con fines de explotación sexual”, sostuvo.
Indicó que la iniciativa recibió la aprobación del Congreso y fue promulgada el 28 de enero de 2022 como ley N° 21.421.
“Durante el debate legislativo se discutió si la exclusión regía únicamente para condenas futuras o también para las que ya se habían dictado. La discusión dejó en evidencia que, por ser un beneficio penitenciario y no una disposición penal, no correspondía aplicar el principio de irretroactividad“, explicó.
“El acta consigna: ‘respecto de la aplicación de la norma, manifiesta (el Ministro Hernán Larraín) que rige in actum, es decir, tiene aplicación inmediata, de acuerdo con el criterio del Tribunal Constitucional sobre libertades condicionales, según el cual quien solicita debe reunir los requisitos al momento de pedir el beneficio. Por consiguiente, una vez que entre en vigor la modificación legal, no podrán solicitarlo las personas condenadas por los delitos excluidos’”, añadió.
Según señaló, la historia de la ley establece que “no existe un derecho adquirido a la rebaja de condena: solo se tiene derecho al beneficio cuando se cumplen las disposiciones vigentes al momento de solicitarlo”.
También indicó que “al aplicarse posteriormente esta norma, la Corte Suprema adoptó criterios diferentes en sus fallos”.
“Al principio consideró que quienes habían sido condenados antes de la entrada en vigor de la ley podían acceder al beneficio y se los concedió. No obstante, en decisiones recientes cambió su postura y rechazó otorgarlo, al reconocer que la rebaja de condena no está sujeta al principio de irretroactividad penal. Ese criterio coincide plenamente con el sentido de la historia de la ley que promovimos para proteger la integridad de la niñez”, detalló.
Declaración Pública https://t.co/nbH5yGsGGh
— Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) October 23, 2026
La controversia que mantiene bajo presión a La Moneda ha centrado las críticas en el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Incluso, sectores de la oposición pidieron al presidente José Antonio Kast que destituya al secretario de Estado por las rebajas de condena concedidas a violadores de niños, niñas y adolescentes. Además, informaron que iniciarán la preparación de una posible acusación constitucional.
En una declaración conjunta, las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia y Partido Liberal instaron al mandatario a asumir la responsabilidad política por las determinaciones de su Gobierno.
“El presidente no es un espectador, sino que encabeza el Gobierno. El ministro Rabat ocupa el cargo porque fue nombrado por el propio mandatario”, afirmaron.
“Por esa razón, solicitamos al presidente Kast que saque al ministro Fernando Rabat de su puesto. La reacción del Gobierno hasta ahora ha sido tardía e insuficiente, además de irresponsable y jurídicamente equivocada. Es hora de asumir las consecuencias”, añadieron.
