El exministro de Justicia Jaime Gajardo respondió este viernes a los dichos del Gobierno en respaldo de Fernando Rabat. Esto, luego de que el Ejecutivo equiparara las reducciones de condena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores con decretos suscritos durante el mandato de Gabriel Boric.
Gajardo reprochó al subsecretario de Gobierno por haber entregado antecedentes parciales y afirmó que los dos casos presentan una diferencia esencial: según explicó, los decretos de su administración acataban fallos judiciales, mientras que los beneficios actuales habrían sido otorgados directamente por el Ministerio de Justicia.
“Desafortunadamente, el subsecretario de Gobierno no dio a conocer todos los antecedentes. Los decretos son distintos“, afirmó.
Indicó que el decreto firmado por él se emitió para dar cumplimiento a una resolución judicial, en contraste con el suscrito por Rabat, que habría concedido el beneficio por medio de una decisión administrativa.
“Hay un decreto firmado por el actual ministro de Justicia que concede de inmediato —y directamente— un beneficio a un delincuente que violó a un niño o abusó sexualmente de él”, cuestionó.
En ese sentido, afirmó que durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric se aplicaba una misma pauta para resolver este tipo de solicitudes.
“Cuando recibíamos una petición de un abusador sexual o de alguien que había violado a niños, niñas o adolescentes, rechazábamos la solicitud para reducir la condena”, aseguró.
El exsecretario de Estado agregó que, si los solicitantes acudían a los tribunales, el Ejecutivo defendía ante la justicia su decisión de denegar los beneficios.
“Hoy el Gobierno está dando antecedentes incompletos y confundiendo a la ciudadanía, lo que es sumamente grave“, acusó.
Gajardo pide revisar las 56 reducciones de condena
El exministro cuestionó además que el Ministerio de Justicia anunciara la suspensión de los trámites para reducir condenas, y sostuvo que el secretario de Estado no cuenta con atribuciones para adoptar esa medida.
“El ministro de Justicia no puede paralizarlos. Debe rechazar estas solicitudes“, manifestó.
También instó al presidente de la República a ordenar que se analicen los beneficios concedidos, para establecer si hay vías legales que permitan anularlos.
“Si el presidente no estaba informado, hoy debe pedirle al ministro de Justicia que examine todas las alternativas para revocar las reducciones de condena que se concedieron”, indicó.
Gajardo pidió asimismo que el Gobierno publique los 56 decretos cuestionados, pues, afirmó, aún no se conocen las razones que los sustentan.
“Hagan públicos los decretos, los 56, para que la ciudadanía pueda conocerlos, sepa quiénes son y revise debidamente los fundamentos que se consideraron”, planteó.
En ese marco, cuestionó que el Ejecutivo primero defendiera la legalidad de los procedimientos y luego informara que quedarían suspendidos.
“Si ayer eran impecables, ¿qué explica que hoy los suspendan?”, preguntó.
El exministro solicita disculpas a las víctimas
Para cerrar, Gajardo planteó que el Gobierno debe hacerse cargo de las reducciones de condena y llamó al ministro Rabat a disculparse con las víctimas y sus familias.
“En este país hay que asumir las responsabilidades políticas. La ciudadanía debe saber que cada persona responde por sus actos”, sostuvo.
De todas formas, reiteró que la prioridad debe ser reparar a quienes sufrieron las consecuencias de los delitos.
“A mi juicio, lo fundamental es que quienes firmaron estas reducciones pidan perdón a las familias de Chile”, concluyó.
