Según un informe del Migration Policy Institute (MPI), desde el inicio de su segundo mandato el Gobierno de Donald Trump ha deportado alrededor de 980.000 personas. El documento recoge los efectos de su política migratoria de mano dura, en un contexto en el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó de publicar cifras oficiales.
El análisis abarca desde el 20 de enero, fecha en que Trump asumió la presidencia, hasta el 31 de julio de 2026, y se fundamenta en datos públicos obtenidos mediante solicitudes a la Ley de Libertad de Información (FOIA), dado que el DHS dejó de difundir este tipo de estadísticas en enero de 2025.
Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo realizar “la mayor operación de deportación” en la historia del país, con la meta de alcanzar un millón de expulsiones al año.
El informe indica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ejecutaron en conjunto alrededor de 980.000 deportaciones.
Si se computa por año fiscal (de octubre a septiembre), la tasa equivale a unas 620.000 deportaciones en 2025 y cerca de 660.000 en 2026, según el estudio.
A pesar de que los cruces por la frontera con México están en niveles históricamente bajos, el informe señala que el 69 % de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera: unas 340.000 fueron devueltas directamente por la CBP y otras 340.000 fueron detenidas en la frontera y luego deportadas por ICE tras ser procesadas dentro del país.
La segunda administración Trump suma cerca de un millón de deportaciones en sus primeros 18 meses, según el Instituto de Política Migratoria. Sin embargo, el promedio anual sería menor al registrado durante el primer mandato de Obama.
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El 31 % restante, unas 300.000 personas, fueron inmigrantes arrestados en el interior de EE.UU., es decir, según el MPI, individuos que probablemente llevaban años residiendo en comunidades estadounidenses.
Las detenciones en el interior del país, que la administración Trump ha promocionado mediante videos en redes sociales y grandes operativos en ciudades como Chicago o Minneapolis, incrementaron su peso: pasaron de representar el 28 % de las deportaciones en 2025 al 34 % en el primer semestre de 2026 y al 39 % en julio, y su promedio mensual subió de 8.000 en los tres primeros meses del mandato a 19.000 entre mayo y julio de 2026.
Excluyendo las devoluciones fronterizas de la CBP, el estudio precisa que el 61 % de las personas deportadas por ICE (390.000) llevaba al menos dos años en el país y que el 15 % (90.000) tenía diez años o más de residencia.
En cuanto a los antecedentes penales, el informe apunta que el 71 % de los deportados con al menos dos años de residencia (280.000) nunca había sido condenado por un delito, y que entre quienes llevaban una década o más en el país, el 61 % (57.000) tampoco contaba con condenas.
Estos datos contravienen el mensaje de la Administración, que ha insistido en que su prioridad es deportar a personas con antecedentes criminales, a quienes califica como “lo peor de lo peor”.
En total, según el MPI, solo el 20 % (190.000) de las 980.000 deportaciones afectó a personas que habían sido condenadas por algún delito.
