Los países que integran la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) acordaron este viernes en Viena iniciar negociaciones para un protocolo sobre los delitos ambientales, una propuesta impulsada por ocho naciones latinoamericanas que valora la contribución de los pueblos indígenas en la lucha contra esos crímenes.
La resolución obtuvo un respaldo amplio, con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. La Untoc es, además, el único tratado mundial vinculante destinado a combatir el crimen organizado transnacional.
Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí figuraron entre los países que votaron en contra, mientras que la mayoría de los Estados europeos y latinoamericanos apoyaron el texto.
Brasil, uno de los países que impulsaron la propuesta, calificó la determinación como “histórica” y expresó su gratitud a la sociedad civil por los llamados a fortalecer la lucha contra los delitos que dañan el medioambiente.
Con esa resolución se establece un comité especial encargado de redactar un protocolo adicional a la Convención para enfrentar el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos y el manejo de residuos.
La iniciativa fue presentada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
La decisión pone en marcha el proceso negociador, aunque no aprueba el contenido del instrumento jurídico que se diseñará.
El rol de los pueblos indígenas
El documento reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar los esfuerzos de los Estados contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, conforme a las legislaciones nacionales.
Ese reconocimiento incorpora a las comunidades que habitan muchos de los territorios afectados como actores relevantes en la lucha contra esas actividades ilícitas.
La resolución advierte que los delitos ambientales no dañan solo los ecosistemas: también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
El reconocimiento de los pueblos indígenas aparece en el preámbulo de la resolución aprobada, que por ahora no define un mecanismo para su participación en las negociaciones; esa cuestión deberá resolverse durante el proceso.
Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía Occidental de la ONG Amazon Watch, dijo a EFE que se trata de una decisión histórica que brinda a la comunidad internacional la posibilidad de acordar respuestas coordinadas frente al delito ambiental transnacional.
Advirtió, sin embargo, que la medida solo será eficaz si se discute, diseña e implementa con la participación real de los pueblos indígenas, que son quienes protegen ecosistemas como la Amazonía.
Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo, en el sur de Colombia, señaló a EFE que son los pueblos indígenas quienes padecen en el terreno las consecuencias de estos delitos.
Dijo que están en los territorios y que enfrentan a diario las economías ilícitas y al crimen organizado con sus guardias, sistemas de monitoreo y saberes ancestrales.
“Sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay seguridad en la Amazonía”, afirmó Mojanasinsoy, que formó parte de una delegación de líderes amazónicos presente esta semana en la Untoc.
Por eso reivindicó que deben ser consultados durante la elaboración del protocolo.
Intentos de Estados Unidos por frenar la iniciativa
Una fuente con conocimiento de las negociaciones indicó que Estados Unidos presentó tres propuestas de enmienda destinadas a frenar la votación o retrasar el proceso, como limitar su financiación y aplazar decisiones por dos años, aunque ninguna de esas propuestas prosperó.
Los promotores de la resolución sostuvieron que, pese a la existencia de varios acuerdos internacionales relacionados con la protección ambiental, falta un instrumento universal que abarque los delitos medioambientales transnacionales.
El texto aprobado establece que el futuro protocolo deberá reforzar la prevención, la investigación, la persecución y el enjuiciamiento de esos delitos dentro del ámbito de actuación de la Untoc.
La resolución fija, además, dos límites: el nuevo instrumento deberá respetar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y evitar interferencias o duplicaciones con los acuerdos ambientales multilaterales existentes.
La Untoc cuenta actualmente con tres protocolos específicos, dedicados a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las armas de fuego.
Con lo aprobado en Viena se abre la vía para sumar un protocolo adicional centrado en las redes criminales que explotan y trafican con los recursos naturales.
