El Partido Socialista (PS) pidió al Gobierno que revise y deje sin efecto los decretos que beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por violaciones a los derechos humanos. La colectividad dirigió sus críticas contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, recordando su trayectoria como abogado defensor de Augusto Pinochet.
A través de un comunicado público, el PS calificó la situación como vergonzosa e inaceptable y responsabilizó políticamente al titular de la cartera por lo ocurrido.
“Es especialmente grave que estas decisiones procedan de un Ministerio de Justicia liderado por quien fue abogado defensor de Augusto Pinochet”, indicó el PS, poniendo de nuevo bajo escrutinio el pasado profesional del secretario de Estado.
La ofensiva del PS surge tras la información de que, entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos que favorecieron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
A esos antecedentes se sumó una investigación de BioBioChile que mostró que la cartera también otorgó reducciones de penas a dos internos de Punta Peuco, condenados por secuestro calificado y tortura, respectivamente.
Incluso, el propio ministro Rabat reconoció haber firmado ambos decretos.
PS pide responsabilidades por reducciones de pena a violadores
En su comunicado, el Partido Socialista denunció una contradicción entre las decisiones tomadas por Justicia y las promesas del Ejecutivo en materia de seguridad y protección de la infancia.
“El Gobierno aseguró que los niños serían una prioridad y que no habría beneficios para quienes fueran condenados por delitos graves. Hoy esas promesas quedan seriamente cuestionadas por decisiones que pueden abrir espacios para la impunidad”, sostuvo la colectividad.
En ese sentido, exigió que se transparenten los antecedentes que motivaron las resoluciones y que se determinen las posibles responsabilidades políticas y administrativas.
La polémica también generó un debate jurídico. Rabat ha defendido las decisiones de su ministerio argumentando que obedecen a la interpretación de la Corte Suprema sobre una reforma legal de 2022, la cual dejó fuera de este mecanismo a condenados por ciertos delitos sexuales contra menores.
Según la cartera, esa limitación no puede aplicarse con efecto retroactivo a hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la norma.
Aumenta la presión política sobre Rabat
El pronunciamiento del PS se suma a diversas iniciativas de sectores políticos que buscan aclarar las resoluciones del Ministerio de Justicia.
El Partido Comunista decidió solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para tratar las responsabilidades del Gobierno, dejando abierta la opción de interpelar posteriormente a Rabat.
En forma paralela, legisladores de Renovación Nacional presentaron una propuesta de reforma constitucional para modificar las normas sobre la aplicación temporal de estos beneficios penitenciarios.
De este modo, mientras el Ejecutivo defiende la legalidad de las resoluciones, la controversia sigue escalando en el plano político, con el Partido Socialista reclamando que se establezcan responsabilidades por las decisiones adoptadas.
