El ministro de Justicia, Fernando Rabat, admitió haber variado el criterio que aplicaba la administración precedente para resolver peticiones de reducción de penas a violadores y abusadores sexuales de menores. No obstante la controversia, afirmó que sostendría esa interpretación jurídica mientras la normativa vigente no sea modificada.
En diálogo con Meganoticias Prime, el secretario de Estado detalló que en un comienzo también negó este tipo de solicitudes, pero luego cambió de postura a raíz de fallos judiciales emitidos en marzo y abril.
“Yo también lo rechacé en un inicio, pero frente a las resoluciones pronunciadas en marzo y abril ajusté el criterio”, sostuvo.
Este reconocimiento confirma una variación respecto al modo de actuar durante el Gobierno de Gabriel Boric, periodo en que el Ministerio de Justicia negaba estas peticiones y remitía a los tribunales la posibilidad de anular las resoluciones vía recursos de amparo.
Rabat criticó esa práctica y acusó a la administración anterior de no abordar el problema, señalando que había 276 resoluciones judiciales que habían dejado sin efecto decisiones administrativas.
Rabat mantendrá ese criterio a pesar de la polémica
Ante la pregunta de qué procedería si llegara una nueva solicitud de reducción de pena por violación de menores, el ministro respondió que aplicaría de nuevo la misma interpretación jurídica.
“El 11 de marzo juré respetar la Constitución y la ley, por lo que seguiría resolviendo estas materias de la misma forma, ya que así las regula actualmente la Constitución y la ley”, contestó.
Cuando los periodistas insistieron en por qué no retornaba al criterio previo —rechazando las peticiones para que fueran decididas por los tribunales—, Rabat defendió su determinación.
“Por lo general, lo que hago es resolver los problemas y no derivárselos a otros”, afirmó.
Su argumento se basa en que la modificación legal de febrero de 2022, que dejó fuera de estos beneficios a condenados por ciertos delitos sexuales, no puede aplicarse con carácter retroactivo en perjuicio de hechos cometidos antes de su vigencia.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, ha señalado que cada caso debe ser analizado de manera individual y que las decisiones administrativas del ministerio no implican necesariamente una revisión judicial.
No obstante, Rabat afirmó que en este momento no tiene solicitudes pendientes de ese tipo y adelantó que el Ejecutivo promoverá cambios legislativos para evitar la repetición de situaciones similares.
Kast no conocía los casos concretos
Otra revelación de la entrevista alude al grado de conocimiento que tenía el presidente José Antonio Kast sobre las reducciones de pena.
Al preguntársele de forma directa si el mandatario estaba al tanto de los casos concretos, Rabat respondió que no, porque se trataba de resoluciones administrativas adoptadas por su ministerio.
“No estaban informados de esta situación, porque esas son decisiones que toma el ministro de Justicia”, manifestó.
Esa explicación surgió después de que los periodistas señalaran que los decretos se habían emitido con la fórmula “por orden del Presidente de la República”.
Al respecto, el ministro sostuvo que esa expresión corresponde a un mecanismo de delegación de facultades establecido en la legislación.
De ese modo, Rabat afirmó que Kast no conocía las resoluciones individuales, aunque no precisó si el jefe de Estado estaba al tanto del cambio de criterio jurídico adoptado por el Ministerio de Justicia.
Víctimas no recibieron notificación
La conversación también abordó la situación de las víctimas de los delitos sexuales, que no fueron informadas sobre las reducciones de pena otorgadas a sus agresores.
Ante las consultas, Rabat explicó que el procedimiento vigente no establece la obligación de notificar a las víctimas en estos casos.
“No está previsto en el sistema, no está previsto en el sistema”, señaló.
Ante los cuestionamientos sobre la aparente falta de sensibilidad hacia las víctimas, más allá de lo que exigen las normas y considerando la gravedad de los hechos, Rabat volvió a remitirse a los procedimientos que fija la ley.
“Tiene toda la razón”, admitió el ministro, aunque recalcó que son las comisiones especiales las encargadas de examinar los antecedentes de los condenados, y que el Ministerio de Justicia sólo comprueba el cumplimiento de los requisitos objetivos.
Por último, Rabat subrayó que el Ejecutivo respaldará las iniciativas parlamentarias para reformar la normativa y presentará un proyecto propio con el fin de evitar que se repitan casos similares.
De este modo, mientras el ministro admite haber modificado el criterio administrativo y prevé mantenerlo ante futuras solicitudes, la controversia deja en evidencia que el Presidente no estaba al tanto de los casos concretos y que las víctimas no fueron informadas de los beneficios concedidos.
