El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió la medida del Ministerio de Justicia de otorgar reducciones de pena a quienes han abusado o violado a menores, indicando que, aunque administraciones anteriores rechazaron solicitudes parecidas, el desenlace terminó siendo el mismo.
En la vocería de este viernes, le preguntaron a Arenas primero si existía una obligación moral de informar a las víctimas sobre la concesión de esas rebajas. El portavoz respondió explicando la decisión y subrayó que «se trata de un asunto mucho más amplio».
«Antes de contestar quisiera fijar un marco, porque la discusión ha sido intensa. Se han hecho comentarios muy duros y hay que precisar algunos puntos que no quiero dejar pasar. En primer lugar, atribuir al Gobierno la intención de favorecer a delincuentes que cometieron este tipo de delitos es una manipulación política de un asunto humano gravísimo», indicó.
«Evidentemente el Gobierno no aprueba estos decretos que reducen penas; hemos prometido mano dura contra la delincuencia y la protección de los menores, por lo que para nosotros es un tema esencial y doloroso», añadió.
«Si bien no nos agradan estos decretos, somos un Gobierno que respeta la ley y la Constitución; estos beneficios están previstos en la Ley 19.856 de 2003, aprobada en un gobierno de la Concertación, y el Ministerio de Justicia y su ministro no pueden sino acatar la norma», enfatizó.
Con ese planteamiento, y sin ahondar en por qué no se avisó a las víctimas, el vocero insistió en que las rebajas cuentan con respaldo legal y que, de haberse denegado, los favorecidos habrían acudido a los tribunales, donde igualmente se les habría concedido el beneficio.
«Si se analiza la ley, el artículo 2.º establece claramente que se trata de un derecho; por eso no puede ser rechazado por el Ministerio de Justicia, ya que al recurrirse al amparo y llegar a los tribunales, estos de manera consistente han determinado que debe concederse. Dicho esto, quiero afirmar que el Gobierno y el ministro Rabat actuaron conforme a la normativa legal», añadió.
Arenas compara decretos de las administraciones de Boric y Kast
A continuación, Arenas mostró, con dos documentos en mano, cómo un decreto del gobierno previo produjo el mismo efecto que uno de la actual administración: conceder la reducción de pena a una persona condenada por delitos de esa índole. Sin embargo, no aclaró si el decreto anterior se firmó después de un eventual rechazo y de acudir a la justicia.
«Quiero que vean esto: es un ejemplo de uno de los decretos que emitió el gobierno anterior, firmado por el ministro Jaime Gajardo; aquí se lee: ‘Otórguese el beneficio de reducción de condena correspondiente a’», comentó mientras mostraba un papel. Luego mostró otro documento con la misma redacción, pero suscrito por el actual ministro, Fernando Rabat.
«El desenlace fue idéntico tanto en el gobierno del presidente Gabriel Boric como en esta administración. Por consiguiente, en ambas situaciones se respetó la ley y la normativa vigente; no hubo arbitrariedades», concluyó.
«Dicho esto, creemos que es una norma que debe modificarse. Consideramos que lo sucedido abre una ventana para impulsar una reforma rápida que permita eliminar estos beneficios o regularlos de forma más adecuada. En ese marco, también se debe contemplar a las víctimas; por ello el gobierno presentará un proyecto de ley y respaldará las iniciativas anunciadas por parlamentarios. Queremos darles la urgencia necesaria. Por eso, además, el ministro Rabat, que forma parte de la solución, ha suspendido la tramitación de decretos (…)», advirtió.
«Los procedimientos siempre pueden mejorarse»
Arenas agregó que el Ministerio de Justicia dispone de los datos sobre las 56 rebajas de pena concedidas y cuántos de los favorecidos quedaron en libertad. No obstante, puntualizó que esos decretos ya están ‘ejecutoriados’, es decir, han agotado los trámites legales y por eso ‘una suspensión no procede’ en dichos casos.
Ante la consulta sobre si el presidente José Antonio Kast aprueba la actuación, Arenas dijo que ‘está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución y la ley, y también es muy consciente de que existe un problema grave en el ámbito legislativo, lo que nos da la oportunidad de resolverlo de forma definitiva’.
Añadió que la paralización de los decretos no representa un cambio de criterio del Ministerio de Justicia, afirmando que ‘no es un cambio de criterio, sino un intento y la convicción de reformar la ley’.
Consultado sobre si esto equivale a una autocrítica del Ejecutivo, señaló que ‘los procedimientos siempre pueden mejorarse. Creo que esto deja una enseñanza, una lección. Se pudieron tomar otras decisiones, pero el problema ya sucedió y ahora, más que buscar responsables o discutir lo que se pudo hacer distinto, lo que buscamos es una ley que perfeccione estos procesos y entregue una solución clara y rápida’.
Confianza en Rabat y posible acusación constitucional
Por último, al ser preguntado si el ministro Rabat tiene la confianza del Presidente frente a la posibilidad de una acusación constitucional, Arenas respondió: ‘El ministro Rabat tiene toda la confianza del Presidente de la República; esa confianza se basa en que ha actuado conforme a la ley y la Constitución, y además es proactivo para abordar los problemas políticos que ha generado esta situación, por lo que también será parte de la solución’.
‘Sobre la acusación constitucional, también fui parlamentario. Esa es una atribución del Congreso y, por tanto, están en su derecho de ejercerla, y nosotros, como Ejecutivo, prepararemos las defensas y argumentos necesarios para respaldar nuestra posición (…)’, concluyó.
